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Oaxaca, Oax. 29 de octubre de 2010 (Tiempo).- El incremento de violencia que vive el país está provocando el temor del sector empresarial pues es muy probable que las inversiones emigren, aseguró el presidente de la Unión de Empresarios del Estado de Oaxaca (UEEO), Claudio Armando Ruiz Solana.
En tanto, una decena de organizaciones sociales, eclesiásticas y civiles exigieron a los gobiernos federal, estatal y al gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, frenar la ola de violencia en la entidad.
Ruiz Solana señaló que en Oaxaca la violencia ya se ha hecho presente, no a mayor grado en que viven los habitantes del norte del país, por lo que se espera mayor coordinación del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Estatal para evitarla, aseguró. “No queremos esperar a que eso suceda, por ello pedimos se lleven a cabo las acciones necesarias para que se pueda garantizar la seguridad a la población en general”, afirmó Ruiz Solana.
Asimismo, dijo que la delincuencia provoca desestabilización, que los empresarios emigren, que los turistas lo piensen para viajar a diversas ciudades y con ello, se da un impacto negativo en la economía y genera mayores complicaciones para una pronta recuperación, expresó.
Afirmó que este año fue complicado en todos los sentidos y esperan que el próximo puedan comenzar a repuntar después de haber vivido las elecciones, así como otros hechos que se presentaron y provocaron incertidumbre en la población.
La ciudadanía, empresarios, profesionistas y sectores, esperan que el próximo gobierno cumpla cabalmente con los compromisos que el gobernador electo Gabino Cue Monteagudo realizó durante su campaña, para mejorar las condiciones de la entidad; que los sectores cuenten con mayor atención, se combatan de manera eficaz los rezagos y se logre el desarrollo esperado, ponderó.

CONTRA CRÍMENES

Mientras integrantes del MULT siguen en sus protestas para demandar la aplicación de justicia en el asesinato de su líder, unas diez organizaciones sociales, eclesiásticas y civiles, exigieron ayer a los gobiernos federal, estatal y al electo, frenar la ola de violencia en esta entidad.
En conferencia de prensa, cuestionaron el actuar de las instituciones las cuales no han garantizado el cese de los asesinatos políticos cometidos contra miembros de las organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Representantes del MULT, de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, y del FPR, BARCA, entre otros, demandaron el esclarecimiento inmediato de todos los hechos violentos y de sangre, así como castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en este sexenio que culmina.
En voz de Rufino Merino Zaragoza responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal de cualquier agresión que llegarán a sufrir los miembros del movimiento social o defensores de los derechos humanos.
Mientras que al gobierno electo, le demandaron no reciclar a la clase política en el próximo gobierno pues con ello mantendría los mismos métodos, formas y estilos de gobernar, “con lo cual truncaría cualquier intento verdadero de cambio”.
Pidieron que Cué Monteagudo castigue a todos los funcionarios públicos que hayan cometido todo tipo de ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, a las organizaciones sociales y populares les hicieron un llamado a fin de blindar el movimiento social mediante una serie de acciones y de estar alertas sobre el actuar del gobierno.
A los organismos de derechos humanos les solicitaron generar las acciones urgentes para denunciar la situación de violencia política que se vive en la entidad.
Entre sus actividades, el domingo próximo realizarán una concentración en el auditorio Guelaguetza, para realizar un evento político cultural, donde denuncien este tipo de acciones.
Por su parte, integrantes del MULT se instalaron ayer en la Alameda de León con el objetivo de presionar a las autoridades locales a que den con los responsables del asesinato de su dirigente, Heriberto Pazos Ortiz.
De acuerdo con el presidente del Partido Unidad Popular (PUP), Uriel Díaz Caballero, las acciones permanecerán el tiempo necesario, hasta que se les den respuestas sobre este hecho que ocurrió el 24 de octubre.
Los militantes colocaron sus banderas y mantas alrededor de la Alameda con el objetivo de exigir justicia, y repartieron comunicados a la población civil que pasaba por la plaza pública.