Prófugos, alcaldes veracruzanos sin fuero, acusados de homicidio

XALAPA, Ver., 22 de noviembre de 2015.- La doctrina jurídica concibe al fuero como aquella prerrogativa de los servidores públicos, contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos, presos o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea. En términos coloquiales, se entiende como un privilegio conferido a determinados servidores públicos.

En un hecho histórico, sólo en 2015, la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) ha solicitado el retiro de este privilegio a tres alcaldes y un diputado: Omar Cruz Reyes, presidente municipal de Medellín de Bravo; Roberto Pérez Moreno, de Coatepec, y Abundio Morales Rosas, edil de Ayahualulco (este no procedió) y recientemente Renato Tronco Gómez, diputado local.

Destacables son las razones por las que la FGE justificó su solicitud: están acusados de delitos graves: homicidio y abusos de autoridad.

Omar Cruz Bravo. Medellín de Bravo

 El 30 de enero de 2015, familiares del periodista Moisés Sánchez Cerezo dieron a conocer que, tras casi un mes de haber sido “levantado” en su casa, su cuerpo había sido hallado embolsado en un paraje de Manlio Fabio Altamirano. Tres de los supuestos implicados en su homicidio ya estaban tras las rejas desde el 25 de enero: El primero, Clemente Noé Rodríguez Martínez, agente policiaco adscrito al ayuntamiento de Medellín y escolta del presidente municipal, Omar Cruz Reyes, confesó su autoría en el homicidio del comunicador: el subdirector de la policía municipal, Martín López Meneses, “le había pedido asesinar a Moisés porque así lo ordenó el alcalde”.

El 11 de febrero, el edil, que siempre sostuvo su inocencia, solicitó una licencia por 59 días para separarse del cargo, argumentando que atendería asuntos legales y así no se entorpecerían las labores municipales. La síndica única, Betsabé Solís Neri, fue nombrada alcaldesa interina.

El 26 de marzo, el Congreso local aprueba su desafuero, sería el primero de las 4 peticiones que habría interpuesto la Fiscalía.

No obstante, el alcalde ya no había sido visto en Medellín. El hijo del periodista asesinado, Jorge Sánchez Ordoñez, aseveró que el tiempo de espera simplemente le habría dado una licencia al edil para escapar, pues aún faltaba girar la orden de aprehensión.

El 10 de abril, al vencer su licencia de alcalde, en el ayuntamiento ya se preparaba el nombramiento de la nueva cabeza municipal, pues Omar Cruz no aparecía y el palacio no podía quedar acéfalo. Un día después, el 11 de abril, tomaría protesta Luis Gerardo Pérez y Pérez, alcalde suplente.

En este punto, Medellín de Bravo se olvidaría de la existencia de un funcionario probablemente culpable de asesinato. La voz de Cruz Reyes -quien apenas en enero se había dicho dispuesto a cooperar con las investigaciones para dar con los homicidas del director del diario «La Unión»- la tendría su abogado defensor, Sergio Vaca Betancourt.

Desde el 18 de enero, le había «sugerido” no exhibirse “por mera precaución”. Hasta este 21 de noviembre, ni su abogado sabía su paradero, “y si lo supiera, no te lo diría”, dijo en entrevista reciente.

Inmediatamente después de que se aprobara su desafuero, había interpuesto un amparo que este 17 de noviembre ganó. Días antes Vaca Betancourt había advertido que si esto pasaba, el edil volvería a sus funciones en el ayuntamiento de Medellín.

El caso sigue abierto, su chofer y el agente de la policía, Martín López Meneses dejó las rejas el 4 de noviembre y enfrenta el proceso en libertad. El fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras nombró a Ricardo Carrillo Almeida como fiscal especial de dichas investigaciones argumentado que “hemos transitado por algunas resoluciones que desde luego nos alertan al deber de poner mayor énfasis de atención”.

“Un asunto se cae con una sentencia absolutoria y para eso falta mucho. Y si bien se consiguió un amparo por esa situación, nosotros vamos a ir al Tribunal Colegiado de Revisión para que tres honorables magistrados federales revisen el caso y consideren lo que les estoy diciendo».

De esta manera continua la batalla legal entre la Fiscalía General del Estado y la defensa de Omar Cruz Reyes, quienes afirman que en marzo Omar Cruz Reyes quedaría absuelto por el delito de homicidio.

Roberto Pérez Moreno “Juanelo”. Coatepec

El 25 de agosto de 2015, el tesorero del ayuntamiento de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera, quien había sido reportado como desaparecido desde el 22 de agosto, fue encontrado muerto en un paraje en los límites de los municipios de Coatepec y Jalcomulco, confirmó la en ese entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ).

