Promete DDHPO llevar caso de indígenas mixes a la CIDH

CIUDAD IXTEPEC, Oax. 20 de mayo de 2014 (Quadratín).- Las 12 familias mixes que salieron de sus hogares por problemas  sociales y que actualmente viven en Santa María Guienagati, en la región del Istmo, tienen esperanza en la propuesta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) de llevar su caso a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Severino Sánchez, representante de estas 96 personas originarias de la comunidad de Los Valles, agencia de San Juan Mazatlán, informó que de acuerdo a la última reunión sostenida en la ciudad de Tehuantepec con el titular de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, éste se comprometió a turnar el caso a otras instancias como el citado organismo internacional.

“La promesa nos da muchas esperanzas, porque realmente apenas estamos sobreviviendo en Guienagati, no tenemos nada, ni tierras, ni casas, ni trabajo. Vivimos al día, con el apoyo solidario de la gente. Son dos años abandonados a nuestra suerte, por eso la promesa es una pequeña luz en el camino.”, argumentó.

La semana pasada los indígenas mixes pidieron la ayuda al Gobierno de Oaxaca y a la DDHPO para resolver el conflicto que los mantiene fuera de su comunidad desde el 12 de marzo del 2012.

En un principio Los Valles perteneció al municipio de Santa María Guienagati, pero un grupo de persona solicitaron segregarse por interese personales e integrarse a San Juan Mazatlán, 10 años después se dio el decreto a favor de San Juan Mazatlán el 10 de noviembre del 2010, pero al paso de dos años se dio el conflicto social, agrario y político.

Según el archivo de la DDHPO, la causa que desencadenó el desplazamiento se registró el 2 de marzo del 2012 cuando policías municipales de Los Valles, al mando del síndico municipal de San Juan Mazatlán, Cornelio Cirilo Epitafio, detuvieron supuestamente sin orden alguna y sin haber cometido una falta administrativa o delito a varias personas.

Aseguran que a los detenidos los amarraron de las manos y los sujetaron a unos palos que estabas en el patio de la agencia de policía, después los encarcelaron en San Juan Mazatlán desatando un conflicto de carácter social que derivó en la salida de las 96 persona que perdieron sus bienes y que actualmente se encuentran en una situación precaria económicamente.