Aumentar la gobernabilidad democrática

Seguridad interior sin desarrollo, igual a autoritarismo y criminalidad

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2017.- Los críticos de la ley de seguridad interior han equivocado sus objetivos: el problema no radica en que el Estado mexicano asuma la realidad de la delincuencia organizada transnacional, sino que se localiza en el hecho de que la seguridad interior tiene que ver con la promoción del desarrollo.

Y la política económica aprobada por legisladores limita el PIB a 2% promedio anual porque la prioridad no es el desarrollo sino la estabilidad macroeconómica.

En este sentido, la crisis de seguridad nacional no está en el ejercicio de las facultades legales de las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia, sino en el modelo económico neoliberal instaurado por Carlos Salinas de Gortari en 1980 y extendido en el tiempo y en el espacio por el tratado de comercio libre.

Así, la violencia criminal es consecuencia de las doctrinas estabilizadoras salinistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Consenso de Washington, del TCL y — ¡sorpresa!– del Banco de México.

Por tanto, el debate sobre la seguridad interior debe ir asociado al del incumplimiento de las metas de desarrollo nacional que tienen la obligación de promover el Estado, el gobierno y las instituciones legislativas.

La seguridad nacional sin desarrollo social ni democracia sería — ahí sí– un autoritarismo tecnocrático y garantía de criminalidad.

Los legisladores deberían leer — no releer porque no lo han leído—el Programa para la Seguridad Nacional 2012-2018, publicado en abril del 2014 en el Diario Oficial.

Ahí se define la seguridad interior y no como un acto de militarización, sino como un esquema articulado de seguridad como desarrollo, democracia y Estado de derecho. La seguridad interior, dice el documento, es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

El programa también señala los “factores de riesgo” — todos ellos sociales– que multiplican la criminalidad: marginación, pobreza, desempleo, falta de educación, nula integralidad de educación-empleo, además de la desconfianza ciudadana entre sí y la baja confianza en la justicia. La insuficiencia en bienestar crea las condiciones para que la delincuencia pase de absceso infeccioso en el cuerpo social a una metástasis.

En este escenario, el papel de las fuerzas armadas es el de contener la infección criminal, pero la obligación de las instituciones del Estado – los legisladores– es la de crear las condiciones para que haya desarrollo, estabilidad social y democracia.

De ahí la importancia de una la ley de seguridad interior y otras que debiera tener todo Estado para aumentar la gobernabilidad democrática: leyes de inteligencia nacional, de desarrollo nacional, de espionaje, de seguridad nacional y, entre otras, de defensa nacional y llegar a un verdadero Consejo de Seguridad Nacional.

El gobierno peñista debe cumplir lo prometido: “desarrollar y divulgar una cultura de Seguridad Nacional congruente con los valores de una sociedad democrática” y “establecer un Comité de Estudios para definir los elementos mínimos de la cultura de Seguridad Nacional integrado por representantes de las escuelas de seguridad y defensa de las dependencias que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional, así como otras instituciones educativas, el sector privado y la sociedad civil”.

Pero la clave está en la seguridad interior como parte de un modelo de desarrollo que comience con tasas de PIB mayores al 2.2% promedio del periodismo salinista neoliberal.

Política para dummies: La política debe ser el compromiso de cumplir promesas, no de prometer hasta las promesas.

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El general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda puso el dedo en el renglón: la criminalidad no la inventaron ni la promovieron las fuerzas armadas, sino que ha sido responsabilidad de funcionarios apáticos.

A las fuerzas armadas les toca apagar el fuego y pagar los platos rotos.

A las fuerzas de seguridad del Estado les hace falta una revisión del mapa de grupos criminales y a partir de ahí rediseñar estrategias para frenar su avance y desarticular sus mandos. Eso sí, sabiendo –como hoy se sabe– que la atomización de esas bandas genera más inseguridad.

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