Carlos Ramírez | Las opciones anticrisis que no se atendieron

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto de 2020.- En julio, ya en ruta de salida forzada de la pandemia por el deterioro productivo, el vicegobernador del Banco de México Gerardo Esquivel publicó un texto para dar su punto de vista sobre “Los impactos económicos de la pandemia en México”, aunque en el fondo para alertar sobre los altos costos sociales pagados por mantener la ortodoxia hacendaria.

Esquivel era una pieza clave del grupo económico de la 4-T antes y durante la campaña electoral, pero fue desplazado de subsecretario de Hacienda al Banco de México por sus opiniones heterodoxas sobre política, desarrollo y economía. Puede decirse que Esquivel se acercó a una propuesta real de modelo de desarrollo posneoliberal, pero careció de autonomía como subsecretario de Egresos de Hacienda.

No es, pues, un enemigo de la 4-T; al contrario, pudiera decirse que es de los pocos cuadros que tiene un proyecto alternativo a la estrategia neoliberal salinista 1979-2018. De ahí la importancia de su texto que se presenta como “impactos económicos”, pero enfatiza el agravamiento social por la falta de decisión del Estado para atenuar la pobreza adicional provocada por las decisiones gubernamentales ante la pandemia.

Además del efecto negativo en el PIB, el desplome del consumo y el choque laboral por el frenón de la actividad económica que se están confirmando con las cifras oficiales, Esquivel lanzó la primera advertencia del costo social adicional:

Se anticipa un aumento importante en las tasas de pobreza total y extrema en el país. Según diversas estimaciones, alrededor de 9 millones de mexicanos podrían pasar a ser considerados como pobres y un número similar podría caer en situación de pobreza extrema (dieciocho millones en total). Este efecto podría llevarnos a alcanzar las tasas de pobreza más elevadas en lo que va del siglo. A la larga, éste será́ quizá́ el impacto más duradero y doloroso de esta crisis y el que requiere una atención de carácter más inmediato.

La clave de las propuestas de programa de apoyo emergente ante la crisis de Esquivel radicó en la protección de las fuentes de empleo y de los trabajadores. Esquivel delineó cinco decisiones de Estado con cargo a la política económica y presupuestal:

1) Un seguro de desempleo de emergencia que pudiera beneficiar al poco más de un millón de trabajadores formales que han perdido su empleo; 2) un programa de protección a la nómina que ayudara a las empresas a sostener un mayor número de empleos formales; 3) el diferimiento en el pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y medianas empresas; 4) un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros costos fijos (para restaurantes u otros negocios especialmente afectados por la pandemia); y 5) un programa que le otorgara un apoyo mínimo a los trabajadores informales que hubieran perdido temporalmente su fuente de ingresos.

La lógica económica de Esquivel radicó en la defensa de la planta productiva para proteger el empleo y evitar el cierre de fuentes de trabajo y el aumento del desempleo con trabajadores del sector formal e inclusive los del sector informal que no pudieron salir a las calles a vender. Como no hubo ese apoyo, hoy las cifras de quiebra de empresas, de salida de trabajadores de la población económicamente activa, de aumento del desempleo formal, de crisis en el sector laboral informal y de aumento de pobreza que se resumen en la cifra prevista de PIB anual de -9% a -12%.

A la vista de lo previsible de la crisis productiva de 2020, el escenario a atender es el de mediano plazo de 2021 a 2025 y de largo plazo de 2025 a 2030. El documento de Esquivel fue circulado en la segunda quincena de julio y los datos oficiales de agosto confirman el costo económico y productivo del frenón económico. El gran desafío radica en reconstruir la política económica, la estrategia de desarrollo y los diseños presupuestales para saber si el país podría recuperar lo perdido o comenzará la contabilidad del desarrollo a partir del hoyo recesivo de 2020.

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