Reconocen Diputados logros en PGJE, exigen erradicar impunidad

JALPAN, Oax. 14 de enero de 2014 (Quadratín).- Integrantes de la LXII Legislatura del Estado, durante la comparecencia este martes del procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, reconocieron los logros en materia de impartición de justicia, pero consideraron que la impunidad y la corrupción deben ser erradicadas de esa dependencia.

Diputados y diputadas manifestaron al Abogado General del Estado su compromiso para coadyuvar y lograr una procuración de justicia eficaz, expedita y de vanguardia, que dé certeza a la sociedad oaxaqueña.

Ante el pleno del Congreso, reunido en sesión extraordinaria de comparecencia efectuada este martes de 12:50 horas a las 15:50 horas, Carrillo Ruiz dio respuesta puntual a los cuestionamientos, especialmente los relacionados con delitos de alto impacto, aunque debido a la secrecía pidió a los diputados reunirse posteriormente, eb privado, para informarles al respecto.

En la primera ronda de preguntas y respuestas, la diputada Edith Yolanda  López Velasco, del PRI, dijo que en materia de procuración de justicia no debe haber colores partidistas que impidan que la ley se cumpla sin excepciones, preferencias y sin demoras.

“Debe garantizarse la paz en Oaxaca, apostando a la prevención del delito, reconstrucción del tejido social, justicia penal eficaz, con la profesionalización, capacitación, sensibilización y cumplimiento de las obligaciones éticas que deben observar los agentes del Ministerio Público, fiscales y cuerpos de policías”, sostuvo.}

La Legisladora priista pidió dar a conocer las acciones eficaces que implementa la PGJE para ejercer acción penal en contra de los autores de feminicidios, porque Oaxaca se encuentra dentro de las nueve entidades con el mayor número de asesinatos de mujeres.

Refirió que sólo en 2013 aumentaron a 84 los casos, que se suman a los 236 registrados del 2010 al 2012, cuando sólo el 25 por ciento fueron consignados frente a un órgano jurisdiccional penal.

Por su parte, la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del PRD, manifestó su preocupación por que la entidad continúa manteniendo cifras muy altas relacionadas con delitos contra la mujer por razón de género, y que quedan sin perseguirse y aplicar el castigo correspondiente.

Planteó: ¿Por qué no se ha implementado hasta ahora un combate frontal contra el robo en el transporte público colectivo, y cuál es la estrategia de comunicación y acercamiento de la PGJE hacia la ciudadanía para promover la cultura de la denuncia?

Luego, la legisladora Leslie Jiménez Valencia, del PAN, dijo que el tema fundamental más importante en México es la inseguridad y la procuración de justicia; además, la impunidad es el sello característico en ésta, aunado a la corrupción.

Señaló que hay grandes temas pendientes como los asesinatos de líderes sociales, considerados como delitos de alto impacto, por lo que es importante su esclarecimiento para que los responsables respondan ante la ley.

“Sólo así los oaxaqueños recuperarán la confianza en las instituciones de procuración de justicia”, dijo la Legisladora panista y pidió a Carrillo Ruiz informar qué ha hecho para abatir la  inseguridad, corrupción  y obtener mejores resultados en la justa aplicación de la justicia.

En su oportunidad, el legislador Rafael Armando Arellanes Caballero, del PT, se refirió al asesinato del dirigente del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), Arturo Pimentel Salas, cometido en agosto de 2013, y dijo que aún no hay datos acerca de los autores intelectuales y materiales del crimen que no puede quedar impune.

Señaló que el porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en relación con las consignadas es del 10 por ciento, y exhortó al titular de la PGJE a que no sea sólo un informe el que rindió hoy, sino que proponga cómo mejorar el sistema de impartición de justicia que permita que en Oaxaca haya mayor certeza de que se aplica sin distingos.

En tanto, el diputado Santiago García Sandoval, del Partido Unidad Popular (PUP), pidió al representante legal del Estado esclarecer los hechos de alto impacto registrados en la entidad.

Se refirió a la detención y desaparición de los guerrilleros del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 27 de mayo de 2007; al asesinato de Catarino Torres Pereda,  secretario general del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), el 22 de octubre de 2010.

Igualmente, al crimen de Heriberto Pazos Ortiz, fundador del PUP y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el 23 de octubre de 2010; la desaparición el 14 de marzo de 2011 de Carlos René Román Salazar, integrante del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección 22 del SNTE (CEDES 22), el 21 de agosto de 2012, así como al atentado contra Juan Domingo Pérez, otro líder del MULT, ocurrido el 21 de agosto de 2012.

También a la desaparición de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, en 2007, y a finales de 2013 a la de su hermana  Belem, joven triqui de 19 años de edad, de quien nada se sabe hasta la fecha.

