Alerta SIP sobre presión indirecta contra medios críticos en Ecuador

MIAMI, 5 de enero de 2026.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su preocupación por una serie de acciones de distintas entidades, incluyendo un organismo del Estado ecuatoriano, que podrían constituir represalias indirectas contra Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), empresa editora de los diarios Expreso y Extra.

De acuerdo con información pública difundida por la propia empresa y con la comunicación formal presentada por su defensa legal, diversas acciones de carácter tributario, financiero y societario —una de ellas impulsada por un organismo que depende del Estado— podrían estar siendo utilizadas para presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial, afectando de forma directa su libertad empresarial y, de manera indirecta, su línea editorial.

En particular, la SIP observa con alarma intentos de revertir la titularidad accionaria de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), pese a que dicha titularidad fue realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la legislación vigente hace varios años, según afirmó la empresa. Esta medida, además de generar inseguridad jurídica, abren la puerta a una injerencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación, algo incompatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión.

En un comunicado público, GRANASA denunció al Gobierno del presidente Daniel Noboa de utilizar “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa con el propósito de sofocar sus críticas. Según el comunicado, en septiembre de 2025 la empresa tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución. La compañía solicitó oportunamente acceso a la documentación correspondiente, sin que hasta el momento se haya recibido la totalidad de la información.

“El uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”, advirtió Pierre Manigault, presidente de la SIP. “Cuando se recurre a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para presionar a una empresa periodística, no solo se vulnera la libertad de prensa, sino también la libertad de empresa, que es una condición esencial para que el periodismo independiente pueda existir” afirmó Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que “estas acciones generan un efecto intimidatorio que trasciende a una sola empresa y envía un mensaje preocupante al resto del ecosistema mediático del país. Añadió que “afectar la propiedad, la estabilidad jurídica o la gobernanza de un medio es una manera indirecta, pero muy efectiva, de condicionar su línea editorial y debilitar el pluralismo informativo”, agregó Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

En su último informe sobre libertad de prensa en Ecuador, la SIP advirtió sobre un “ecosistema mediático se vio marcado por graves violaciones a la libertad de prensa”. El informe se destaca como “funcionarios del gobierno de Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios”. Agrega, como ejemplo, al secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien “vinculó a los diarios Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria antes de que existiera investigación formal, lo que fue denunciado como un intento de intimidación política”.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.