A la mitad del camino

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre de 2018.- Las auditorías al gasto público se iniciaban a partir de la presentación de la cuenta pública del año anterior, con las reformas de 2015, la ASF puede empezar a auditar desde el 1 de enero, con información preliminar. Antes se presentaba un único informe de Resultados, hoy podemos se presentan tres informes individuales, en los meses de junio, octubre y febrero y el definitivo en ese mes de 2019.

He presentado ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dos informes individuales, el segundo esta semana. Es importante señalar que, durante el proceso de auditoría, presentamos observaciones para aclaración de los entes auditados, que no son definitivas y no constituyen aun irregularidades, sino observaciones que se están aclarando. Cuando no las aclaran, pasan a la instancia legal.

Para ello, hemos realizado una reforma importante: separar las acciones auditoras de las de seguimiento o aclaración de las observaciones.

Con esto evitamos que una misma área asuma el rol de juez y parte, esto es que audite y además solvente, lo que da mayor calidad al proceso. Esta separación es una acción calificada por organismos internacionales, como una buena práctica.

Tenemos el reto de abatir un rezago importante en los procesos de hasta 5 años, que estamos empezando a depurar. En suma, con esto el área de auditoria fiscaliza y la de seguimiento valora los resultados, para que posteriormente el área jurídica inicie las acciones penales, ante la autoridad correspondiente. Al respecto ya tenemos reuniones de trabajo de seguimiento con la PGR.

En este segundo reporte, se presentaron 642 pliegos de observaciones y 1220 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Este mes de octubre se presentaron siete denuncias penales vinculadas al tema de “la estafa maestra” por un monto de 1,900 millones de pesos y también se iniciaron seis procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por un monto de 734 millones de pesos. Lo anterior implicó un esfuerzo adicional para perfeccionar, complementar y sustentar los asuntos pendientes de cuentas publicas anteriores, que no fueron terminadas en ejercicios subsecuentes de 2013 y 2014.

Ya los medios de comunicación a partir del Marco de Referencia entregado a la Comisión de Vigilancia, así como los informes individuales de las auditorias están comentando los resultados.

Todo es importante, pero algunos temas son más relevantes para la opinión pública, como el de la reconstrucción y rehabilitación derivadas de los sismos de 2017. Hallazgos relevantes como la cobertura limitada del levantamiento de información de los municipios listados en las declaratorias de desastre natural; las bases de datos del censo de los beneficiarios no contaron con controles suficientes para evitar duplicidades; no se observa una priorización en la entrega de apoyos, y si una coordinación interinstitucional insuficiente; dispersión de recursos sin la existencia de marcos de control establecidos ex ante; incluso en las auditorias que aún están en proceso hay rezago en la información solicitada a varias contralorías estatales, particularmente del sur sureste, llegaremos a la sanción si no cumplen con esas solicitudes.

En cuanto al Ramo 23, se revisó el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) de los estados, cuyo monto es de 14 por ciento del Ramo. Un dato relevante es que el presupuesto inicial de este Fondo fue de 3 mil millones y termina con 50 mil, un incremento de 1500 por ciento; no se observan reglas de operación y criterios claros para su asignación, ni para su contabilidad; incluso, algunos estados los clasificaron incorrectamente como participaciones y los metieron a la llamada “cuenta licuadora”. En suma, tiene muchas insuficiencias, su destino parece discrecional y mantiene amplios espacios de opacidad.

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