Aprueba Congreso presupuesto de egresos en Oaxaca por 76 mil mdp

OAXACA, Oax., 22 de diciembre de 2020.- El Congreso de Oaxaca aprobó este martes el presupuesto de egresos para el paquete fiscal 2021 por 76 mil millones de pesos.

Durante Sesión Extraordinaria, el dictamen fue aprobado con 39 votos a favor y dos reservas.

En la sesión se aprobaron reformas y adiciones al Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, la Ley Estatal de Derechos, Ley de Deuda Pública para el Estado de Oaxaca, Ley Estatal de Hacienda, y la expedición de la Ley General de Ingresos Municipales, la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca y el Presupuesto de Egresos del Estado, todos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Previo a la aprobación, el Congreso de Oaxaca realizó un análisis de los componentes de las iniciativas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo, con la convicción de propiciar el balance financiero y la asignación de recursos que requiere la entidad en los rubros socialmente prioritarios, y en concordancia con la situación que se vive actualmente en la entidad.

De esta manera, los diputados de la 64 Legislatura local, garantizaron la operatividad de dependencias estatales en diversos rubros importantes para garantizar el desarrollo y la calidad de vida de los y la oaxaqueñas.

En materia educativa se aprobaron 168 millones de pesos, y en educación superior, con participación federal y estatal, fueron 136.2 millones de pesos.

Con un incremento de 500 millones de pesos, para el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), anteriormente Seguro Popular, se asignaron 914 millones.

A temas sensibles como la atención a los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca; para la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) y el combate a las plagas, 11 millones de pesos y para la Justicia Administrativa, 30 millones de pesos.

También, el Pleno Legislativo aprobó en lo general y en lo particular, artículos transitorios, con los cuales se garantiza la participación de las empresas oaxaqueñas formales en la obra pública estatal, y blindar la adjudicación a empresas fantasmas o boletinadas por la autoridad hacendaria.

Asimismo, esta representación popular avaló los ajustes económicos necesarios para el gasto corriente de todas las dependencias estatales, que garantice la operatividad de las mismas y optimización de los recursos disponibles.

En general, el financiamiento público quedó orientado para realizar acciones gubernamentales en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura, temas “elementales” para la ciudadanía. Además, de beneficiar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.