Coautor del desalojo en 2006, va con CNTE y Morena en Oaxaca

OAXACA, Oax. 22 de mayo de 2018.- El ex secretario general de Gobierno en Oaxaca, Jorge Franco Vargas, coautor del desalojo en 2006 que detonó un conflicto social y político del que todavía no se resarcen los daños, fue absuelto por la Sección 22 del SNTE.

Ahora, la CNTE va de la mano con este personaje, vinculado a crímenes de lesa humanidad por los que el magisterio, supuestamente, ha pedido castigo.

Conocido entre sus cercanos como El Chuky, fue grabado en una reunión de operación electoral a favor de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca.

En la misma se pueden ver a algunos profesores que pertenecen a la CNTE, además de otros militantes que participan en las tareas de campaña.

La disputa anterior que ha provocado infinidad de movilizaciones en Oaxaca con el pretexto de solicitar castigo a los responsables de 2006 se disolvió, aunque en los pliegos de peticiones del magisterio sigue dando la apariencia de solicitar castigo al ex gobernador Ulises Ruiz.

En julio de 2006 el entonces gobernador lo destituyó como Secretario General de Gobierno a petición de la CNTE, los maestros lo acusaron de implementar una “política represiva” y de complicar los conflictos sociales en Oaxaca según dijo en ese momento el vocero de la Sección 22, Daniel Rosas Romero.

Los maestros lo acusaron de seguir operando en el gobierno a pesar de haber sido destituido del cargo, y que conformó lo que llamaron “las caravanas de la muerte” a las que atribuyeron detenciones ilegales, desapariciones forzadas y por lo menos 21 muertos, algunos de ellos en las barricadas que instalaron los inconformes en la ciudad de Oaxaca.

Según informes de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) que estuvo activa durante el sexenio de Gabino Cué, obtuvieron un parte informativo de un mando militar el cual decía que Jorge Franco Vargas, como secretario general de gobierno “opera una organización supraestatal con la presunta complacencia del gobernador del estado (Ulises Ruiz Ortiz), en la que figuran unos 40 elementos de la policía ministerial y una cantidad no precisada de elementos de la Policía Preventiva, así como vehículos, armas y equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta con un valor de 8 millones de pesos”.

En su informe, señalaron que durante la gestión de Ulises Ruiz se reportaron 97 desapariciones y que obtuvieron evidencia de unos cinco lugares en los que presuntamente agentes del Estado mexicano o personas que actuaron con la autoridad y complicidad de agentes del Estado habrían realizado inhumaciones de activistas del conflicto social de 2006.

Asimismo, la CNDH emitió la recomendación 7/2009 en la que señaló que

“servidores públicos del Estado mexicano, particularmente del Gobierno federal; del Gobierno del estado de Oaxaca; así como del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; vulneraron en perjuicio de los agraviados Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, los derechos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justi­cia, defensa y debido proceso”.

La presentación de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que desaparecieron en mayo de 2007, es una de las demandas que ha enarbolado el magisterio disidente hasta la fecha en sus cientos de protestas, y a uno de los personajes a quien han acusado directamente de estos hechos es precisamente Jorge Franco.