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México, DF. 25 de octubre de 2012 (Quadratín).-El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, propuso una iniciativa para reformas diversas disposiciones constitucionales, para establecer que el Presidente de la República y la Cámara de Senadores elijan al Procurador General de la República a través de una convocatoria pública a las universidades del país, los colegios y barras de abogados, institutos de investigación jurídica, e integrantes de la carrera judicial.
A través de una reforma los artículos 76 fracción II; 78 fracción V; 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política, Robles Montoya refirió que para ocupar el cargo de Procurador se requiere, además, de los requisitos comunes: contar con estudios en materia de justicia o derechos humanos; ser académico de alguna institución de educación superior o pertenecer a algún colegio de abogados reconocidos en el país, entre otros.
Explicó que con el método propuesto dotaríamos de verdadera independencia funcional e institucional al área de procuración de justicia, ya que con la selección del Procurador no habría lugar a duda en la imparcialidad y libertad con que se designe a dicho funcionario.
En este procedimiento se harán exigibles estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, lo que abonará en el fortalecimiento de la institución y en el aumento en la confianza de los ciudadanos, opinó.
Benjamín Robles señaló que a partir de la convocatoria pública a las universidades del país, colegio y barras de abogados, la evaluación garantizará verdadera vocación y conocimiento en la procuración de justicia y disciplina en la carrera judicial.
El senador por Oaxaca explicó que la procuración de justicia es la institución fundamental del Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, sí funciona adecuadamente y cuenta con instrumentos y capacidades legales, le obsequia a la sociedad convivir pacíficamente y disfrutar de una verdadera seguridad jurídica.
Dijo que una de las principales obligaciones del gobierno consiste en respetar y hacer valer el Estado de Derecho, construir una autoridad encargada de la procuración de justicia que afronte eficaz, oportuna y de manera autónoma la investigación de los delitos, sin impunidad ni corrupción de por medio.
Sostuvo que la propuesta de ciudadanizar la elección del titular de la PGR garantizaría objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo, por ello resulta imperante que la procuración de justicia recaiga en un científico del derecho que plasme la teoría y la investigación a la práctica eficaz y eficiente.
Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.