Carlos Ramírez | El INE estorba democracia ciudadana directa

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2020.- Luego del fraude electoral de 1988 operado por la Comisión Federal Electoral de la Secretaría de Gobernación al mando de derrotado precandidato presidencial Manuel Bartlett Díaz, el presidente Salinas de Gortari inventó una estructura electoral que instauró la democracia indirecta con el consejo general del IFE como organismo regulador de los procesos electorales.

En los hechos, la astucia de Salinas de Gortari trasladó al consejo del IFE el papel que antes cumplía la CFE de Gobernación. La clave estuvo en la designación de consejeros –primero ciudadanos y luego electorales– para evitar la pérdida institucional, sistémica y de modelo de gobierno del régimen priísta.

A lo largo de su historia, el IFE-INE ha sido un obstáculo a la democracia con reglas y dictámenes emitidos por once personas a veces atropellando a la Constitución, cuando una verdadera democracia no debería tener intermediarios-filtros. Los órganos electorales sólo deben realizar elecciones y las reglas y protestas tienen que pasar por otros organismos.

En treinta años, la intermediación electoral-democrática del IFE-INE nunca ha logrado una elección en verdad democrática.

El primer consejo ciudadano de 1994 envenenó al IFE con su red de intereses ideológicos del sistema/régimen/Estado priísta. Su organización fue planeada por Salinas: una pluralidad de representantes de corrientes ya institucionalizadas –o, en palabras directas– políticamente domesticadas por el PRI:

–La izquierda comunista llegó con José Woldenberg, ex militante del PSUM ya institucionalizado en el sistema oficial de partidos en 1978 con la legalización del Partido Comunista Mexicano y sin ideología de ruptura socialista. Fue la versión de la izquierda socialista universitaria de lucha de porros y no lucha de clases. Woldenberg era ya, entonces, transicionista no socialista y pertenecía al grupo salinista de Aguilar Camín.

–La derecha arribó con Santiago Creel Miranda, director general de la Coparmex, un sindicato patronal del conservadurismo duro que buscaba garantías de votos; además, Creel había encabezado una corriente de reforma transicionista del sistema priísta, no su relevo.

–El centro crítico estuvo con Miguel Ángel Granados Chapa, un periodista dispuesto a ingresar en el sistema/régimen y perder su independencia de criterio. En 1999 aceptó la candidatura del PRD a gobernador por Hidalgo y perdió. En este sentido, Granados siempre estuvo dentro de los de bloques de poder del régimen priísta.

–José Agustín Ortiz Pinchetti fue, en 1994, un adelantado de la lucha civil en organizaciones ciudadanas por la democracia. Pero sus objetivos no eran la ruptura política de sistema/régimen/Estado priísta, sino tan sólo la conquista ciudadana de algunos espacios en esa estructura dominante de poder.

–Ricardo Pozas Horcasitas, con poco activismo dentro de la política práctica, fue un importante académico con estudios críticos sobre ciertas funciones del régimen priísta, pero tampoco buscaba el relevo rupturista del régimen priísta.

–Y Fernando Zertuche Muñoz era un funcionario institucional con prestigio, pero nunca identificado con corrientes renovadoras o rupturistas.

Desde 1994, el consejo general ha sido configurado por figuras funcionales al sistema/régimen/Estado priísta. Su tarea ha sido la de garantizar una democracia procedimental que no cambie el sentido ideológico del equilibrio de partidos fijado por el PRI. Los presidentes del consejo general del IFE-INE son la última línea de defensa del régimen priísta –sea con el PRI, el PAN y ahora con Morena– y su tarea es imponer una democracia autoritaria de procedimientos. El castigo de Woldenberg al PRI con mil millones de pesos de multa fue, en realidad, un parón al grupo priísta de Roberto Madrazo.

Los presidentes del consejo general han sido de la izquierda institucionalizada del priismo salinista (Woldenberg), del priísmo panista rancio de la maestra Gordillo (Luis Carlos Ugalde), del PRD sin rumbo (Leonardo Valdés Zurita) controlado ya por grupos priístas y ahora (Lorenzo Córdova Vianello) de la academia priísta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el último castillo del priísmo de los abogados alemanistas, con alianzas con el salinismo woldeberiano de quien fue asesor.

El IFE-INE es la última institución priísta que requiere demolición para una verdadera transformación de la vida política nacional. Y aún hay tiempo: después de las elecciones del 2021 y antes de las presidenciales del 2024.