Desconfianza e impunidad

OAXACA, Oax., 21 de mayo de 2017.-  En días recientes se inauguró y dio inicio en Oaxaca el Diplomado en “Derecho y Justicia Electoral. Hacia las elecciones concurrentes 2018”.

Se trata de una esfuerzo cooperativo entre la Coordinación de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UABJO y las autoridades electorales locales y federales para actualizar conocimientos y fortalecer habilidades en la materia de cara a uno de los años más complejos por venir en el ámbito político electoral.

Oaxaca se vistió de gala al recibir, en el acto de apertura, al doctor Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y a la doctora Jannine Otálora, Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dupla brillante de talla internacional. Fue muy bienvenida en la tierra no sólo de Benito Juárez y Porfirio Díaz, sino también de Margarita Maza, los hermanos Flores Magón, José Vasconcelos y la primera ministra mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Cristina Salmorán de Tamayo.

Ante poco más de 80 alumnos inscritos al Diplomado, escuchamos a Lorenzo Córdova hacer un recuento general de las ocho reformas electorales desde 1977 hasta 2014, hacer notar que en 2017 se cumplen 40 años de la reforma política impulsada entonces por don Jesús Reyes Heroles, y que las elecciones de 2018 se organizarán conforme con las reformas aprobadas en 2014.

Sobre estas últimas, advirtió que desde el INE se han interpretado y ejecutado de dos formas. La primera, entre 2014 y 2015, en que el organismo autónomo que preside se asumió como rector de los procesos electorales de las entidades federativas pero con la convicción de diferenciar competencias y deberes en relación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), dedicados a organizar las elecciones no federales.

La segunda, después de 2015, y a la luz de casos lamentables, por ejemplo, el de las graves violaciones legales instrumentadas por los partidos y consejeros electorales del OPLE de Chiapas  –un verdadero fraude electoral posmoderno y pre-moderno vía la manipulación del padrón electoral— que justificaron la asunción plena del papel del INE como cabeza de una autoridad electoral nacional que ha desembocado en la aprobación del Reglamento Nacional de Elecciones.

Esto último, en particular, dado que el mandato del pueblo de México a través de sus representantes políticos, expresado en la reforma electoral de 2014, consiste en garantizar los mismos parámetros de calidad de todos los comicios que se celebren en el país.

Ello deberá ocurrir en 2018 cuando tendrán lugar 30 procesos electorales locales -salvo en Baja California y Nayarit-  más el federal, se renueven 3,326 cargos, puedan votar 87.7 millones de ciudadanos, se tengan casillas únicas para votar en hasta 7 urnas, esto involucre a casi un millón de ciudadanos para recibir y certificar la votación, todo lo cual hará mucho más relevante el uso de la tecnología desde las propias casillas electorales para transmitir los resultados preliminares.

Escuchamos también a la doctora Otálora, en una muy fina reflexión, recordar el exitoso cambio de modelo de justicia electoral mexicano, que durante más de siglo y medio estuvo en manos de los congresos del país, que calificaban las elecciones y llegaban incluso a negociar sus resultados sacrificando la voluntad popular, a un esquema en el que son los tribunales electorales, especialmente el TEPJF, los que se encargan de resolver en última instancia, conforme con la Constitución y las leyes, las impugnaciones sobre las elecciones.

Al destacar que mucho de la arquitectura constitucional, legal e institucional en materia electoral que hemos realizado los mexicanos en los últimos cuarenta años, así como la labor protectora y garante de derechos de la militancia partidaria, mujeres e integrantes de pueblos y comunidades indígenas, entre otros sujetos del Derecho Electoral, ha respondido al principio implícito de la desconfianza que corroe las relaciones sociales y políticas en México, anticipó que durante su mandato tratará de modificar algunas de las líneas jurisprudenciales protectoras de derechos que considera excesivas o desproporcionadas.

Cabe apuntar que si la desconfianza ha sido el motor de las negociaciones políticas, reformas electorales y garantías institucionales para alcanzar un grado mínimo necesario de integridad en las elecciones, y que ésta es valorada en términos de una historia de éxito en un país tan grande y complejo, sobre todo con una larga historia de limitaciones y manipulaciones a los derechos electorales, ni está erradicada ni es el único virus que debilita la vida pública nacional. A ella se suma la impunidad que no es menos dañina y perjudicial.

La impunidad, es decir la falta de sanción efectiva a la irresponsabilidad y la ilicitud, es acción y omisión que atraviesa instituciones sociales, económicas, políticas y culturales.

Si no pasa nada, si no hay consecuencias cuando se viola la ley y la Constitución, cuando se violan los derechos -desde la familia hasta las empresas, sindicatos y el gobierno-,  entonces la impunidad reina soberana, desata ambiciones no reguladas, aumenta el descrédito y reproduce la desconfianza.

Estas dos plagas diezman la cosecha de reconocidas virtudes mexicanas -honestidad, dignidad, solidaridad- que también habitan en la construcción comunitaria, popular y social cotidiana, y las atan a la cruz del egoísmo, la envidia, la mentira y la simulación. Terminan, a la luz del día, por crucificar al pueblo en la selva de la corrupción generalizada, convertida en brecha hacia la sobrevivencia y la comodidad.

De allí que la transición democrática electoral mexicana, que debiera ser consolidada en estos años cruciales, a la vez deba ser reforzada con el sistema de rendición de cuentas, es decir, archivos, transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, planeación, presupuesto y ejercicio responsable, combate a la corrupción y sanciones efectivas.

De allí la importancia de que los mexicanos y los oaxaqueños nos tomemos en serio el reajuste de instituciones y prácticas que redunden en mejor Estado de Derecho. De ser así, entonces podremos subirnos a la espiral de un futuro esperanzador, nutricio y saludable.

De no ser así, lo que nos espera es un tobogán al estanque de la anomia y la frustración.