Víctor Leonel Juan Martínez / Derecho a la información: derecho humano

Construya su propia opinión, aunque no coincida con los demás, y, sobre todo, si coincide con los demás. Miguel Ángel Granados Chapa
Oaxaca, Oax., 14 de noviembre de 2011 (Quadratín).- Frescas conservo las palabras que hace 14 años me dijera un académico muy cercano al primer círculo del poder estatal cuando le comentara el inicio de un proyecto que saldría en diciembre de 1997 con el nombre de EnMarcha, realidad municipal de Oaxaca. “Será una revista más de campaña. Durará sólo hasta que tengamos nuevo gobernador”, me dijo. Y es que en 1998 se elegiría al nuevo gobernador del estado.
Un día después, mi interlocutor me obsequió un par de revistas: “estas fueron de la campaña anterior”, anunció al mostrar su duración efímera.
Con ello planteaba la relación que se establecía entre prensa-gobierno/políticos.
Una relación instrumental de parte de los políticos que la usaban sólo como vehículo para hacer campañas; una poca importancia de los gobiernos, que la veían sólo como posibilidad de difundir información gubernamental y dar rienda al culto a la personalidad; y una percepción limitada de muchos “periodistas” y dueños de medios, que la ven como mera posibilidad de intercambio y remuneración económica.
Pese a unos y otros, en las últimas décadas se han desarrollado en Oaxaca múltiples y diversos medios; con la revolución tecnológica hay decenas de portales informativos; hay una decena de revistas; nuevos diarios han surgido; como innovadores noticiarios radiofónicos y se ha incursionado en la televisión.
Ahora que EnMarcha está por cumplir 14 años; que atestiguó el final del sexenio de Diódoro Carrasco; trascendió no sólo la coyuntura electoral del 98, en que ganara José Murat, sino su sexenio que representara el inicio de una agresión a la libertad de expresión; que vivió el autoritarismo de Ulises Ruiz y su régimen represor, con el capítulo de movimiento popular de 2006; y hoy es testigo del primer gobierno de la alternancia; se reabre el debate entre cuál debe ser la relación prensa-gobierno.
Desde su campaña, Gabino Cué anunció una nueva relación con los medios de comunicación. En los once meses que lleva al frente del gobierno su gestión ha tenido altibajos en su relación con la prensa. Lejanas los excesos represivos a la libertad de expresión, pero sin estar exento de algunos intentos.
Varias propuestas se han dibujado sobre como normar esta relación prensa-gobierno.
Es parte también de un debate nacional. Sin embargo, las movedizas arenas en que se mueve, en muchas ocasiones confunde, más de lo que aclara; desvía el debate y termina por enturbiar la transparencia que, de ambos lados, debe prevalecer y defenderse.
Publicidad oficial: censura encubierta “No se ha modificado mucho.
La censura a veces empresarial, a veces gubernamental, a veces es simulada, a veces es directa, abierta; hay que enfrentarla según el modo, según quien la ejerza.
No hay un solo modo de enfrentarse a ella… salvo el ejercicio mismo de la libertad de expresión”.
Sin duda, en el México del siglo XXI se han superado en mucho los viejos estilos y formas de presionar a la prensa. Hoy se tienen libertades que difícilmente se sostenían hace un par de décadas. Una cada vez más larga de periódicos, noticieros, revistas, en el ámbito nacional y en las entidades federativas, ejercen, con todos sus riesgos, la libertad de expresión.
Sin embargo, la censura no se ha desterrado; en muchos casos sólo ha mutado a nuevas expresiones, refinado sus anteriores mecanismos o han surgido nuevas formas de presión contra el quehacer periodístico. Ahora, la violencia contra periodistas, la falta de pluralidad en medios electrónicos de comunicación y el uso discriminatorio y arbitrario de la publicidad gubernamental, son factores que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
En Oaxaca se han mostrado claramente las distintas formas de censurar a la prensa e intentar acallar a los medios de comunicación. Desde la violencia que por parte de distintos actores de la política estatal y regional se ha ejercido contra los periodistas y cuyo recuento hemos abordado en otra entrega en Enmarca.
Por el tema que ahora nos ocupa, retomaremos el de la relación prensa – gobierno y el pago de publicidad oficial. En el viejo sistema político, era claro que el poder gubernamental buscaba a toda costa la subordinación de la prensa; lo era también que se estableció una relación riesgosa de complicidad entre ambos. El dominio sobre la prensa era casi total; poco escapaba a la censura del poder gubernamental. Sin embargo, ejemplos claros de independencia periodística, desde la gran estatura ética de periodistas que siempre han existido, paulatinamente se fueron abriendo espacios.
