Eficacia jurídica y política institucional

OAXACA, Oax., 6 de agosto de 2017.- El Congreso académico “Elementos para la forja del Estado Constitucional”, recién celebrado en la Universidad Autónoma del Estado de México, puso el acento en la eficacia normativa e institucional en el contexto de la globalización y sus avatares.

La eficacia se predica de cada regla, institución y acción de la vida.

Significa que las cosas pasen y no que se queden en pensamiento o diseño, en plan o programa. Más bien, que se traduzcan en hechos y cumplan con sus propósitos. Que haya productos, resultados e impactos que se puedan medir, incluidos los pensamientos. Que se pruebe que progresamos y no nos estancamos, degradamos o regresamos en los hechos.

La eficacia no equivale a efectividad y eficiencia. Estas son palabras más propias del ámbito de las políticas públicas que del Derecho.

En el contexto de la globalización y sus avatares, ya en el pasado los mexicanos nos hemos enfrentado a graves retos y salimos avantes.

Lo hicimos después de perder más de la mitad del territorio nacional en la primera mitad del siglo 19 y durante las amenazas imperiales de inicios y mediados del siglo 20.

Las respuesta fueron el sistema político y jurídico juarista-porfiriano, a finales del siglo 19 e inicios del 20, cuando se agotó, y el presidencialismo priista a mediados y finales del siglo 20, cuando se volvió a agotar.

Estamos, en breve, en un nuevo ciclo de amenazas imperiales y desafíos internos que conduce a la reconfiguración del sistema político nacional, incluidos los locales, en el marco de la tercera y cuarta revoluciones industriales (informática, bioquímica y de la inteligencia artificial).

Las respuestas no son tan inmediatas. No lo fueron antes y no lo podrán ser ahora, aunque sigamos reformando la Constitución y leyes, dado que la cultura y los intereses cambian con mucha más lentitud.

Por ello, en parte, es que en el Derecho se observan altos grados de ineficacia y se aprecie urgente revertir tal condición. Para ello, insisto, no bastan las reformas legales. Estas pueden ser necesarias pero, por lo general, no son suficientes.

Usualmente, la eficacia del Derecho se predica con respecto a la función judicial.

Si funciona la justicia, entonces, así sea en última instancia, el Derecho es eficaz. Se postula que si un signo de las sociedades modernas es su litigiosidad, la judicatura debe gestionar y resolver la demanda social de manera accesible, independiente, imparcial, pronta, expedita y efectiva. Luego se olvida apuntar que la buena justicia es mejor con buenas leyes, administración y operación.

Así pues, no obstante la innegable importancia del papel de la judicatura en el tema, otras funciones también son clave.

Por un lado, se deben adoptar las políticas públicas adecuadas para empoderar a las personas y aumentar su conocimiento mínimo y capacidad de defensa y exigencia de sus derechos.

Ahora bien, las propias personas con mayor poder social deberían asumir un rol más proactivo para ejercer y defender sus derechos y los de la comunidad societal en la que interactúan, sobre todo en favor de los más desaventajados, y no contribuir a excluirlos y liquidarlos. Con el tiempo, la exclusión aumenta el conflicto y aparece la competencia entre dos o más ilegalidades (caso Venezuela o en varias zonas de México y Oaxaca). En casos extremos, hablar de estado constitucional es broma.

Por lo tanto, es indispensable la concurrencia de los tres sectores de la economía: público, privado y social a efecto de conjugar recursos y esfuerzos destinados a la educación y cultura de los derechos y la legalidad. Los liderazgos de estos sectores tienen el deber de innovar, orientar y conducir tales procesos en el contexto en que ocurren y no en la logosfera o en los restaurantes de lujo.

Es determinante la previsión presupuestal gubernamental etiquetada para tales fines, así como su ejercicio y rendición de cuentas puntuales conforme con el plan y el programa respectivos, razonablemente a tiempo pero sustancialmente justificado.

Pero hay que hacerlo en serio y no incurrir en negligencias ni simulaciones.

Cuando el ciudadano actúa como servidor público queda investido, según su nivel, de facultades y responsabilidades especiales que debe honrar en términos jurídicos, institucionales y éticos. Si no, los instrumentos de control y sanción de sus conductas deben operar de manera efectiva.

Estas deberían ser formales o legales y no informales o ilegales, como ocurre con harta frecuencia. El buen ejemplo público debería premiarse y  el mal ejemplo castigarse siempre.

No menos aconsejable es la alianza con los sectores privado y social para planear y aplicar de manera transversal, a toda institución social y política relevante, una estrategia educativa y cultural de promoción de la cultura de los derechos. Aquí hay que sumar a los agentes de la comunidad internacional en debida proporción.

Desde luego, es indispensable la colaboración con las instancias competentes de los ámbitos federal y municipal de gobierno. Una acción es más exitosa si sus operadores se coordinan para obtener propósitos compartidos, no ganancias personales en connivencia.

Una medida más, involucrada en la estrategia de política pública, es lograr la implantación sostenible de motores municipales y regionales de promoción y difusión en la materia.

La focalización de esa estrategia en los derechos de las mujeres, ancianos y jóvenes, pueblos y comunidades originarios y afrodescendientes, lo mismo que otros grupos vulnerables, migrantes y discapacitados debe ocupar lugar prominente.

Por la otra, es pertinente diseñar y poner en práctica un conjunto de medidas legales y administrativas para facilitar y operar con más eficiencia la previsión y solución de conflictos. Esto sobre todo en la vida cotidiana y las pequeñas y sencillas cosas que luego se convierten en grandes y complejas, y aumentan su costo individual y social.

La gestión, asesoría, mediación y conciliación, de un lado, y la facilitación del acceso a la justicia estatal, del otro, coadyuvan a fortalecer la cultura de la legalidad y la eficacia de la Constitución.

En todo el país, pero señaladamente en estados como el oaxaqueño, urge e importa revisar las políticas públicas y condiciones reales para fortalecer el Estado de Derecho desde la Constitución hasta la normatividad secundaria.

No se trata de una serie de reflexiones ajenas a la dureza del agresivo contexto social que muestra hábitos y prácticas contrarios, precisamente, a la legalidad que se demanda.

Es, por el contrario, una búsqueda de soluciones creativas dentro del contexto que influye en las expectativas y conductas de las personas, y, por lo tanto, en el funcionamiento de las instituciones.

¿Hay solución a la miríada de problemas públicos e incluso a sus soluciones de ayer convertidas en nuevos problemas hoy?

Desde luego que sí. La historia de la Humanidad está hecha de tales preguntas y de las respectivas respuestas, en pensamiento y en acto.

Esa es la suprema misión de la ciencia y la política, estériles sin visión integral sobre la complejidad desafiante.

En semanas por venir vamos a incentivar, desde la academia, más conocimiento y debate sobre ese tipo de interrogantes y sus correspondientes opciones.