El periodismo que falta a nuestra democracia

Por si nos faltara algún ejemplo en cómo se ejerce el abuso de poder y el desprecio a la labor periodística en México, esta semana se hizo viral el despido en vivo y en directo de Gustavo Macalpin, un comentarista de noticias por parte del dueño del Canal 66 de Mexicali: “Este es tu último día”, le notificó el empresario al presentador ante las cámaras. Sirva este caso –aunque no sea el más paradigmático– para reflexionar sobre las fronteras de las facultades tanto de los periodistas como de las directivas de los medios de comunicación y de los dueños de las concesiones.

Ya han explicado casi todos los involucrados algunas de las motivaciones detrás del sorpresivo despido y también han salido a la luz algunos de los intereses político-personales del ex conductor en cuestión. En general hay dos temas en los que se coincide: Uno, que los dueños de los medios deben tener y ejercer facultades para contratar o prescindir de los periodistas que a su juicio e interés necesiten en su modelo de negocio; y, dos, que los periodistas deberían contar con modelos de contratación en los que tanto el empleado como el empleador sean consecuentes con mínimos éticos y responsabilidades sociales más allá del mutuo beneficio utilitario y económico. Es decir, que concesionarios, dueños, directivos y periodistas de informativos asuman compromisos con la ciudadanía, debido a la importancia de la labor noticiosa independiente para la salud política y democrática de las naciones.

En un artículo publicado por Global Media Journal México este año, Leticia Hernández comparte varias entrevistas de periodistas respecto a las condiciones laborales adversas en sus medios de comunicación. Situaciones que van desde la precarización laboral, la fragilidad de las condiciones de trabajo, los riesgos de seguridad no asumidos por sus empleadores, el agotamiento crónico por jornadas extenuantes, el maltrato psicológico y hasta físico en sus centros laborales, así como el aumento de las exigencias de productividad mientras las tecnologías complejizan y requieren de mayor especialización en las tareas diarias.

Prácticamente existe un consenso entre los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación respecto a la alta vocación y pasión que exige la labor informativa mientras se lidia con la carencia de mínimos de bienestar y seguridad laboral. Esta realidad ha llevado a asegurar que, salvo escasas excepciones, los periodistas en México viven cierta explotación laboral y una forzada sumisión a los intereses de dueños y administradores de los medios. Tanto los medios públicos, por las directivas y directrices impuestas por el Estado; como en los privados por sus intereses comerciales o conveniencias con poderes legítimos o fácticos. 

Estas condiciones suelen complicarse con otros dos fenómenos contemporáneos: los nuevos modelos de trabajo informativo digital (casi siempre freelancers bajo políticas económicas sinuosas y nulos derechos de su propiedad intelectual) y la intensa competencia por las volátiles audiencias que motiva a las directivas de los medios a optar por conductores de noticiarios, presentadores de contenidos y periodistas con más “espectacularidad” que rigor y compromiso informativo.

Esto último es sumamente relevante pues, en el espectro noticioso se ha preferido invertir y enaltecer a personajes que desde la insinuación, la ambigüedad, el retruécano o la franca sandez hacen de la información un espectáculo; malbaratando el profesionalismo y el rigor periodístico a ocurrencias y maledicencias festejadas por las audiencias, pero inútiles para la construcción ciudadana. Lo cual, como es evidente, va en detrimento de la madurez democrática. De hecho, es probable que las propias condiciones de precarización laboral de los periodistas así como la orientación unívoca de beneficios comerciales e influencia en la elección del estilo informativo (sensacionalista, cómico, satírico, irreverente y sin rigor) sean fermento de cierta actitud ciudadana de desconfianza democrática, baja participación y cinismo ante fuerzas políticas, económicas e ideológicas.

Diversos académicos y analistas del fenómeno periodístico coinciden en que existe una fuerte correlación positiva entre la libertad de prensa y la democracia así como entre la autonomía editorial y la seguridad de los periodistas. Es decir: una mayor seguridad de los periodistas (comenzando por sus derechos laborales) redunda positivamente en la autonomía editorial y esa libertad de prensa incide directamente en la calidad democrática.

En conclusión, lo sucedido en la televisión de Mexicali no es un hecho anecdótico, es un síntoma de una grave enfermedad de nuestra democracia y un asunto que, para variar, no está en las manos del poder político. 

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe