A un año del sismo, la indignación se justifica

• Hasta hoy no hay certeza del costo de la reconstrucción y ni siquiera existe un censo confiable, asegura claudia sheinbaum
• La reglamentación chilena de construcciones sismo-resistentes, que evitaría el colapso de los inmuebles y la pérdida de vidas humanas, debiera ponerse en marcha en México

 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2018.- Para recordar a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 que sacudieron la capital del país y varios estados de la República -y ocasionaron la muerte de miles de personas y cuantiosos daños a la infraestructura habitacional, escolar, médica y de servicios-, el presidente Enrique Peña Nieto izó la bandera en la plancha del Zócalo capitalino el pasado miércoles.

Más tarde, a las 13:14 horas, se recordó con un minuto de silencio a los muertos que produjo el temblor del año pasado, se hizo funcionar la alerta sísmica en los altavoces y se efectuó un macrosimulacro.

El hecho bien podría haber quedado en el anecdotario aciago al que los mexicanos somos desgraciadamente tan afectos, y aquí los lectores pueden sumar la matanza del Templo Mayor en mayo de 1520, el tiroteo en Tlatelolco en octubre de 1968 y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

Empero, cuando se analizan los resultados de la acción gubernamental de las 3 instancias de gobierno, las agrupaciones políticas y las ONG´s, para aminorar los efectos del sismo de magnitud 7.1 del año pasado, la irritación social y la indignación puede justificarse a cabalidad.

Por ejemplo, la afirmación del entonces jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera -y hoy coordinador de la bancada perredista en el Senado-, en el sentido de que los afectados por el sismo del 19 de septiembre podrían recuperar su patrimonio a través de Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la capital del país, fue sólo una más de las recurrentes tomaduras de pelo del atildado funcionario fifí –para emplear uno de los calificativos a los que es tan proclive el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

De naturaleza patrañera, el funcionario que negó reiteradamente que existiera delincuencia organizada en la Ciudad de México y presumió sus jardineras, mesitas y sillas en plena avenida 20 de noviembre y los taxis color rosa, en el pecado llevó la penitencia.

No se olvidan sus falaces dichos del 9 de diciembre del año pasado.

“Mi lugar está aquí, encabezando las tareas de reconstrucción de mi querida ciudad, sirviéndole a mi gente.

Hoy mi deber está aquí con los habitantes de la Ciudad de México, permanezco como primer responsable del restablecimiento de mi ciudad, a la que me debo. Me quedo a cumplir», indicó Mancera.

Hay que recordar que Miguel Ángel Mancera -quien por cierto interrumpió su mandato el jueves 29 de marzo, con una aprobación de los ciudadanos del 28 por ciento y una desaprobación del 66, lo cual lo convirtió en el Jefe de Gobierno peor evaluado de los últimos años-, logró acceder al Senado sólo por la vía plurinominal, y a través de un extraño recoveco en la ley electoral, luego de una interpretación pro persona en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y Mancera se fue del cargo que detentaba, sin resolver el conflicto de la reconstrucción. Políticamente ciego para atacar la verdadera problemática de la capital del país -luego de más de 5 años al frente de la jefatura de gobierno-,  exactamente 44 días antes de solicitar licencia, se dio cuenta de que el pago del predial podría utilizarse para un objetivo concreto, como lo es la protección, mediante un seguro, de las viviendas de los habitantes de la ciudad a los que se comprometió vanamente servir.

El censo respectivo indica que en la ciudad de México existen un millón 800 mil inmuebles de uso habitacional y 2 millones y medio con funciones empresariales y de negocios, aunque sólo 871 mil están al corriente con el pago del impuesto predial.

Durante el sismo del año pasado, se contabilizaron 3 mil 800 edificaciones que habían sufrido afectaciones leves, moderadas y graves.

El 29 de marzo de este año, Miguel Ángel Mancera creó el Fideicomiso Respaldo CDMX, un seguro que en caso de sismos protegería a los propietarios de las viviendas que acreditasen la propiedad de sus inmuebles y se hallaran al corriente del pago predial.

¿Sabrán los lectores que este mecanismo existe y dispuso de un fondo inicial de 2 mil millones de pesos, procedente del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonaden)?

Al anunciar su creación, detalló por ejemplo, que quien posea un inmueble con valor catastral de 500 mil pesos, podría recibir un seguro de hasta 350 mil; si el avalúo oscilaba entre 500 mil y un millón, el seguro pagaría hasta 600 mil y si su valor era de uno a 2 millones, se le garantizarían 900 mil pesos.

En caso de que el catastro amparara un valor de entre 2 y 3 millones, el propietario recibiría un millón y si éste fluctuaba de 3 a 10 millones, percibiría un millón 300 mil del seguro, por parte del fideicomiso.

La idea sonó bien, sobre todo si realmente se puso en marcha para proteger el patrimonio familiar y no para beneficio de las hordas de camajanes que -otra vez, para acostumbrarnos y estar a tono con el vocabulario de AMLO-, son aquellos holgazanes que sacan provecho para sí de una situación y viven a costa de los demás.

