El presidente y su candidato(a)

El viernes pasado el Presidente señaló a los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial que para julio o agosto se daría a conocer el nombre del ungido(a). Una violación flagrante a la Constitución, artículo 42, fracción IV. De 90 días, serían 269. De haber candidata(o), la sanción fatal por actos anticipados de campaña estaría a la vista. A manera de conjurar la resolución disciplinaria, seguramente se transitará a la simulación con una figura en la que todo mundo infiera que es, pero que no se le nombre como tal, práctica ya común hasta en la oposición.

Ocurrió ya en la fatídica campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Un presidente en su empeño de hacer valer su interés político y un candidato con la dificultad de construir su proyecto con credibilidad. La amenaza de por medio de un cambio en la candidatura le daba autoridad a Carlos Salinas y obstruía todo esfuerzo para fortalecer al candidato. La campaña contra la campaña, como señalaran en su momento Samuel Palma y Cesáreo Morales. En el caso del PRI, la incertidumbre de la candidatura de Colosio no la resolvió Salinas, sino el registro ante el IFE los primeros días de marzo, justo antes del célebre discurso del aniversario del PRI, que sirvió de relanzamiento de la campaña. 22 días después del registro, el candidato era asesinado, evento trágico para el país y para la política nacional.

La incertidmbre del ungido es el instrumento de mayor poder del presidente sobre el candidato y su grupo. Todo anticipa que así sucederá. El discurso, la autocrítica, el equipo de campaña, la selección de candidatos a otros cargos y sus alianzas estratégicas estarán condicionadas por el interés, visión y prospectiva del presidente que concluye. No hay generosidad, como muestra la experiencia salinista. Más ahora, resultado del indiscutible poder y control de López Obrador sobre la estructura del partido y de todo lo que por allí se mueve, incluyendo autoridades locales, funcionarios federales y legisladores afines.

El poder del Ejecutivo, como en el pasado no democrático, descansa en la certeza del triunfo. La unidad en los aspirantes de todos los cargos de elección popular se construye a partir de la convicción de que no hay otra opción para subsistir y sobrevivir políticamente. No se trata de suscribir o participar en un proyecto compartido, sino de dar continuidad a la aspiración que cada uno tiene. Se equivocan quienes piensan que puede haber ruptura en el oficialismo. La cohesión es resultado no de la ideología, tampoco de la convicción o del compromiso, sino de la certeza de que Morena habrá de imperar, sin dejar de considerar la penosa situación por la que transitan las oposiciones en lo individual y en su conjunto.

También se equivocan quienes anticipan la construcción de un maximato en torno a López Obrador. Sí es un hecho que el presidente que concluye tenga mano en la definición de las múltiples candidaturas en el ámbito local y federal. Sin embargo, los hechos serán más complejo por dos consideraciones. La primera, son las dificultades que de entrada padecerá la nueva administración prácticamente en todos los frentes y mayormente en el de seguridad y en la crisis de las finanzas públicas, cuya única salida es una reforma hacendaria, decisión altamente impopular para cualquier gobierno. No importa si es justa, si se aprueba por unanimidad, si se podrán resolver temas fundamentales para los mexicanos, tampoco si se prueba que el abuso pasado obligó al ajuste. Aquí y en cualquier parte incrementar las contribuciones lleva al repudio a quien las promueve y aprueba.

La segunda razón es que el sistema político se mantiene inalterado en cuanto a la supremacía del poder presidencial sobre cualquier otra consideración. Quien resulte presidente, del partido que sea, tendrá los recursos de autoridad que conlleva el encargo. Además, es difícil que cuente con una mayoría calificada afín en el Congreso.

El poder no se comparte, y quien concluye y quien inicia lo entienden bien; el problema estará en los demás, especialmente en aquellos que en su momento y circunstancia asuman un trato injusto por el nuevo gobierno.