Carlos Ramírez | De cárteles y Ayotzinapa, el Estado derrotado

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre de 2020.- Esta vez las fuentes originales de la información, no los académicos ni organismos extranjeros, sino los titulares de importantes niveles: el presidente de la república afirmó que la desaparición y presunto asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa fue culpa del Estado y el responsable de inteligencia financiera de Hacienda reveló la existencia de diecinueve organizaciones delictivas y dos de ellas de “carácter supranacional”.

Las referencias encienden los focos de alarma de la estabilidad porque revelan la descomposición del Estado como autoridad máxima en la estabilidad. En el caso Ayotzinapa, la responsabilidad del Estado ha radicado en el hecho de que autoridades institucionales locales a nivel municipal y estatal en ese año de 2016, por cierto, del PRD, hayan permitido la penetración de los intereses criminales en las estructuras del Estado.

La consolidación de cárteles, que explica el aumento en la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública en situación de crisis de la seguridad interior, también se acredita al Estado en función de la estrategia del sexenio actual de no perseguir bandas ni capos y esperar a la rendición incondicional de delincuentes. Sin la presencia activa del Estado y sus instituciones de seguridad, las bandas criminales han proliferado no sólo en actividades del narco, sino que han comenzado a sustituir al Estado en temas de venta de seguridad o de protección, cobro de cuotas de extorsión y chantajes y secuestros.

La tarea del Estado es, de manera primordial, coercitiva porque el poder es la dominación del otro. Pero el Estado es la única institución que tiene el uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la estabilidad, a menos que de que esa fuerza se use, como en los casos de dictaduras civiles o militares, para oprimir al pueblo. Y en tanto que tiene la legitimidad, la fuerza del Estado es monopólico y no permite ni debe aceptar ninguna otra fuerza, porque grupos civiles carecen de legitimidad para imponer sus condiciones a la sociedad.

Si el Estado fue el responsable del secuestro y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas, entonces estamos frente a una acción represiva del Estado que merece condenarse sin miramientos en la figura de los responsables del Estado en ese momento: el presidente de la republica, el gobernador de Guerrero y el alcalde de Iguala. Pero una cosa es que la responsabilidad recaiga en descuidos o complicidades de funcionarios del Estado y otros que se quiera culpar al Estado nacional como represor y asesino.

Los datos que se tienen no prueban la responsabilidad directa del Estado en el hecho, aunque sí en los intereses para desviar la atención en la investigación y ocultar pistas intermedias. Los estudiantes fueron secuestros por la policía municipal de Iguala y entregados a un grupo criminal, quienes los asesinaron y quemaron sus restos. Sin embargo, las investigaciones primeras en el gobierno de Enrique Peña Nieto quisieron “ayudar” al PRD que tenia el control del gobierno estatal y de la alcaldía y no se indagaron con profesionalismo algunas pistas que se dejaron sueltas –como la de militares– porque no participaron, pero tampoco se deslindaron de manera puntual sus responsabilidades.

De los cárteles a los cuarteles

El caso de los cárteles y su consolidación que reveló el jefe de inteligencia financiera Santiago Nieto tiene, de hecho, su propia lógica. Del primer cártel como unión de grupos de productores y comercializadores de mariguana para controlar el trasiego y los precios en 1984 a le fecha ha habido dos hechos centrales y contrastantes: la construcción de una estructura estatal de seguridad para atender el tema de la droga y el fortalecimiento de las bandas criminales dedicadas a la droga y expandidas por sí mismo o por alianzas a otras especialidades delictivas. A lo largo de treinta y seis años se perciben, como punto de partida, un fracaso del Estado en materia de seguridad antibandas, con la circunstancia agravante de que en 1984 el dato mayor era la complicidad de las policías con los criminales y hoy ese hecho sigue vigente porque ningún grupo delictivo puede asentarse en una parte del territorio del Estado sin la autorización o complicidad de algunas de las estructuras del Estado y sus funcionarios.

El dato ya conocido fue subrayado por Nieto: dos cárteles con funcionamiento supranacional; en efecto, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen presencia en más de tres mil ciudades de los Estados Unidos, están articulados a grupos delictivos de Sudamérica y mantienen oficinas de operación en Europa y otras partes del mundo. De nueva cuenta se debe aplicar el criterio formal del delito: ninguna fuerza criminal puede crecer y expandirse sin la complicidad del Estado y de sus funcionarios.

En 1984, el columnista Manuel Buendía iba a comenzar a publicar algunas evidencias de funcionarios y policías detrás de las primeras bandas de marihuaneros y fue asesinado y el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar entrego a su oficina evidencias de funcionarios detrás del cártel Jalisco de entonces, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, y fue asesinado. No debe olvidarse que el entonces embajador estadunidense John Gavin, con impunidad, realizó una campaña para denunciar que jefes policiacos estaban detrás de los narcos y logró la renuncia del director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez.

Sí, hay evidencias de la gangsterización del Estado, pero nada se ha hecho para detenerla.

Zona Zero

La relación del gobierno federal con los gobiernos locales, estatales o municipales, entró en zona de tensión por el presupuesto, no sólo por menos participaciones en general, sino por recortes a programas de seguridad. Se trata de una crisis de ingresos fiscales por la decisión de no aumentar impuestos ni endeudarse, pero entonces la cobija se jala para tapar a algunos sectores, a costa de destapar a otros. Ante el mínimo repliegue de seguridad hay siempre un aumento delictivo.