Seguramente que no lo pensaron de esa manera -porque de otra forma no lo hubiesen instrumentado, pues supuestamente les sería políticamente adverso-, pero en realidad el seguro del Fideicomiso Respaldo CDMX, indirectamente permitiría disminuir el aparato clientelar, que por necesidad o desesperación de la gente, se conforma cuando acontecen situaciones asociadas a los desastres naturales.

Tampoco a ciencia cierta se sabe si este seguro ampara también a las viviendas contra huracanes, incendios o inundaciones.

Donde no existen dudas, es en que todo lo hecho durante la administración de Miguel Ángel Mancera -que en pocos meses concluirá su relevo José Ramón Amieva Gálvez-, será duramente cuestionado por la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se comprometió con los damnificados a que éstos recuperarán sus viviendas lo antes posible y hará justicia a las personas que perdieron a sus familiares.

No obstante, Sheinbaum públicamente subrayó que hasta hoy no se tiene certeza del costo de la reconstrucción, porque ni siquiera existe un censo confiable de quienes resultaron afectados por el sismo del año pasado.

“Mi gobierno se compromete a erradicar la corrupción en la Ciudad de México y eso pasa por temas delicados como hacer justicia y atender a los damnificados que perdieron un hijo o un familiar”, dijo y agregó que el uso de los recursos será transparente, puesto que no se trata de regresar a la situación que se tenía antes, sino de mejorar las condiciones de vida de los capitalinos en general.

A la par de la reconstrucción, mencionó que se trabajará en crear una nueva normatividad en la construcción de inmuebles de todo tipo.

En una anterior columna publicada en octubre del año pasado, mencioné que muchos de los edificios de más de 3 pisos que se vinieron abajo, eran de muy reciente construcción o databan de finales de los años 80, pese a que supuestamente fueron erigidos con base a los reglamentos y protocolos emanados luego de la tragedia del 19 de septiembre de 1985.

Sin embargo, colapsaron, no sólo por la inusual rudeza de los sismos, sino también por la deficiencia de los materiales empleados, la carencia de tecnología sismo-resistente, pero sobre todo, por la corrupción que campea en las Delegaciones, precisamente en las áreas encargadas de supervisar las edificaciones y hacer cumplir la ley.

Y dije que más allá de que la corrupción haya sido la principal pieza que provocó el grave problema que México afronta luego de los sismos de 1985 y 2017, lo cierto es que al parecer también nos hemos aislado de los avances que en materia de edificaciones sismo-resistentes (el adjetivo antisísmicas estaría mal empleado) han alcanzado otros países como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Chile.

Estas naciones han endurecido sus normas de construcción, y desarrollado mecanismos que permiten no sólo evitar la pérdida de vidas humanas y el colapso de la actividad productiva, sino costosos procesos de reconstrucción.

Para ilustrar esta premisa reproduzco aquí parte esencial de mi texto.

El principal objetivo de la norma chilena nch 433, es lograr que sin importar la magnitud del sismo, un edificio nunca colapse

Chile, en los últimos 100 años ha registrado  más de 80 sismos que superan los 7 grados en la escala Richter y 5 de ellos de más de 8 grados.

Un trabajo suscrito por María González, que vale la pena consultar en https://www.xataka.com/otros/el-mayor-terremoto-de-la-historia-asi-ha-cambiado-chile-desde-que-temblara-a-magnitud-9-5, indica que el terremoto de magnitud 7.0 que sacudió Haití, el 12 de enero de 2010, provocó 316 mil víctimas, pero que el sismo de magnitud 8,8 que azotó Chile mes y medio después, causó únicamente 500 muertos.

De esa cifra, 156 personas fallecieron a causa del tsunami que se produjo luego del sismo.

La nota retoma un informe de la BBC de Londres y explica que comparar Haití con Chile no tiene mucho sentido, dada la realidad de cada país; pero aun así llama la atención la gran diferencia entre las consecuencias de estos 2 terremotos en la población y el número de edificios y casas colapsadas.

¿Por qué estas diferencias? -se pregunta-.

La respuesta la tiene la excelente construcción antisísmica que desde hace décadas se ha venido desarrollando en territorio chileno.

El arquitecto Jaime Díaz, profesor de la Universidad de Chile, explicó cómo por normativa se exige el empleo de ciertos materiales específicos que permiten sobrevivir a los violentos movimientos sísmicos.

Además de estructuras de hormigón armado y acero -que proporcionan flexibilidad para que un edificio se mueva pero no se caiga-, se incorporan aisladores y disipadores sísmicos, que evitan que la energía del terremoto se transmita al edificio o, si lo hace, posibilita que ésta fuerza sea absorbida.

