Seis años de impunidad: no hay #JusticiaParaSol
El 30 de mayo se cumplieron 25 años del asesinato cometido por José Antonio Zorrilla quien, según sentencia firme, fue autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía. En memoria de su gran trabajo como periodista y en función de la legalidad, no debemos permitir que se consolide la libertad anticipada que beneficia al ex director federal de seguridad, casi diez años antes de cumplir su sentencia.
Zorrilla fue dejado en libertad el 18 de febrero a través de una resolución que sustituyó a la que en octubre anterior ratificó la hasta entonces invariable negativa a las peticiones del ex jefe de la policía política mexicana para salir libre antes de completar la reclusión a que estaba condenado. En diciembre, un juez federal (en sentencia confirmada por un tribunal de circuito) amparó a Zorrilla para que se fundara y motivara la negativa y se emitiera una nueva resolución que podía ser en el mismo sentido o en otro. La sentencia judicial no ordenó la libertad de Zorrilla. Y sin embargo, como si así hubiera ocurrido, el secretario de gobierno del Distrito Federal instruyó al director ejecutivo de sanciones penales, José Manuel Casaopriego Valenzuela, para liberar a Zorrilla. A la postre, el secretario no firmó la resolución correspondiente. Lo hizo por ausencia de la autoridad responsable, el propio Casaopriego, que de ese modo es al mismo tiempo destinatario y firmante de la resolución que por este medio denunciamos.
La libertad de Zorrilla debe ser revocada. Ordenó el asesinato de Buendía desde un elevado cargo gubernamental, por lo que puede ser considerado un crimen de estado. No debió ser aliviada su pena. El modo en que eso ocurrió amerita una investigación administrativa y penal que demandamos realice el gobierno del Distrito Federal. Si de ella deriva, como suponemos, una grave irregularidad, amén de las sanciones que correspondan, debe declararse inválida la resolución que dejó libre a Zorrilla. La misma conclusión debe resultar si se incumplen las condiciones a que debe sujetarse quien recibe ese beneficio.
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