El Excélsior de Julio Scherer, que tras el embate gubernamental en su contra devino en la revista Proceso. El unomasuno en su primera época; la aparición de La Jornada, que se vinculara a las causas de izquierda; Reforma que desafía los intentos por frenar su circulación; en estos y otros mas, se gestó un periodismo crítico, valiente y reflexivo.
En Oaxaca, aún cuando también se han presentado ejemplos que empujan a esta apertura; particularmente en la década pasada, los excesos gubernamentales se centraron también contra la libertad de expresión, la cual como se hizo con otras garantías constitucionales, fue conculcada; mientras los gobernadores crearon sus propios medios y atacaron a otros más. El caso emblemático es la agresión al diario Noticias; pero antes y después ha existido una agresión constante contra comunicadores que convirtieron a la entidad en una de las más riesgosas para el ejercicio del periodismo.
Si con el muratismo se revivió el “no me pago para que me pegues” y la publicidad oficial se otorgaba a quienes se convertían en voceros oficiosos del régimen, con el ulisismo la situación se tornó más crítica: había un desprecio franco por los medios de comunicación, la crítica poco importaba y el cinismo llevó a romper lazos con la prensa. En ambos casos, no sólo se negó pagos por publicidad gubernamental a quienes asumían posturas críticas, sino que se alentó el boicot de empresarios y ayuntamientos a la adquisición de espacios en medios críticos.
Fue claro el uso de los recursos públicos destinados a la compra de publicidad, como un mecanismo de premio o castigo, según la línea editorial de los medios: y eso es censura sin ambages. De ahí también la exigencia y necesidad de una relación transparente entre los medios y el gobierno; de una postura ética; de un uso regulado que eviten la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial.
Derecho a la información “Hay un periodismo que se dirige al poder. Es un periodismo que no satisface su misión social. Porque la misión social es la comunicación con la gente, el público, los lectores. Desde luego, también es verdad que algunas cosas han cambiado para bien; por ejemplo, antes casi todo el periodismo se dirigía más al poder que a los lectores. Es reciente su dedicación a los lectores y no al poder… o no sólo al poder”.
Un problema básico que enturbia la redefinición de esta nueva relación, es el planteamiento reduccionista de que el gobierno está obligado a pagar, sin consideración alguna, la publicidad a los medios; argumento simplista es que dada la precariedad en que subsisten los medios oaxaqueños (o la mayoría de ellos) requieren de los recursos públicos para subsistir y cumplir así con su función. Vistas así las cosas, es sólo la cara de la otra moneda del elemental del discurso de hace 14 años, con sus derivados: “no te pago para que me pegues”, tan usado en el sexenio muratista; o el “te pego para que dejes de pegarme” que el ulisismo puso en boga.
Por tanto, para centrar el debate, hay que tener claro cuál es el bien tutelado. Ya en 1977, una reforma estableció en el artículo sexto de la Constitución mexicana que: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Y es que la libertad de expresión, es la exteriorización de otro derecho fundamental, la libertad de pensamiento, establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
En 1946 la Organización de las Naciones Unidas, en su primera sesión adoptó la Resolución 59(1), que establece: “La libertad de información es un derecho humano fundamental (…) y la piedra angular de todas las libertades a que la ONU está consagrada”. Situación que se refrenda en la Carta de Derechos Humanos de la ONU en 1948.
Así pues queda claro que lo que se tiene que buscar es que la sociedad en su conjunto se mantenga informada del actuar gubernamental. Lejos está de ser una concesión de los gobiernos, es una de sus obligaciones principales.
Por supuesto, el derecho tampoco se reduce al llano acceso a la información, que por su naturaleza pública no debiera tener mayor problema de ser proporcionada al público, incluso sin la presencia de órganos encargados de vigilar la transparencia; éstos se hacen necesarios precisamente por la opacidad en que se manejan los gobiernos.
Paradójicamente, anualmente se destinan millonarios recursos a la publicidad oficial. En teoría el Estado debe informar de programas oficiales, lo mismo que de sus acciones gubernamentales; pero también está obligado a hacerlo de los riesgos que se corren ante una acción gubernamental (por ejemplo, las concesiones mineras) o un fenómeno natural; así como de los avances en la solución de problemas sociales que le corresponde atender (violaciones a los derechos humanos, p.e.).
Sin embargo, lejos de cumplir con su función, la publicidad oficial se destina casi en su totalidad a destacar los supuestos logros de los gobiernos, o bien se utilizan para promocionar a un servidor público o a un partido político; como acaba de suceder con un desplegado de un partido político, que era firmado por la coordinación de comunicación del Congreso estatal. Ausente está la información sobre aspectos torales y de genuino interés de la ciudadanía.
