Confirma BMV licencia de Azcárraga ante investigación de EU
OAXACA, Oax., 29 de agosto de 2019.- Con la finalidad de contar con una guía de actuación que permita brindar una atención adecuada a las personas beneficiadas con medidas cautelares para evitar posibles violaciones a sus derechos humanos, se realizó la implementación del Protocolo para la instrumentación e implementación de medidas de Protección del Sistema Interamericano, Universal y Nacional de Derechos Humanos.
En un comunicado se informó que el lanzamiento de este protocolo diseñado por la Secretaría de Gobernación en coordinación con organismos de Derechos Humanos, obedece al cumplimiento de la cláusula 3.14 del Acuerdo de Solución Amistosa suscrita por el Estado Mexicano, relacionada con el caso del indígena triqui, Antonio Jacinto López Martínez.
“El día de hoy México se fortalece y Oaxaca se fortalece reconociendo el legado de lucha de Antonio Jacinto López Martínez y de su familia”, afirmó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa durante este acto desarrollado en Palacio de Gobierno, que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño; así como del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez.
En este marco, el gobernador señaló que la salvaguarda de los Derechos Humanos no debe verse como una utopía, sino como una realidad que promueva y oriente la actuación responsable de sociedad y gobierno.
De esta manera, destacó este hecho sin precedente, convocado por un acto de voluntad donde destaca el imperativo de defender la dignidad de las y los ciudadanos, a través de la salvaguarda de los derechos humanos, la cual –dijo- se fortalece cuando se construye un ambiente propicio para que nunca se violen.
“Como responsables del quehacer público estamos obligados a que este tipo de actos jamás se repitan”, afirmó, al tiempo de aseverar que su gobierno acata las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y da seguimiento a los acuerdos para la reparación integral del daño en favor de la víctima indirecta, la señora Julia Vásquez Bautista.
Como parte de este compromiso –dijo- también se ha elaborado la Iniciativa de Ley para la Implementación de Medidas Cautelares en el Estado de Oaxaca, misma que será enviada al Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación.
En este marco, Murat Hinojosa lamentó que las investigaciones sobre el caso del indígena triqui Antonio Jacinto López Martínez no fueran eficientes, lo que impidió la procuración de justicia en este hecho delictivo que le competía atender con inmediatez a la pasada administración estatal.
“No se puede ser omisos ante hechos como este que lastiman a Oaxaca, porque un hecho no atendido con eficiencia y eficacia el día de hoy, tiene repercusiones en el futuro y acentúan los desequilibrios en la sociedad”, dijo.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, reconoció al Gobierno de Oaxaca por este importante protocolo que permitirá que las medidas cautelares alcancen su efectividad.
“Queremos que este instrumento sirva para que dictada una medida cautelar se ponga en marcha por todas las instancias comprometidas en su aplicación y que llegue a buen puerto la efectividad de la medida impuesta”, dijo.
Cabe destacar que el objetivo de este protocolo es contar con una guía de actuación que permita brindar un acompañamiento efectivo, eficiente, oportuno, coordinado y transparente a las personas protegidas para evitar posibles violaciones a sus derechos humanos de imposible o difícil reparación.
Es también una línea base que sirva de guía a las entidades federativas cuando se requieran implementar protocolos de esta naturaleza.
En 2005, el ciudadano Antonio Jacinto López Martínez fue motivo de hostigamiento y amenazas al haber sido elegido presidente municipal por el Sistema Normativo Indígena del Municipio de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco.
Aunque el agraviado contaba con medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dichos actos de hostigamiento culminaron con su homicidio en octubre de 2011.
Ante este hecho, el Gobierno de Oaxaca ofreció una disculpa pública en lengua triqui, la cual se publicó en la página oficial del Gobierno de Oaxaca el 13 de junio de 2019.