Autonomía de las auditorías estatales

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio de 2017.- Ya renunció el titular del órgano de fiscalización del Congreso de San Luis Potosí, en la maraña del video donde un diputado local pide dinero a un presidente municipal, a cambio de solventar diversas observaciones realizadas por la ASE, lo que provocó incluso la desintegración de la Comisión de Vigilancia del Congreso de esa entidad, así como la de la renuncia del Auditor a quien le restaban dos años en el cargo, con posibilidad de reelegirse.

Es un desafío titánico para un Auditor estatal poder trabajar sin presiones políticas, amenazas o riesgos si pretende cumplir adecuadamente con su trabajo. Las presiones son múltiples, destacadamente la presupuestaria.

Y ese es un tema permanente en la preocupación de los organismos internacionales y nacionales vinculados a la fiscalización, así como de los propios auditores estatales. Valdría la pena por ello, realizar un ejercicio graficando la llegada de los nuevos gobiernos y el cambio del titular de la ASF, fuera de su tiempo, para comprobar la vulnerabilidad de los mismos. No sucede en todos los casos, ni en todos los estados, pero lo real es que la mayoría quiere un Auditor, que incluso haga gestiones por ellos.

La corrupción ha sido un tumor nacional que no se ha podido erradicar, aunque hay avances importantes. Hay varios jinetes del apocalipsis en este tema, por ejemplo, la opacidad, el conflicto de intereses, la simulación en las cuentas locales, los sueldos ocultos, la evasión fiscal gubernamental, la indisciplina financiera. Pero afortunadamente es cierto que cada vez avanzamos más en su combate, hasta llegar al Sistema Nacional Anticorrupción que tendrá que madurar.

Se han dado avances en materia de transparencia, un tema que ha implicado un costo presupuestal, pero que en la medida que opera mejor, se convierte en una inversión; hay logros importantes en materia de contabilidad gubernamental, no hace mucho era imposible homologar la contabilidad de estados y municipios, se fortalece esta tarea y se crea la Conac, incluso ya ha llegado a las cuentas públicas estatales y al paquete fiscal estatal. Asimismo, está la Ley de Disciplina Financiera, que surge para enfrentar el sobreendeudamiento estatal y la opacidad y discrecionalidad en la contratación de los créditos. La costumbre en los congresos locales, antes de la Ley, era autorizar un techo de endeudamiento, pero sin saber para qué, con quién y cómo. Total opacidad e impunidad.

Por eso, además de una nueva cultura, es necesario contar con organismos fiscalizadores independientes, con autonomía no solo de gestión sino presupuestal, libres de cualquier injerencia política. Como ha señalado el INTOSAI, “la independencia es la plataforma indispensable para que la revisión de la acción gubernamental pueda llevarse a cabo con objetividad, imparcialidad y sustentada en criterios profesionales, técnicos y jurídicos suficientes… implica que estas no tengan subordinación externa o vínculo alguno respecto de los sujetos a fiscalizar…de no contar con ella, puede convertirse en un arma de la competencia política y en un ejercicio de simulación con graves efectos sociales, políticos e institucionales” (tomado de ‘La independencia de las entidades de fiscalización superior’, libro de la ASF editado en 2009, página 8).

Esta semana he podido hablar con algunos auditores estatales, y por lo menos uno tiene la presión política para que renuncie. Afortunadamente existe la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) que preside el Auditor Superior de la Federación.

La ASF ha tenidos logros importantes en materia de la profesionalización de las auditorias estatales, así como en la definición de los principios básicos de los órganos de fiscalización locales y la construcción del Sistema Nacional de Fiscalización.

[email protected]