Ahora bien, esta situación ha devenido también en medios de comunicación que tampoco buscan la información: en muchos se dedican a reproducir a pie juntillas la información vertida, sin constatar su veracidad y mucho menos cuestionarla. Así, no es periodismo lo que se hace sino mera propaganda gubernamental.
Los recursos para publicidad, ¿cómo distribuirse? “Los periodistas no pueden, ni deben, ser socios de los políticos. Por eso, a la larga, cada periodista está en el lugar que se merece.
Y la gente lo sabe”.
En este contexto es claro también que el Estado debe garantizar el derecho a la información. Y si anualmente destina recursos públicos destinados a ello, éstos no pueden distribuirse discrecionalmente y mucho menos servir para acallar críticas o comprar conciencias.
Pero si en algún asunto hay opacidad, falta de acceso a la información, paradójicamente es en la asignación de estos recursos. De hecho, los marcos jurídicos que rigen la compra de publicidad por parte del Estado prácticamente en todos los países de América Latina son insuficientes e inadecuados: carecen de las reglas y criterios que asegurarían asignaciones publicitarias transparentes y justas, y no logran establecer las garantías necesarias en contra de posibles abusos.
Esa falta de transparencia en la contratación de la pauta oficial, se combina con una centralización de la toma de decisiones y, por tanto, conduce a abusos en la asignación de publicidad oficial; a la discrecionalidad por quienes son encargados de asignarla; y a un inexistente control por parte de la ciudadanía y la sociedad civil.
Revertir esa situación fue uno de los compromisos del gobernador Gabino Cué y, entendemos, de la agenda legislativa de los partidos que, coaligados, ganaron la elección en 2010. En la práctica, si bien hay diferencias sustanciales entre el actual gobierno y el antiguo régimen; también hay inercias que no cambian y, sobre todo, falta de criterios institucionales para atender esta situación. Cómo hacerlo no es un tema fácil; ya desde 2010 se han suscitado opiniones diversas. Y recientemente se ha presentado una iniciativa por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, sobre la materia. La pertinencia de la iniciativa es que presenta un documento concreto sobre el cual debatir.
Regular la adquisición de la publicidad oficial, es una tarea que compete a todos. Por eso es el punto en el cual mayormente se ha debatido. Una postura presente en las líneas discursivas es centrar su asignación casi exclusivamente en el tiraje de los medios. Si bien es necesario que diarios y revistas, transparenten y certifiquen ante una instancia independiente su circulación real, también lo es que la aplicación a tabula rasa de ese criterio, podría tener efectos adversos al derecho a la información.
Con ese sólo criterio seguramente medios amarillistas, como Alerta y Alarma en su época dorada, tendrían una mayor circulación que periódicos serios, de análisis informativo y con criterios de calidad informativa. En un ejemplo extremo, revistas de medios de espectáculos (TvNovelas o TvNotas) tendrían posibilidad de recibir recursos gubernamentales amplios, dada su difusión masiva; mientras que Nexos y Letras Libres, prácticamente no recibirían tales, pues van dirigidos a públicos restringidos. Como tampoco tiene la misma cualidad la información generada desde las radios comunitarias, (que habría que distinguir de las radios comerciales sin concesión); y en esa misma lógica, se estaría desapareciendo, como casi lo está, la televisión cultural.
Y sin embargo, esos medios marginados de la lógica numérica, pueden tener mayor solidez en el impacto hacia sus lectores y oyentes; son por tanto, un vehículo eficaz de garantizar y reproducir los derechos universales defendidos por el periodismo. Es necesario entonces, ponderar criterios y acompañar de ejes cualitativos, antes que sólo los números de distribución.
Es claro que es el inicio de un debate que urge dar y hacerlo transparente. Y en ese entramos todos: la ciudadanía que puede ver vulnerado sus derechos a la información; los medios que tienen que cumplir en condiciones de riesgo y con penurias, la tarea de la defensa y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; el gobierno, que está obligado constitucionalmente a garantizar el derecho a la información. Lo saludable es que en Oaxaca el debate se está dando; esperemos que no quede en un ruidoso encuentro discursivo, sino mejor en un debate serio que conduzca a garantizar, en todas sus vertientes, el derecho a la información y la libertad de expresión.
Lo deseable es que en este remolino de ideas y discursos en que se da el debate; se tenga presente, siempre, lo que en su momento dijo el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, cuyas frases ilustran este trabajo en un modesto homenaje, y que cierro con una muy relacionada con el tema que nos ocupa: “Una de las cosas que detesto del periodismo de hoy es su conversión en negocio. No digo que el periodismo no deba ser negocio, desde luego; me refiero a que es lícito hacer negocio con el periodismo, pero no es lícito convertir al periodismo en negocio, simular que se hace periodismo para hacer negocio.”
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