Rechaza Congreso reforma al Artículo 24

Oaxaca, Oax. 13 de junio 2012 (Quadratín).- Alejandro López Jarquín, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en su oportunidad de exponer los argumentos que propiciaron el dictamen de la comisión permanente de estudios constitucionales expresó a nombre de la bancada perredista que los principios Juaristas tienen que defenderse.
Lo anterior al hacer uso de la palabra para exponer el razonamiento de los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales dijo, “antes de plantear los argumentos de la dictaminadora, quiero hacer un llamado a la madurez política de los integrantes de este Congreso, las definiciones políticas implican apasionamiento en el debate y sin duda que ello se justifica cuando se tocan posiciones históricas del pensamiento político mexicano”.
No obstante, pidió tener prudencia y el acierto de usar razones antes que injurias; y argumentos antes que simples descalificaciones, en el contexto del proceso electoral, que de por si genera tensiones a la actividad legislativa, debemos actuar con serenidad y genuino espíritu democrático escuchando, razonando con energía y finalmente decidiendo conforme al procedimiento que marca la ley.
Entrando al contenido de los dictámenes quiero decir que ante todo me reivindico juarista. Estoy convencido, junto con los integrantes de la dictaminadora, de los principios que le dieron estabilidad y rumbo al desarrollo de nuestro país desde 1857 y ello incluye la separación de la actividad del Estado de la actividad de las iglesias.
Como bien señaló Juárez, es irreprochable que cada uno de los individuos de este Poder Legislativo sostenga sus creencias y que las desarrolle en su vida privada. Pero debemos discernir la conducta en el ámbito estrictamente personal y las responsabilidades propias del ámbito público.
Así, se incluye el principio de laicidad entre las características que definen a la República Mexicana, con la finalidad de garantizar la libertad de cada individuo para profesar las convicciones o ideas religiosas que anhele; además establece que estos parámetros no medirán la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos.
En la dictaminadora nos queda claro que ser laico no es ser antirreligioso. Es un método de convivencia de todas las filosofías e ideologías posibles, donde lo principal es no pretender poseer, desde el Estado, la verdad sobre los demás en cuanto a las creencias personales.
El texto vigente del artículo 24 señala: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. “por lo que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, ya que los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.
El texto de la reforma propuesta establece: Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado.
Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley, “entendiendo esto, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna”.
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.
Lo primero que debe decirse y aclararse es que la libertad de creencias ya estaba prevista en la Constitución, por lo que esa supuesta ventaja o innovación no existe.
Con la nueva redacción se avanza en la idea de las objeciones de conciencia en las que, por ejemplo, los médicos podrían rehusarse a determinadas investigaciones o prácticas, que siendo necesarias y legales, pueden ser distintas a las de sus criterios religiosos o de conciencia.
El problema es que lo anterior puede afectar derechos a terceros, como podría darse el caso en la prestación de servicios médicos, tareas de investigación científica o incluso de servicio militar. De manera que no es una propuesta adecuada para el interés general de la sociedad.
Por otra parte, establecer la participación en el ámbito público de las creencias es peligroso para el desarrollo de las instituciones públicas, en las que se debe garantizar el derecho incluso de quienes no profesan ninguna fe o profesan una que no es la mayoritaria.
Las ceremonias religiosas deben ser por lo general en los templos y sólo de forma extraordinaria y con autorización en los espacios públicos; pero si se aprueba la reforma dicha autorización ya no será necesaria y se dará entrada a manifestaciones o expresiones religiosas públicas en escuelas, universidades e incluso en el ejército, pues se podrá argumentar que en todos esos casos las personas están haciendo uso de su creencia religiosa.
Los símbolos y actos de una u otra fe ya no sólo guiarán la conciencia de aquellos que la profesen, sino que podrán estar presentes en ceremonias públicas o como parte de la actividad de los funcionarios.
Por esas razones se consideró que para evitar distorsiones, lo mejor es mantener el texto del artículo 24 en los términos que tiene en la actualidad.
Lo anterior permitirá mantener y reforzar el marco de convivencia de las formas de pensamiento y convicciones religiosas de cada individuo y se preservará el ámbito de lo público como un espacio distinto al del mundo religioso.