El gobierno retrocede

Uso de Razón

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio de 2016.- Por lo visto el gobierno no está dispuesto a asumir los costos que implica hacer cumplir la ley en Oaxaca, donde un grupo minoritario pero ciertamente numeroso se opone a la reforma educativa.

Su radicalismo es ideológico contra el “estado burgués”, y animado por la consigna mentirosa lanzada por López Obrador y la prensa consentida del gobierno federal, en el sentido de que esta reforma es “privatizadora”.

Una minoría está dispuesta a enfrentarse a la Policía Federal, sin importar las consecuencias, pues creen que con ello defienden la educación gratuita.

Están engañados, pero esa es la realidad. Los líderes defienden privilegios y manipulan a ese sector de seguidores, radicalizado e ideologizado, que anhela emular al Che Guevara y si es necesario morir en el intento.

Ante eso, el gobierno recula.

Lo hace por dos circunstancias, que en política son las que mandan: ya no tiene el respaldo que logró cuando se aprobó la reforma educativa. Este gobierno renunció a tener popularidad y por tanto no cuenta con respaldo social.

Y segundo, su aliado en el proceso reformador, el PAN, le retiró su apoyo hasta en esto porque quiere ser quien capitalice el descontento que hay contra esta administración.

Lunes y martes pudimos leer a importantes senadores y senadoras del PAN, que exigían “alto a la represión” en Oaxaca.

Se suman pues al calificativo de “represor” contra el gobierno por haber intentado hacer cumplir la ley y desalojar carreteras y poner orden en el Istmo de Tehuantepec.

Hasta ahí llegó la reforma educativa en Oaxaca, Chiapas y seguramente Michoacán y Guerrero.

La falta de fuerza política del gobierno no da para otra cosa, peor aún si ha sido abandonado por el PAN y por los legisladores del PRD que en su momento firmaron el Pacto por México y votaron favorablemente la reforma educativa.

El gobierno le puso a los violentos una mesa de diálogo, tal y como lo exigían a través de métodos delictivos, así como el PAN, PRD, Morena y la prensa consentida de esta administración.

Contra todos esos actores no hay reforma que transite, más aún con la mirada escrutadora de los organismos internacionales que desconfían de México desde los sucesos de Iguala.

¿Qué esperar entonces? Lo más probable es que en esa mesa de diálogo se negocie la liberación de los líderes de la CNTE presos por delinquir.

Ya sabemos cómo funciona la justicia en nuestro país. La ley se le aplica a los débiles y a los que se dejan. Y los miembros de la CNTE y sus grupos afines no son débiles ni se van a dejar.

Además van a negociar la reforma educativa, aunque las autoridades digan que no es así.

Ese es el objetivo de las movilizaciones y no otro.

Se va a terminar imponiendo la recomendación que en su momento hiciera el gobernador oaxaqueño Gabino Cué: “tropicalizar” la reforma.

Se trata de una serie de adecuaciones que la van a “adaptar” a las realidades de Oaxaca y Chiapas, que son los dos estados peor evaluados por parte de Mexicanos Primero y por las pruebas nacionales de conocimientos.

En otras palabras: para que la reforma educativa vaya adelante en la mayor parte del país y haya gobernabilidad, que se jodan (Ciro dixit) Oaxaca y Chiapas, y en una de esas también Guerrero y Michoacán.