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Fundamental fortalecer el civismo y la convivencia pacífica: Segob
Oaxaca, Oax., 1 de marzo de 2012 (Quadratín).-Al hablar sobre la reforma federal en materia de derechos humanos, aprobada en junio del año pasado y el impacto que ha causado en las actividades de los impartidores de justicia, el magistrado Fernando Enrique Méndez Ortega, integrante de la tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, indicó que magistrados y jueces deben proteger y garantizar los derechos fundamentales conforme lo establece la Constitución y los tratados internaciones que México ha suscrito.
En estos términos, señaló que el tema de los derechos humanos en la actividad jurisdiccional constituye garantías jurídicas y procesales necesarias para salvaguardar los derechos de los ciudadanos que cometen algún ilícito, es decir, protege la correcta aplicación y vigencia del proceso judicial, tales como, el derecho a un juicio público, a una asistencia jurídica gratuita, independencia e imparcialidad de los jueces, entre otros.
Méndez Ortega expresó que los funcionarios judiciales deben tener presente la dignidad de los procesados para no menoscabar sus derechos humanos, dándoles así, la protección más amplia.
Mencionó que en el caso concreto de Oaxaca, la reforma constitucional local, que señala la creación de la Sala Constitucional, es congruente con la reforma federal pues opera como órgano de consulta, ya que entre sus funciones está la de conocer las peticiones formuladas por los jueces del Estado, cuando tengan duda de la constitucionalidad o la aplicación de una ley local en el proceso.
Asimismo, detalló que esta reforma local da facultades al Tribunal Superior de Justicia para fundamentar el juicio para la protección de los derechos humanos, por incumplimiento de las obligaciones, que envía la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a las autoridades correspondientes. Y todo ello para proteger los derechos fundamentales de los gobernados, finalizó.