El 27 de abril, luego de que los abogados del fallecido tesorero denunciaran que un hombre, de apodo “El Jairo” y Diego Hernández señalaran como autor intelectual del homicidio al propio alcalde del Pueblo Mágico, Roberto Pérez Moreno, mejor conocido como “Juanelo”. Éste se defendió asegurando que dichos sujetos habían recibido 50 mil pesos por acusarlo como culpable.

Ese mismo día, notificó al Congreso local la petición de licencia por 59 días para ausentarse del cargo, argumentado que su mamá sufría de una osteoporosis muy avanzada y debía encargarse de su atención médica.

Fue el síndico, Julio Hernández Ramírez, quien suplió su ausencia al frente del ayuntamiento por este lapso.

Hasta el 6 de junio, el fiscal general solicitó a la LXIII Legislatura iniciar juicio de procedencia (desafuero) contra «Juanelo» por su presunta autoría intelectual en el asesinato del ex tesorero. La presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Octavia Ortega Arteaga, recibió ocho tomos con la evidencia que analizarían los diputados.

El 22 de julio, el Congreso decide: el funcionario municipal debe dejar el cargo y enfrentar los cargos sin el privilegio de un fuero.

Inmediatamente después, el 24 de julio, Ricardo Palacios Torres rindió protesta como nuevo alcalde tras varias semanas se señalamientos ciudadanos de que no había quién atendiera a la población en el palacio municipal, pues ni el encargado, Julio Hernández, se hacía responsable de la cabecera.

En esas fechas, Coatepec enfrentaba un repunte en los hechos de inseguridad porque la Secretaría de Seguridad Pública pone a cargo de la seguridad del municipio a la Fuerza Civil.

Desde el 25 de junio, Pérez Moreno ya no vivía en el Pueblo Mágico. Así lo comprobó Quadratín Veracruz, que se dio a la tarea de visitar al munícipe, pero en su hogar, la empleada aseveró que la única persona que se encuentra en la casa es la madre de “Juanelo”, pero debido a su enfermedad, no bajaba de su habitación a atender visitas.

Poco se ha sabido del avance en las investigaciones, su abogado defensor Jorge Reyes Peralta, se ha limitado a declarar que el edil no se escondería ni huira, sino que acudiría ante la justicia, lo cual no ha hecho.

Además, dijo que preparaba su defensa pues el expediente de denuncia se conformaba de 4 mil 500 hojas. En su defensa ante el Congreso, previo al desafuero, no ofertó ninguna prueba de inocencia.

Abundio Morales Rosas. Ayahualulco

El 18 de septiembre, en la Sesión Permanente del Congreso local, se dio entrada a la solicitud de la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso de desafuero del alcalde de Ayahualulco, Abundio Morales Rosas, quien a decir del fiscal Luís Ángel Bravo Contreras, se acumularon varias denuncias por abusos de autoridad y por la privación ilegal de la libertad a menor de edad.

Incluso el documento alegaba que en repetidas ocasiones habitantes del municipio habían acudido a la Sede del Poder Legislativo para denunciar los abusos del edil. Incluso se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, aunque ésta no prosperó.

No obstante, el 12 de noviembre, con 17 votos en contra y 28 abstenciones, el Congreso determinó que no procedía la solicitud de desafuero contra el presidente municipal y el síndico José Guadalupe Flores Peña.

De acuerdo con el dictamen de los diputados integrantes de la Comisión Instructora, la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante resolución de fecha 29 de mayo de 2015, dictada dentro del recurso de queja radicado con número RQ 0-10/2015 de su propio índice, se determinó que era procedente ejercer la acción penal en contra de Abundio Morales Rosas por su probable participación en hechos delictivos tipificados como abuso de autoridad; y de igual forma en contra de José Guadalupe Flores Peña por su probable participación en actos delictivos tipificados como abuso de autoridad e incumplimiento.

Sin embargo, tras esta resolución de los legisladores, los servidores públicos municipales pueden continuar ejerciendo sus funciones conforme a los marcos que establece la Constitución Política del Estado.

Desde el inicio del proceso el presidente municipal tuvo el respaldo de los integrantes de la Organización de Antorcha Campesina, quienes en repetidas ocasiones se manifestaron para evitar que la acción penal procediera.

Cabe hacer mención que Abundio fue el único que se presentó ante el Congreso para “dar la cara de lo que se me acusa porque no tengo nada que ver con eso”.