Derechos y dignidad: Esencia de las campañas

Hacia el 1-J

OAXACA, Oax. 1 de abril de 2018.- A partir de la reforma constitucional en derechos humanos y justicia constitucional, del año 2011, el Estado Mexicano reforzó el cambio de paradigma jurídico y político que estuviera vigente por poco más de 150 años, es decir, desde la Constitución de 1857.

Ese cambio de paradigma, en esencia, significa eliminar la equivalencia entre Derecho y ley y reemplazarla por Derecho, Constitución y Tratado, a la vez que sustituir la separación entre Derecho y moral por la relación laica entre Derecho, derechos y dignidad humana.

Ello ocurre en el marco de la pluralidad política y la diversidad cultural que desplazaron al partido casi único y el proyecto mono-étnico nacional.

El cambio, desde luego, es muy profundo y se irá asimilando poco a poco.

Sumado a lo anterior, las reformas estructurales acordadas en 2012 a través del Pacto por México (educativa, financiera, fiscal, energética, y telecomunicaciones, electoral, transparencia, y anticorrupción), consagradas en la Constitución y leyes en los años siguientes, fijaron mecanismos para evaluar los resultados de esas políticas a través de organismos autónomos tales como el INEGI, el INEE, INAI y, en particular, el CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social).

En relación con los tres meses (marzo 30-junio 27) de campaña en curso, intensos en opiniones, críticas, discusiones y debates en torno a los problemas públicos del país, bien harían las instancias correspondientes — actores políticos y gobiernos– en mostrar apertura, transparencia y máxima publicidad con la información que permita estimular la libertad de expresión (investigación, conocimiento, opinión, difusión) a efecto de formar convicciones y conductas electorales.

Me parece que es recomendable que el análisis y el debate gire en torno, por ejemplo, al principio de progresividad de los derechos, establecido en el artículo 1o de la Constitución desde 2011, y se discuta, pruebe o refute si las reformas estructurales han favorecido o no a las personas en términos individuales y colectivos.

Algo como lo que intentó hacer el gobierno federal con sus spots sobre la baja en el precio de la telefonía, no así con el dólar o la gasolina, o bien sus opositores en sentido contrario.

Lo anterior significa, ilustrativamente, como ya lo muestra la campaña de José Antonio Meade, más que en descalificaciones subjetivas a Andrés Manuel o a Ricardo Anaya, concentrarse en proponer medidas viables en favor de los derechos sociales de mujeres, jóvenes, niños y otros grupos vulnerables. Y si esto es posible bajo aquel paradigma y modelo económico prevaleciente, en sus términos o con ajustes.

Que se enfoque en prometer y promover con máxima convicción, sinceridad y autonomía el deslinde y corrección respecto a los errores y abusos cometidos, mismos que operan en contra de la satisfacción de los derechos de una población legítimamente dolida, harta y desencantada con las promesas incumplidas, al punto de estar dispuesta a vengarse votando por revertirlas.

Significa que la campaña de Ricardo Anaya y la de Margarita Zavala aclaren y precisen en qué sí y en qué no avalan aquel paradigma y estrategia, y qué harían para ajustarlas y mejorarlas por el bien individual y el bien común que tanto dicen defender y promover.

Plantear propuestas originales para compensar a los débiles.

Para la campaña de López Obrador, ello tiene que ver con el imperativo no solo de criticar la estrategia económica, las reformas estructurales y las desviaciones ilícitas que son del dominio público.

Lo tiene con las garantías necesarias y suficientes para que el votante indeciso se convenza de que si le deposita su confianza esta no será trocada en un escenario de mayor polarización, fragmentación e ineficacia.

Que sus políticas nacionalistas, de inspiración “juarista” y “cardenista”, no traerán costos aún más elevados, ya sea la “venezolanización”, la “echeverrización” e incluso, perdón por el epíteto, la “ortizmenización” de México.

Simple y sencillamente, que procurarán defender y poner de pie al país y los connacionales dentro y fuera de su territorio pero con estabilidad macroeconómica y la normalidad pluralista democrática que le hace posible contender y, a las que obligan, por si no se recuerda, los artículos 25 y 3o de la Constitución.

No hay margen para otra cosa, ni a través de la llamada “Constitución moral” que se viene predicando, la que en mi opinión no haría sino dividir más a los mexicanos.

A las instituciones electorales les toca apegarse lo más posible a la integridad y los principios constitucionales electorales.

Justificar, con sus mejores actitudes, conductas, argumentos y comunicaciones cada acto y resolución bajo su competencia.

Abrir al máximo, según los artículos 6o y 41 constitucionales, sus procederes interiores y reuniones privadas documentadas sin violar sus obligaciones con el interés público en términos de la propia Constitución.

Olvidarse de posibles aspiraciones políticas futuras y dedicarse a su presente profesional, imparcial e institucional.

A los ciudadanos, organizaciones civiles, instituciones educativas y medios de comunicación corresponde la tarea de documentar las opciones y argumentaciones de unos y otros candidatos e instituciones: Evaluarlas, criticarlas, proponer y divulgar.

Si tienen preferencia electoral, los medios y periodistas deberían manifestarla para nombrar su juego y hacerlo más creíble ante un público cada vez menos mentecato.

El debate tipo Milenio y periodistas invitados ante Andrés Manuel solo ocurre en México, y sus post-ediciones peor aún.

La libertad en las redes ya forma parte de la división real de poderes, y sus buenas y malas prácticas influyen como nunca en los comicios.

Las instituciones autónomas de relevancia constitucional, léase las universidades, deberían alentar la discusión, vigilancia y participación más activa en el marco de sus estatutos cuidando de no gastar el amplio crédito adquirido -junto con fuerzas armadas e iglesias- a lo largo de las últimas dos décadas.

En general, habrá que reconocer las buenas y soportar el asedio de las malas prácticas de unos y otros, unos más y otros menos hábiles, en un contexto de inseguridad y violencia que puede minar el ánimo pero que no debería apagar la vela del espíritu cívico y participativo.

Democracia y derechos, deberes, controles y límites al ejercicio del poder son asuntos públicos y, por tanto, corresponsabilidad de todos.

Si queremos que México alivie sus males y avance en libertad y prosperidad, igualdad y justicia, entonces hay que exigir y opinar, valorar y participar, sentir y ponderar, pensar y decidir.

Hay que ejercer la ciudadanía en la pluralidad y la diversidad sin temor a la inseguridad y los asedios.

A no dudar: Hay que defender los valores democráticos (respeto, diálogo, participación, tolerancia y paz) y no transigir con quienes acaso proponen cambiar solo para que todo siga igual.

El mayor reto de la libertad pública es elegir buen gobierno para vivir mejor y no peor. Para coexistir con dignidad. Este es el sentido del principio de progresividad de los derechos que los ciudadanos deberíamos exigir y ponderar.