Se constituye la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social

Oaxaca, Oax. 9 de marzo 2011 (Quadratín).- Para ratificar el compromiso adquirido el 1 de diciembre, el Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, firmó el decreto por el cual se crea la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social e integró una comisión ciudadana que se encargará de vigilar y acompañar las acciones de este órgano dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Ante el titular de la Fiscalía, el abogado Guadalupe Lucas López Figueroa Robledo, el procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, la comisionada para los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas, el coordinador de Asesores, Víctor Raúl Vásquez y de los integrantes de la Comisión, el mandatario reiteró su voluntad para esclarecer los hechos de alto impacto sucedidos en los años recientes.
Recordó que como primer acto de gobierno, asumió la demanda social de procurar el esclarecimiento de todos aquellos hechos, presumiblemente constitutivos de delito, que por la trascendencia y conmoción social que causaron, vulneraron el entramado social y afectaron directamente a ciudadanos y sus familias.
De acuerdo con el decreto de Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social está investida con la potestad funcional de agente del Ministerio Público, la cual se encargará de conocer de las investigaciones, integrar averiguaciones previas y/o legajos de investigación, según corresponda, ejercitar la acción penal correspondiente, e intervenir durante la secuela del proceso”.
Se deben clarificar estos hechos, definió el gobernador del estado, “ya que nada hiere más a un país que el sentimiento colectivo de injusticia porque afecta lo más valioso con que cuenta una nación: la moral de su pueblo”.
“Los casos que atenderá la Fiscalía son respecto a hechos que han trastocado el tejido social, que han dejado abierta una herida. Esta herida la tenemos que sanar como parte de este proceso, pues ha habido mucha información con relación a reportes, recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. Es información de vital importancia para contextualizar lo que vamos a atender en esta Fiscalía y el trabajo de esta Comisión Ciudadana”, puntualizó.
Enfatizó que en los años recientes se ha agraviado a la ciudadanía y debilitado como sociedad, por lo que era necesario crear un espacio, que contara con un fiscal que tenga la capacidad de investigación y conforme un equipo que desarrolle su trabajo responsable, eficaz y apegado a la legalidad.
Hay un amplio consenso social para buscar la verdad histórica que permita deslindar las responsabilidades y “sancionar conforme a derecho a los responsables y esto “permitirá sanar las heridas, dar paso a una reconciliación que abone a la justicia y fortalezcas las instituciones de seguridad pública y de procuración y administración de justicia”, reza el documento.
Vamos a concretarnos, explicó, a delitos de homicidio, desapariciones y eventuales torturas que se han venido denunciando en los últimos años y que obviamente para nosotros es de la mayor importancia tomarlos con la mayor seriedad.
Gabino Cué ratificó su compromiso para dotar de todos los recursos necesarios para que la fiscalía, “tenga la garantía y la confianza de que nosotros queremos dar resultados, tenemos que generar mucha confianza a la sociedad para que todos aporten lo que puedan aportar para llegar a la verdad”.
Aclaró que esto no responde a una acción política o demagógica, pues es convicción de este nuevo gobierno llegar la verdad y que haya justicia.
No venimos, manifestó, con el ánimo de revancha pero formamos parte de un gobierno democrático y en la democracia el valor de la verdad es muy importante y sobre todo la justicia.
En tanto, el procurador Manuel de Jesús López López, explicó que la fiscalía buscará conocer la verdad histórica, sobre hecho de violencia cometidos en 2006 y los que se han cometido contra ciudadanas y ciudadanos en el ámbito social para dar con los responsables.
“Esta labor de la Fiscalía comprende no sólo es investigación, sino que su trabajo se vea reflejado ante la sociedad, compromiso de esta actual administración, de poder avanzando en el ámbito de la procuración de justicia”, precisó.
En su oportunidad, el fiscal Guadalupe Lucas Figueroa López Robledo, sostuvo que con este organismo, el gobernador da respuesta a los compromisos adquiridos durante la campaña y que reiteró al tomar protesta el primero de diciembre.
Comentó que hay 412 casos de averiguaciones previas, relacionados con delitos de trascendencia social, las cuales analizarán y se les dará seguimiento y en ese marco se comprometió a dar resultados a corto plazo, porque la sociedad demanda una respuesta inmediata.
La Comisión Ciudadana está conformada por oaxaqueños de reconcoida solvencia moral y experiencia en la rama jurídica o en la promoción y en la defensa de los derechos humanos, quienes conocerán el avance y contenido de las investigaciones.
Esta comisión está integrada por la doctora Margarita Dalton Palomo, directora la Unidad Pacífico Sur del Ciesas; el director de las Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oscar Jarquín Rodríguez; el notario público Alfredo Castillo Colmenares, el empresario Emilio Velásquez y la doctora María Luisa Acevedo Conde.
En su oportunidad, Dalton Palomo dijo que es un primer paso constituir esta fiscalía y el segundo paso es resarcir las heridas y los sufrimientos de la población de Oaxaca.
Reconoció la voluntad política del gobernador de ir al fondo a esta demanda social, pues es muestra de que realmente se quiere cambiar y transitar hacia un régimen democrático.
De acuerdo con el decreto, la Fiscalía ésta contará con el auxilio de un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en las materias médico-legal, psicología, trabajo social, justicia restaurativa, quienes proporcionarán atención especializada a las víctimas del delito, garantizará así el derecho constitucional previsto por el apartado C del Artículo 20 de la Constitución Federal.
Entre otras, el gobierno dotará a la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los fondos suficientes que permitan garantizar una indemnización satisfactoria a las víctimas del delito por el daño, cuando se acredite la existencia de éste y que resultó como consecuencia de los hechos delictivos documentados.