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OAXACA, Oax. 28 de enero de 2026.- El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Alejandro Carrasco Sampedro, afirmó que durante el proceso de cómputo de la revocación de mandato no se registró ninguna caída de sistema y que las plataformas operaron de manera adecuada.
Durante la sesión del Consejo General, señaló que los debates y cuestionamientos entre actores políticos forman parte del contexto democrático del ejercicio, pero subrayó que a la autoridad electoral le corresponde cumplir con la ley y garantizar los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad.
Carrasco Sampedro sostuvo que, donde algunos actores ven irregularidades, el Instituto acredita legalidad desde el inicio del proceso, y explicó que todos los actos previstos en la Ley de Revocación de Mandato se cumplieron conforme al calendario aprobado.
El consejero reconoció el trabajo de las personas funcionarias de casilla, de los consejos distritales y del personal operativo del IEEPCO, quienes —dijo— realizaron el escrutinio y cómputo de los votos conforme a la normatividad, en un plazo reducido y con diversos retos institucionales.
Precisó que el IEEPCO no tiene facultades para atraer cómputos o modificar resultados distritales, y aclaró que cualquier inconformidad debe presentarse por la vía legal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.
En relación con versiones sobre una supuesta caída del sistema, explicó que el sistema de cómputos funcionó correctamente y sin afectaciones, y que lo único que se registró fue una alta demanda en el sistema de consulta pública, lo cual no interrumpió ni alteró el cómputo oficial.
Añadió que los porcentajes oficiales son los consignados en las actas de cómputo y que estos estuvieron disponibles conforme avanzó la captura de resultados, sin que existiera manipulación o interrupción del proceso.
Indicó que el Consejo General integrará el expediente correspondiente para remitirlo al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, conforme lo establece la ley, y reiteró que el Instituto actuó con apego estricto a la normatividad y con compromiso democrático.