Se niega Gobierno de Oaxaca a pagar 17 mdp a particulares

OAXACA, Oax. 7 de enero de 2014 (Quadratín).- El gobierno de Oaxaca se niega a cubrir un adeudo por 17 millones de pesos y devolver un terreno propiedad de particulares que ha utilizado sin pagar.

En conferencia de prensa, María Amparo Ruiz Solana explicó que hay una sentencia de los tribunales que mandata al Gobierno de Gabino Cué cubrir la cantidad de 17 millones de pesos por el uso de su terreno durante tres años.

Además, ordena la devolución del espacio de 14 mil metros cuadrados, utilizado como estacionamiento del complejo de Ciudad Administrativa.

La familia Ruiz Solana acusó al secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, de negar el recurso para cubrir este adeudo y de no devolver el inmueble requerido judicialmente.

La sentencia fue emitida a principios de 2013 y no ha sido cumplida por los representantes del gobierno de Oaxaca, Víctor Hugo Alejo Torres y Alberto Vargas.

“Están obligados a entregar la propiedad y realizar un pago por 17 millones 302 mil 560 pesos por los compromisos asumidos”, expresó.

En los antecedentes presentados, señaló que desde el 2010 se efectuó un contrato  a través del consejero jurídico, Víctor Hugo Alejo para la renta de este espacio localizado en Tlalixtac de Cabrera frente a Ciudad Administrativa.

Los pagos mensuales serían de 400 mil pesos más IVA desde el momento de utilizar este espacio, pago que no se cumplió en ningún momento.

El representante legal Javier Cruz dijo que promovieron un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, órgano que emitió una resolución violatoria de derechos civiles y penales.

Después recurrieron al Tribunal Federal para lograr el pago del predio que fue usado para estacionamiento entre otros usos contemplados en el contrato.

La sentencia del tribunal federal corresponde a la obligación al Gobierno del Estado de entregar la propiedad y realizar el pago correspondiente.

Argumentaron que por este hecho existe una violación a los derechos humanos, civiles y penales.

Exigieron que el representante legal cumpla con los términos de la disposición del juez en la materia.