El diputado García Sandoval consideró que estos hechos se deben a la falta de seguridad y son crímenes de lesa humanidad, por lo que el Gobierno debe responder a las familias y organizaciones sociales por tales hechos, porque no se puede permitir la impunidad.

“Es necesario eliminar también la impunidad y los abusos de autoridad de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), porque corrompen el Estado de Derecho”, demandó.

En su oportunidad, el legislador Jefté Méndez Hernández, del Partido Nueva Alianza (Panal),  señaló que  la justicia no sólo es la aplicación de la ley, y los funcionarios y las instituciones no deben ser rebasados por la misma.

Reconoció que es un orgullo saber que Oaxaca –como lo informó Carrillo Ruiz– es uno de los estados más seguros del país, pero los datos contrastan.

Mencionó que falta profesionalización en los agentes del Ministerio Público y pidió que el titular de la PGJE  dar a conocer avances de las investigaciones de los asesinatos de cinco transportistas cometidos en San Pedro Totolapan, en junio del año pasado.

En tanto, el legislador Manuel Pérez Morales, del Partido Social Demócrata (PSD), dijo que preocupa que no se esclarezcan aún  los  crímenes de líderes sociales, y se refirió a lo que llamó “gran corrupción  en la PGJE debido a la venta de plazas, las complicidades  y el nepotismo”. Además,  demandó a Carrillo Ruiz investigar qué es lo que está ocurriendo.

35 BANDAS DE DELINCUENTES MENOS, PERO NO SE PUEDEN ECHAR LAS CAMPANAS A VUELO

El titular de la PGJE, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, dio respuesta a los primeros cuestionamientos de los legisladores y dijo que en tres años se han desmantelado 35  bandas de delincuentes, pero aclaró que “no se pueden echar las campanas a vuelo”.

En relación con los delitos de “alto impacto”, dijo que han habido avances importantes; por ejemplo, en 2011 hubo arriba 600  homicidios, 1 mil 900 vehículos robados y 60 secuestros, cifras que comenzaron a disminuir entre 2012 y 2013.

Reconoció que en Pinotepa Nacional, Tuxtepec y Juchitán de Zaragoza se vive una desintegración muy fuerte, porque son zonas consideradas las más violentas del Estado.

Señalo que “los índices permean en la sociedad, porque rebasan a la clase política y empresarial, porque ya les atribuyen conductas de protección a esos grupos”.

Carrillo Ruiz afirmó: “me dejaron una Procuraduría con dientes y andamiaje jurídico muy bueno para poder enfrentar los delitos de alto impacto”.

Aclaró también que “no hay un patrón de conducta en los asesinatos de los líderes sociales”, en tanto que las investigaciones presentan avances muy considerables, pues hay identidad y fotografías.

Pidió comprensión por la secrecía de la información y ofreció a los Legisladores proporcionarles detalles “en corto”.

Citó el caso de Gustavo Pacheco, expresidente municipal de Tuxtepec, que a más de dos años de su asesinato hay un 98 por ciento de avances en la investigación y el hecho no tuvo relación con cuestiones políticas.

En el asunto de Catarino Torres Pereda, indicó que en 15 días habrá una orden de aprehensión de un segundo sujeto que llegó a ejecutarlo.

Sobre los crímenes de cinco transportistas de San Pedro Totolapam, dijo que la indagación está  bastante avanzada, y reveló que ahora quien opera en la zona son mujeres.

En el atentado de Juan Domingo Pérez, informó que una persona está en proceso penal con auto de formal prisión y hay órdenes de aprehensión de las personas que orquestaron su muerte.

Respecto a la ejecución del reportero Alberto López Bello y su compañero, ocurridos en julio de 2013, el titular de la PGJE dio a conocer que hay un avance del 99 por ciento, y reiteró que “el hecho no tuvo relación con su actividad periodística, sino con otras cuestiones totalmente distintas”.

Carrillo Ruiz pidió a los legisladores “una reunión en corto” para darles a conocer la información correspondiente a cada uno de los casos, así como el móvil de los mismos.

En el caso del dirigente perredista Nicolás Estrada Merino, manifestó que la indagatoria tiene un 60 por ciento de avance y se trata de una cuestión “personalísima”, mientras que en el asesinato del diputado perredista Everardo Hugo Hernández Guzmán, en septiembre del año pasado, “hay identidad de los criminales y las líneas que se cruzan”.

En cuanto a una de las bandas de delincuentes que operaban en el centro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y que provocó diez asesinatos, dijo que en breve se ejecutará una orden de aprehensión más.

Precisó que en el tema del reportero López Bello, la PGJE ha creado una Agencia de Ministerio Público que estará a cargo de la Fiscalía de Trascendencia Social, para mostrar los avances y una investigación, clara, objetiva y sensible al tema de los periodistas.

Indicó que hay coordinación con la PGR, que apoyará en algunas pruebas que sustentarán las consignaciones que en breve se realizarán.

