El periodismo y la libertad de expresión

Cada vez que asesinan a un periodista en México ocurre, además del crimen, una liturgia. Esta semana fue Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista oaxaqueño y autor de la columna política El Zumbido del Moscardón. Antes fueron muchos otros. De acuerdo con Artículo 19, desde el año 2000 alrededor de 180 periodistas han sido asesinados en el país. México aparece, año tras año, entre los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de un contexto formal de guerra. Sin embargo, quizá lo más inquietante no sea la repetición de los asesinatos, sino la normalidad con la que hemos aprendido a recibirlos. El crimen ocurre; llegan los comunicados oficiales; se promete una investigación exhaustiva; se condenan los hechos; se asegura que no habrá impunidad. Después sobreviene el silencio. Hemos perfeccionado el ritual del pésame mientras la indignación se desvanece con una rapidez cada vez mayor.

La muerte de un periodista nunca representa únicamente la pérdida de una vida. También significa la desaparición de una mirada crítica sobre la realidad. El miedo no sólo mata periodistas; también produce autocensura, desalienta la investigación y empobrece el debate público. El silencio, como casi siempre ocurre, termina favoreciendo al poder.

Solemos decir que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Lo es, pero esa definición resulta insuficiente. En realidad, constituye el mecanismo que permite que todos los demás derechos dejen de ser simples promesas constitucionales para convertirse en derechos vivos. Un abuso que nadie se atreve a denunciar, un acto de corrupción que nadie puede revelar o una arbitrariedad que permanece oculta terminan convirtiendo los derechos en declaraciones vacías. La diferencia entre una Constitución viva y una meramente simbólica suele depender de que exista algún periodista dispuesto a contar aquello que el poder preferiría mantener en secreto.

Por eso la libertad de expresión no protege únicamente a quien habla. Protege, sobre todo, el derecho de toda la sociedad a saber. La democracia necesita información no por una razón romántica, sino por una necesidad práctica. Los ciudadanos sólo pueden controlar al poder si conocen cómo ejerce ese poder. Para elegir no basta con depositar una boleta en una urna. Hace falta comprender qué decisiones se tomaron, quién se benefició de ellas, cuánto costaron, quién cumplió con su responsabilidad y quién abusó de ella. Sin información independiente, el voto deja de ser una decisión racional para convertirse en un acto de confianza ciega.

La democracia tampoco se agota el día de la elección. Los ciudadanos necesitan información para elegir a sus gobernantes, pero también para evaluarlos mientras ejercen el cargo y decidir, llegado el momento, si merecen continuar o ser sustituidos. El periodismo permite distinguir entre gobiernos eficaces e ineficaces, entre funcionarios íntegros y servidores públicos corruptos, entre quienes honran la confianza ciudadana y quienes la defraudan. Hace posible premiar a los buenos gobiernos y retirar democráticamente del poder a los malos. La denuncia periodística precede, casi siempre, a la evaluación ciudadana del poder.

Con frecuencia se presenta al periodismo como un adversario de los gobiernos. Es exactamente lo contrario. Los buenos gobiernos necesitan una prensa libre. Ningún gobernante es infalible ni dispone de toda la información. El poder tiende al aislamiento y a la autocomplacencia. El periodismo rompe ese círculo: detecta errores, revela abusos y obliga a corregir decisiones antes de que sus costos sean irreparables. La crítica no debilita al poder democrático, por el contrario, mejora la calidad de sus decisiones. Una prensa libre no sólo protege a la sociedad frente al poder; también protege al propio poder de sus errores y de la ilusión de que nunca se equivoca.

Quien decide asumir un cargo público acepta, al mismo tiempo, someterse a un escrutinio más intenso que el resto de los ciudadanos. No se trata de ataques personales, sino de una exigencia inherente a la función pública. Quien administra recursos, toma decisiones y ejerce autoridad debe rendir cuentas. La crítica, la sátira y el cuestionamiento no son excesos de la democracia; constituyen algunos de sus mecanismos de control más eficaces.

Precisamente por eso resultan preocupantes los intentos por inhibir la crítica desde el propio poder. La utilización de figuras jurídicas ambiguas para sancionar expresiones en medios y redes sociales, o el uso de litigios, fiscalías y tribunales para hostigar a periodistas críticos, revelan una preocupante intolerancia al escrutinio público. Aunque estas medidas suelen presentarse como mecanismos para combatir la desinformación o proteger derechos, su efecto consiste en elevar el costo de cuestionar al poder y empobrecer la deliberación democrática. Cuando el poder pretende decidir qué críticas son legítimas y cuáles deben callarse, deja de comportarse como un poder limitado por la Constitución y comienza a actuar como si la Constitución estuviera subordinada a su voluntad.

Las democracias no suelen morir mediante un solo acto espectacular. Se erosionan lentamente. Primero se desacredita a la prensa crítica. Después se multiplican las demandas judiciales. Más tarde aparecen leyes que prometen proteger a la sociedad, pero terminan protegiendo a los gobernantes del escrutinio ciudadano. Poco a poco, el espacio para disentir se reduce, la conversación pública se empobrece y los ciudadanos dejan de contar con la información necesaria para vigilar a quienes gobiernan. Es entonces cuando la democracia comienza a vaciarse desde dentro, aun cuando las elecciones continúen celebrándose con aparente normalidad.

Por eso el asesinato de un periodista, la censura de una caricatura, la intimidación judicial contra un reportero o el intento de castigar a un ciudadano por criticar a un gobierno en redes sociales no son episodios aislados. Forman parte de un mismo fenómeno: la tentación permanente del poder de reducir el espacio de la crítica. Ése ha sido, históricamente, el primer síntoma del deterioro democrático. Porque la democracia no empieza a perderse cuando se dejan de celebrar elecciones. Empieza a perderse mucho antes: el día en que el poder deja de aceptar que alguien pueda decirle, públicamente, que está equivocado.