Buenas tardes. Agradezco su presencia.
Oaxaca, Oax., 16 de octubre de 2011 (Quadratín).- Hoy quise reunirme con ustedes para dos asuntos centrales. El primero es la exigencia de que se cumpla la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que documenta la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y exige al secretario de Gobernación, en representación del gobierno federal; al gobernador del estado de Oaxaca y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, entre otros puntos, los siguientes:
• La inmediata presentación con vida de los agraviados.
• Informar a la CNDH la suerte final que corrieron ambas personas.
• Asumir la responsabilidad que les corresponde y reparar el daño causado a los agraviados, lo que se deberá hacer extensible a sus familiares en el caso de que ellos ya no se encuentren con vida.
• Evaluar en forma periódica el perfil de personalidad y los conocimientos en materia de derechos humanos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo cual permitirá identificar, en su caso, a los servidores públicos que coloquen en grave riesgo a la sociedad.
Es dice la recomendación.
Sobre este caso, la CNDH advierte que el Estado dejó de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos.
Hoy, a seis meses de que el gobernador Gabino Cué decidió aceptar la recomendación dirigida a su antecesor, me parece buen momento para cuestionarnos cuál es el avance en su cumplimiento. ¿Dónde están Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez? ¿Quiénes son los responsables de su desaparición? ¿Cuáles son los servidores públicos que colocan en grave riesgo a la sociedad?
El segundo asunto del que quiero platicar con ustedes es la invitación del Espacio Ciudadano por la Verdad y Justicia en Oaxaca para sumarme a su iniciativa para la creación de una comisión de la verdad.
Como ustedes saben, en junio pasado presenté a la Cámara de Diputados una iniciativa en ese sentido, para crear un organismo público autónomo dedicado a investigar la verdad histórica sobre los crímenes sociales y políticos cometidos por diversos agentes gubernamentales en la represión al movimiento social entre 2006 y 2007.
La presentación de esta iniciativa obedeció a mi convicción de que es necesario conocer la realidad histórica sobre la guerra que vivimos en Oaxaca; que la memoria colectiva debe deslindar las responsabilidades sobre lo ocurrido; que necesitamos saber quiénes son los responsables y quiénes las víctimas; saber con certeza exactamente cuántas personas fueron agraviadas, de qué manera y por quiénes. No en afán de venganza, sino de abonar con la justicia a la reconstrucción del tejido social.
Así, consideramos necesaria la creación de una instancia ciudadanizada que responda a la sociedad quiénes son los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos de decenas de ciudadanos oaxaqueños; quiénes y por órdenes de quiénes integraron y comandaron las caravanas de la muerte; quiénes son los responsables de la tortura de decenas de hombres y mujeres; dónde están Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos en el contexto del movimiento social de esos años, y quiénes son los responsables de su desaparición; dónde están los responsables materiales e intelectuales de las agresiones del 16 de julio del año 2007 en el Fortín.
Porque la imagen del tirano, del asesino sonriente que saluda mientras pasea libre por las calles de Oaxaca, sin haber sido juzgado, de ninguna manera abona a la reconciliación.
Al presentar mi iniciativa propuse también que en comisiones ésta fuese analizada con la sociedad civil; llamar a quienes vivieron la represión del gobierno ulisista, y también a quienes han participado en los procesos de recuperación de la memoria histórica tras las dictaduras o las guerras internas de Argentina, Brasil, Chile y Guatemala, por ejemplo; a quienes han investigado el 68 y el 71 en México.
Esto, es obvio, no fue suficiente para las organizaciones que se integraron en el Espacio Ciudadano por la Verdad y Justicia en Oaxaca, que ahora me solicitan sumarme a la propuesta elaborada por ellas, porque consideran que esta sí es la que necesita la memoria colectiva de Oaxaca.
En la lista de organizaciones que participan en dicho espacio encuentro a compañeras y compañeros de lucha, a quienes, hombro con hombro resistimos los embates gubernamentales en espacios como este, donde también juntos nos hemos reunido con ustedes, que nos brindaron su cobertura en los peores momentos de la represión. Entre las y los participantes de ese espacio hay gente a la que respeto, quiero y admiro profundamente; entre las personas que hacen la solicitud puedo reconocer claramente a algunas y algunos héroes; no necesito decir quiénes; ustedes los conocen.
Me parece necesario superar las diferencias entre compañeros de lucha que perseguimos los mismos objetivos. Las diferencias, muchas veces de matices, entre quienes participamos en el movimiento social no harán sino retrasar el acceso a la verdad histórica y a la articulación de la memoria colectiva, entorpeciendo así el arribo de la justicia. Juntos, en cambio, podremos plantar semillas de cambio.
En función de ello, les informo, quiero informarles que en los próximos días solicitaré a las comisiones de Atención a Movimientos Sociales, Derechos Humanos y Estudios Constitucionales del Congreso del Estado que retire de la discusión mi propuesta para una comisión de la verdad, con el fin de no entorpecer el abordaje de la iniciativa que presentará el Espacio Ciudadano por la Verdad y Justicia, a la que me sumo desde ahora, es decir, me sumo a la iniciativa de la sociedad civil, y la que defenderé como propia en la Cámara de Diputados.
Espero que con ello podamos aportar de manera conjunta a la construcción de una nueva sociedad.
Estoy a sus órdenes.