Constituciones y transformaciones

OAXACA, Oax., 26 de mayo de 2019.- Diversos académicos coincidimos en observar que las tres transformaciones históricas de México han desembocado cada una en su respectiva asamblea constituyente que ha aprobado una nueva Constitución.

La independencia dio pie a la Constitución de 1824  la Reforma a la Constitución de 1857 y la Revolución a la Constitución de 1917 aún vigente con todo y sus más de 700 reformas, lo que según algunos torna innecesario y hasta riesgoso un nuevo ejercicio constituyente.

Pero lo que se enfatiza menos es que la Constitución resultante del proceso revolucionario transformador que le antecede a su vez refleja el nuevo pacto social mediante directivas, principios y reglas que servirán de marco axiológico para las estrategias y políticas que la organización del Estado habrá de implementar en garantía de los derechos.

También se dice poco sobre las distorsiones a que se enfrenta el que se convierte en nuevo modelo constitucional porque la realidad o contexto sociopolítico y el manejo del poder así lo obliga, lo que suele provocar una reacción y después la siguiente transformación y la refundación o al menos el reordenamiento del texto constitucional.

Véase si no.

La Constitución federal y casi confederal de 1824, con todo y sus defectos y disfunciones que eran corregibles fue desplazada por un golpe técnico en el Congreso que se autodeclaró constituyente en 1835 y aprobó las 7 leyes constitucionales que implantaron el centralismo y la reconcentración de fueros y privilegios en una sociedad semifeudal.

La consecuente pérdida de más de la mitad del territorio nacional entre 1836 y 1848 y las recurrentes dictaduras santanistas motivaron la revolución liberal de Ayutla y la Constitución de 1857 cuyas disfunciones ante el contexto sociopolítico son muy conocidas.

Presidente débil y Congreso y Poder Judicial fuertes más principio laico, federalismo y soberanía de los estados, jefes políticos regionales, poca participación política, clientelismo  elecciones manipuladas y gobierno pobre provocaron la pretensión del Imperio de Maximiliano, la defensa juarista de la República y más tarde la dictadura constitucional porfiriana que logró imprimir cierto orden forzado y progreso al país.

La prevalencia de una estrategia y políticas económicas proto-desarrollistas orientadas a la explotación de recursos naturales y la exportación de materias primas en detrimento de los derechos sociales generó las condiciones para la revolución política (1910-1913) y social (1913-1916).

En su turno, la Constitución de 1917 sirvió de marco institucional para revertir aquella estrategia porfirista colocando el énfasis en los derechos y políticas sociales negados a lo largo de medio siglo.

Tal estrategia fructificó a costa de reprimir los derechos políticos pero a cambio del crecimiento y el desarrollo económico que hizo pasar a México de la periferia a la semiperiferia como país industrializado, más urbano, clasemediero, estable y avanzado que nunca en su historia. El llamado «milagro mexicano» de 1940 a 1982.

Excesos y fallas en la aplicación de esa estrategia en la década de los setenta facilitó el giro neoliberal intensificado luego de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 y también aceleró el cambio en contenidos constitucionales en favor de los derechos individuales civiles y políticos, ahora a costa de los derechos sociales.

El círculo vicioso generado en el transcurso de las recientes dos décadas debido a múltiples factores –índice de natalidad, bajo crecimiento económico,, inseguridad, violencia, crimen, corrupción y anomia, en un contexto de escasez y recambio en la economía mundial, sin negar ciertos avances– produjo el triunfo de Morena y aliados cuyo mandato recogido en las urnas ahora el gobierno de la prometida 4T está instrumentando.

De nuevo, inspirada en la tradición popular y el constitucionalismo social mexicano de Hidalgo y Morelos en adelante, contrapuestos a la sola visión liberal individualista, la estrategia populista y nacionalista liderada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no menos pragmática que su antítesis está volviendo a priorizar  los derechos sociales.

Debe hacerlo agregando un genuino componente de liderazgo ético y promoviendo el compromiso comunitario porque sin gestos ejemplares y cohesión social los derechos civiles y políticos individuales pierden sustancia y entran en zona de riesgo, como es evidente en la vida cotidiana y los comicios locales.

Sólo que cuando las transformaciones históricas comienzan a institucionalizarse por la vía de las reformas constitucionales y legales: Política penal, Guardia Nacional, Educación, Trabajo y otras en curso o por venir en Justicia, Democracia, Federalismo y Municipio, etcétera, entonces el entramado del poder y las decisiones erróneas, de las que nadie está exento, así como  la no menos histórica brecha entre modelo constitucional y realidad o contexto sociopolítico podrán incentivar prácticas autoritarias.

La historia enseña que si ello ocurre esas disfunciones alimentarán la reacción y, con el tiempo, la transformación subsecuente.