Precisamente, durante el terremoto del sábado 27 de febrero de 2010 que golpeó a ese país y alcanzó una magnitud de 8.8 -que lo convirtió en el sexto más intenso del mundo-, fue el apoyo de la ciencia moderna y la calidad de la tecnología empleada en las edificaciones, basados en la teoría lineal-elástica del comportamiento estructural, lo que permitió que sólo el 1 por ciento de las construcciones sufriera daños estructurales.

El doctor Víctor Yepes Piqueras, profesor titular de Ingeniería de la Construcción y director académico del Máster en Ingeniería del Hormigón, en Valencia, España, ha señalado que los edificios chilenos modernos se comportan muy bien frente a los sismos, porque en estructuras de hasta 18 pisos se utiliza el aislamiento sísmico, que permite interrumpir la estructura en su conexión a nivel del suelo y generar una interfaz para que el movimiento sísmico no se propague hacia la estructura.

En las construcciones de mayor altura -dice-, se emplea la disipación de energía, que aprovecha el movimiento de la estructura para conectar entre 2 puntos, un sistema que dispersa la fuerza de empuje, producto de la deformación relativa de éstos.

De acuerdo a los investigadores, el uso de aisladores sísmicos o disipadores de energía, logran reducir el potencial de daños entre 40 y 80 por ciento.

En ese país sudamericano estos mecanismos se combinan con el uso de losas de hormigón armado, que no sobrepasa los 15 centímetros de espesor y se unen a vigas y pilares, que en conjunto forman un sistema que trabaja como un único elemento flexible y resistente a los movimientos ondulatorios.

La revista chilena EMB Construcción relata que luego de la debacle telúrica de 1960, surgió la primera norma moderna NCh 433, corregida en 1972 y 1996, que actualmente rige el proceso de construcción en ese país.

La NCh 433 se apoya en las experiencias de Japón y Estados Unidos, más concretamente en el code ACI 318, (código de la Association Concrete Innovation de EU y su principal objetivo es lograr que sin importar la magnitud del sismo, un edificio nunca deberá colapsar, dando tiempo suficiente a las personas para evacuar el inmueble, incluso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa.

De ahí que en México resulta imprescindible establecer mecanismos idóneos para construir casas o edificios bajo normas similares a la NCh 433 chilena, y recurrir a la tecnología de avanzada de esa nación sudamericana, ejemplo mundial en edificaciones sismo-resistentes.

Como siempre, no faltarán quienes se opongan a tal medida, argumentando que estos sistemas incrementarán el costo de las nuevas edificaciones.

Sin embargo, habrá que señalar con toda energía que, a la postre, el supuesto encarecimiento en el proceso de construcción de los inmuebles, resulta infinitamente menor a los daños a la economía nacional y el número de víctimas se reduciría de manera drástica o sería prácticamente inexistente.

Es una cuestión de lógica numérica de gran peso y alto impacto social, que debiera ser impuesta de inmediato, más allá de la infame disputa mediática por el poder y el reparto del dinero de la reconstrucción.

GRANOS DE CAFÉ

A partir de este viernes y hasta el próximo 11 de noviembre, la exposición Héctor García, 1968.

El inicio del sueño -que se compone de 50 fotografías sobre el movimiento estudiantil-, estará expuesta al público en Las Rejas de Chapultepec.

María García, brillante fotoperiodista, autora de varias imágenes de la muestra, y viuda del notable artista, estará presente en la inauguración del evento, que cronológicamente inició el 22 de julio de ese mismo año.

“Mi esposo, Héctor García, solía decir que la suerte no existe, sino son las circunstancias las que nos van llevando en la vida. Y fueron éstas condiciones las que hicieron que desde el inicio del movimiento estudiantil, yo tomara mi cámara para tomar las primeras fotografías, ya que en esos días, Héctor estaba fuera de México, cumpliendo un trabajo como free lance”, asegura.

“Así que, sin pensarlo dos veces, empecé a capturar las imágenes, y una de las más impresionantes la tomé precisamente desde la ventana de nuestra agencia García Foto Press, ubicada entonces en la esquina de Bucareli y Morelos, muy cerca de La Ciudadela, mientras la lluvia caía sobre los soldados que marchaban sobre la avenida.

Entonces pensé que estaba ocurriendo algo importante y salí a la calle para continuar fotografiando lo que en esos días se vivía en la Ciudad de México.

En esos años prácticamente no había mujeres fotoperiodistas, y  algunos de los momentos más representativos que me tocó cubrir, fueron el discurso del rector Javier Barros Sierra en Ciudad Universitaria y la marcha que encabezó, en protesta por la violación a la autonomía, después del atentado en San Ildefonso.

Continué cubriendo todos los eventos que me fue posible, hasta que Héctor regresó, señaló María García.

“Debo reconocer que lo que pasó el 2 de octubre, quedó documentado gracias al trabajo de Héctor, al mío y de muchos otros compañeros como Enrique Bordes Mangel, Enrique Metinides, Rodrigo Moya, Daniel Soto, Aarón Sánchez y Jesús Fonseca. A 50 años de haberse realizado, aún impactan por su crudeza y documentan lo que ocurrió en esos días”, asegura…

 

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