Carlos Ramírez I Más allá del decreto y del Cuarto Transitorio

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de junio de 2020.- Cuando el presidente Felipe Calderón decidió enviar a las fuerzas armadas en apoyo de la seguridad pública en diciembre de 2006 por el alto grado de violencia criminal, su argumentación fue la facultad constitucional de la seguridad interior. Desde entonces se sigue debatiendo la participación castrense en seguridad pública sin atender el enfoque de seguridad interior.

En el fondo los debates son procedimentales, de derechos humanos, de daños colaterales; hasta ahora no ha habido ninguna queja de que las fuerzas armadas hayan atacado de manera intencionada a movimientos sociales de protesta. La Ley de Seguridad Interior de 2017 fue bloqueada en la Suprema Corte en 2018, pero sin entrarle al punto central: el papel de las fuerzas armadas en la estabilidad social, política y económica del Estado ante los ataques de los grupos criminales nacionales y locales a la seguridad interior.

Más que acercarse las policías civiles a las doctrinas militares por el contacto cotidiano en operativos, el fenómeno ha sido al revés: los militares han tenido que asumir los valores civiles de la seguridad; imperio de la ley, respeto a los derechos humanos, tribunales civiles en casos de exceso de fuerza y acatamiento de la existencia y movilidad de los movimientos de protestas sociales civiles.

El decreto del 11 de mayo que autoriza a las fuerzas armadas a apoyar labores de seguridad, el Cuatro Transitorio constitucional que lo permite y el incumplimiento del Séptimo Transitorio que obliga a gobernadores y alcaldes a profesionalizar sus cuerpos de seguridad, aunado al activismo impune de los cárteles del crimen organizado —El Marro, El Mencho y Ovidio–, crean las condiciones de una nueva fase de crisis de la seguridad interior porque el Estado ha dejado de funcionar en las zonas dominadas por esos grupos.

Y, de paso, hay ya presiones de seguridad nacional por la ofensiva de las agencias de seguridad de los Estados Unidos en su país y en México en contra de esos tres líderes criminales, en tanto que el presidente Trump ha ordenado perseguirlos en México.

Por lo tanto, el escenario estratégico, de seguridad interior y nacional y de presiones internacionales obliga a la revisión del decreto en función de las doctrinas de seguridad del Estado y de la sociedad. Los militares no han llegado a la seguridad pública con la consigna de matar, sino a cumplir con su función de garantizar la soberanía, la independencia y la seguridad del Estado, de la sociedad, del desarrollo económico ante el fracaso de las policías civiles.

Lo interesante del caso es que políticos, partidos, oposición, legisladores, abogados y hasta ministros de la Corte siguen preguntándose qué rayos es la seguridad interior que avala la participación de las fuerzas aradas en situaciones de emergencia del Estado, la sociedad y el desarrollo, cuando viene desde la Constitución de Cádiz de 1812. Durante catorce años se ha debatido el papel de los militares en seguridad pública, excluyendo la seguridad interior. Ahora parece que nos enfilamos al mismo debate inútil de la militarización de la seguridad pública cuando leyes, reglamentos, vigilancias y protocolos son civiles, aunque sean operados por militares.

Y queda al final de cuentas la percepción de que las fuerzas armadas son la garantía de defensa de la libertad, la soberanía y la estabilidad para el desarrollo y no han abusado de su fuerza y que los casos excepcionales han sido investigados y castigados por tribunales civiles.

El problema de fondo parte de premisas equivocadas: el problema no son los militares, sino los funcionarios, policías, organizaciones sociales –todas ellas civiles— que no han podido con el problema de la seguridad y que su ineficacia ha llevado a la decisión de convocar a las fuerzas armadas a defender al Estado y a la sociedad del avance impune de los criminales, con el apoyo de las corrupciones civiles en seguridad y política.

Si las fuerzas armadas son la última línea de defensa del Estado, la soberanía y la sociedad, entonces quitarlos de labores en la que han fracasado políticos, gobernantes, ministros y abogados significaría cederles la plaza a los delincuentes. Si gobernadores y alcaldes se niegan a profesionalizar sus policías y con ello impulsar al alza los delitos de furo común, entonces quién defenderá a la sociedad.

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Política para dummies: La política es la continuación de la guerra por otros medios, con el permiso de Clausewitz para una lectura de su tesis.

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