FALTA DINERO PARA INVESTIGAR Y ACLARAR FEMINICIDIOS

En los casos de feminicidios registrados en la entidad, Carrillo Ruiz dijo que algunos se han tratado de resolver con una investigación clara, efectiva y eficaz, pero ello sale caro y no hay  presupuesto asignado a la PGJE para este tema, por lo que pidió el apoyo del Congreso del Estado.

Apuntó que de 23 mil averiguaciones previas no todas son delitos, y muchas son problemas familiares o entre vecinos. Además, aclaró que sólo 18 policías han sido despedidos, porque no aprobaron el examen de control de confianza, pero hay elementos rescatables.

MÁS CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN

En la réplica intervino la diputada priista Edith Yolanda López Velasco, quien reiteró que no debe permitirse la  impunidad y se pronunció por instaurar en Oaxaca una policía cibernética, aunque el Procurador de Justicia respondió que necesita del apoyo de los legisladores para tener mayor presupuesto, porque ésta sale muy cara.

A su vez, el legislador Santiago García Sandoval, del PUP, insistió en que se investigue y esclarezca el crimen del líder histórico del MULT y PUP, Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido el 23 de octubre de 2010.

Por su parte, el diputado Jefté Méndez Hernández, del Panal, se pronunció porque se aclare el homicidio de quien fuera presidente municipal electo de San Pedro Totolapan, Epigmenio Rafael Aragón, cometido en diciembre del año pasado.

Mientras, el diputado Pérez Morales, del PSD, planteó al Procurador ¿qué va hacer con los  corruptos agentes del Ministerio Público que dejan pasar el tiempo para que no se ejecute acción penal?

Luego, en una segunda ronda de preguntas y respuestas intervino el  diputado panista Gerardo García Henestroza, quien consideró el tema de procuración de justicia como “un área sensible de la ciudadanía”.

No aplaudió ni denostó el trabajo del titular de la PGJE, e hizo un llamado urgente a los partidos políticos y diputados para definir una agenda legislativa en materia de prevención de justicia.

Exhortó al Procurador General de Justicia a remitir a la LXII Legislatura del Estado la iniciativa de reforma que fortalezca la procuración de justicia y coloque a Oaxaca a la vanguardia de la misma.

Dijo que es necesario adecuar el marco legal en ese sentido y, por ello, la fracción parlamentaria del PAN en la LXII Legislatura empezará a promover una reforma, adición y adecuación para la promoción de la justicia y de la Ley de Tránsito.

García Henestroza propuso, además, iniciar la capacitación de los presidentes municipales que son objeto de extorsiones para “blindarlos del efecto cucaracha”.

El diputado Jaime Bolaños Cacho Guzmán, del PRD, consideró que  la tarea de la PGJE es reivindicar entre la ciudadanía la confianza en la impartición de justicia y, en este sentido, la función del Congreso del Estado es aportar ideas, sugerencias y reflexiones en el tema, e hizo un exhorto para digitalizar la información acerca de cómo prevenir el delito.

En su oportunidad, el legislador priista Carlos Alberto Ramos Aragón señaló que la sociedad reclama que los agentes del Ministerio Público atiendan con prontitud  los requerimientos de justicia.

Reconoció que en la PGJE hay deficiencias, pero también avances y asignaturas pendientes, porque entre el 60 por ciento de la población existe la percepción de inseguridad.

Expresó que es necesario adecuar el marco jurídico para mejorar el desempeño de los órganos de impartición de justicia, para que sean más eficaces, y aseguró que el PRI como oposición no obstruirá jamás el desempeño de la actual administración gubernamental.

CONFIANZA EN CARRILLO RUIZ PARA QUE HAGA BIEN SU TRABAJO

Y en entrevista, al término de la sesión extraordinaria de comparecencia, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Alejandro Avilés Álvarez, resaltó que los integrantes de la LXII Legislatura depositan su confianza en el titular de la PGJE para que haga bien su trabajo.

Señaló que todo tipo de crímenes tienen que esclarecerse, aunque hay algunos que no son políticos, y consideró que éstos son reflejo de la inseguridad que se vive en algunas regiones de la entidad.

DE LA EXTORSIÓN REAL A LA VIRTUAL

Por su parte, el titular de la PGR, en una segunda ronda de respuestas, indicó que en breve presentará una iniciativa de ley para separar la extorsión real de la virtual, porque la simulada sale de reclusorios o de lugares del norte del país.

Se pronunció por apoyar el tema de la geolocalización de celulares, porque ello representaría un avance del 70 por ciento en investigación de personas víctimas de delito.

Dijo que hay una ley pendiente de lavado de dinero que contempla la creación de una policía cibernética y Oaxaca lo requiere, por lo que solicitó el apoyo del Congreso del Estado para que destinen mayores recursos presupuestales con ese propósito.