Censura: ¿El nuevo caballo de Troya?

DESCOMPLICADO

En la regulación de medios, la defensa de las audiencias es un caballo de Troya hermoso, justificado y deseable. La censura es el ejército oculto en su vientre.

La analogía del Caballo de Troya describe a la perfección el mecanismo de control donde un regalo, aparentemente, inofensivo esconde en su interior el arma para destruir al receptor desde adentro.

Los troyanos introdujeron a su ciudad amurallada el caballo que dejó el ejército griego porque creyeron que era una ofrenda religiosa y un símbolo de paz. De igual manera, un gobierno autoritario presenta leyes de medios con un diseño impecable y narrativas nobles que el público e incluso los sectores progresistas exigen, como combatir la desinformación, informar con veracidad o ejercer con ética. La sociedad civil baja la guardia, abre las puertas de la legalidad y aplaude la creación de la ley, legitimando el “regalo”.

El peligro del caballo no estaba en su exterior, sino en lo que llevaba dentro. En las leyes de censura disfrazada, los soldados ocultos son los conceptos jurídicos indeterminados y las cláusulas ambiguas, términos como “atentar contra la paz social”, “difundir desestabilización” o “vulnerar la seguridad nacional”. Mientras el ciudadano común ve una ley para evitar que se insulte a la gente en televisión, el censor ve un arsenal de herramientas legales ambiguas, listas para activarse en el momento en que una periodista o un periodista sean críticos contra el gobierno o denuncien actos de corrupción de políticos o servidores públicos en radio o televisión.

El tema está en la conversación pública, una vez que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informaron que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para garantizar los derechos de las audiencias y establecer los códigos de ética en radio y televisión se someterán a consulta pública (del 27 de julio al 21 de agosto).

Entre los derechos que contempla el proyecto destacan recibir información veraz y oportuna; distinguir claramente entre información noticiosa y opinión; diferenciar la publicidad del contenido editorial y garantizar el derecho de réplica, entre otros puntos.

¿Debemos preocuparnos? Sí. Ejemplos: en Venezuela, la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (aprobada en 2017) nació bajo la premisa de erradicar discursos violentos en las pantallas y redes sociales. En la práctica, se utiliza para detener a ciudadanos, periodistas y cerrar medios de comunicación que critican la gestión económica o denuncian violaciones a los derechos humanos.

En Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ha sido utilizado sistemáticamente para cancelar las licencias de operación de decenas de estaciones de radio locales y canales de televisión (especialmente católicos y comunitarios), bajo el pretexto técnico de “no cumplir con las normas de transmisión” o “alterar la paz social”.

En Rusia, tras la invasión de Ucrania, el gobierno endureció las leyes de control de medios. Bajo el pretexto de proteger a la audiencia de “información distorsionada” que afecte la seguridad nacional, se prohibió el uso de la palabra “guerra” o “invasión”, castigando con hasta 15 años de cárcel a quienes difundan lo que el Kremlin califique como “información falsa” sobre el ejército.

En los casos referidos, bajo el mandato de “defender a la audiencia de contenidos tóxicos o falsos”, el organismo regulador sanciona, multa o revoca la licencia del canal de televisión o estación de radio más crítica. El efecto final: la plaza pública queda desmantelada. El gobierno no tuvo que enviar tanques ni intervenir estaciones de radio o canales de televisión, lo que dañaría su imagen internacional; utilizó los propios mecanismos judiciales y administrativos creados “para proteger al pueblo” para dejar entrar al monopolio de la verdad estatal.