Trabajan mineras a discreción zona marginada de la Montaña en Guerrero

TLAPA, Gro., 23 de julio de 2014.- “Helicópteros han bajado y se llevan como muestras, hay gente de piel blanca, unos parecen extranjeros, luego vienen también y le prometen a la gente que habrá escuelas, les preguntan que necesitan y les dicen que lo tendrán”, señaló el testimonio de un habitante de la Montaña que ha visto como empresas mineras han enviado trabajadores a comunidades marginadas de Cochoapa el Grande.

Parte del territorio de este municipio, uno de los más pobres de América Latina, ha sido concesionado por el Gobierno Federal para exploración y explotación en un polígono que abarca otros municipios como Malinaltepec, Iliatenco y San Luis Acatlán.

Por otra parte, la Red Méxicana de Afectados por la Minería (REMA) en un comunicado en el contexto del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto resaltó la lucha emprendida por la comunidad indígena San Miguel del Progreso, perteneciente al municipio de Malinaltepec que, acompañada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, interpusieron una demanda de amparo en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión minera en su territorio indígena, contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

El texto precisa que dicha acción solicita se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque el Gobierno Federal respondió jurídicamente, el 12 de febrero de este año, un juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras dentro de un territorio indígena, invocando para ello los derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).

La REMA afirma que las comunidades, luchas y organizaciones que la conforman ratifican su compromiso con la defensa del territorio ante un Pacto por México que profundizará las injusticias socioambientales, alertando a la población de tomar en cuenta que debido a la extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en el país.

En otro punto refieren que en todo el mundo, el actual «modelo extractivo minero» ha demostrado ser altamente devastador. En México, la amenaza de la minería sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es inminente e inconmensurable.

Los daños asociados a ella son notables: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad y criminalización de defensores y luchadores sociales además de la contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, así como altísimas contribuciones al cambio climático, afecciones a la salud y empleos precarios, son algunos de ellos cuando las mineras hacen su aparición.

Otros ejemplos de esfuerzo en contra de la minería a cielo abierto que señala REMA son la organización de foros en el país en tanto que a nivel internacional mantienen una estrecha colaboración con organizaciones y luchas de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Canada a través del MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4).

EL comunicado afirma que han iniciado procesos para buscar blindar a territorios de cualquier actividad minera al generar declaratorias de territorios libres de minería en los que destacan la Asamblea de Bienes Comunales de Zacualpan, Colima, cuya decisión de rechazar cualquier actividad para extraer mineral fue avalada por el Tribunal Unitario Agrario 38.

Asimismo han generado un acta colectiva firmada ante notario público por 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán por la que declaran a sus territorios libres de megaproyectos.