Ernesto Ruffo y el huachicol

Era cuestión de tiempo. La lógica y dinámica de un régimen autoritario lleva indefectiblemente a usar las instituciones de justicia contra disidentes, periodistas y líderes sociales. Para eso dominan las policías, fiscalías y ministerios públicos, así como ministros, magistrados y jueces de acordeón.

Ernesto Ruffo no es el primer político encarcelado por el obradorato, pero sí el de mayor perfil y repercusión, un salto cualitativo que marcará un antes y un después. Ya no hay vuelta atrás, pero eligieron mal al personaje. Lo absurdo del caso mermará gravemente la de por sí magra credibilidad de la justicia en México.

Quienes piensan que se trata de un golpe excepcional para responder a una situación insólita, pronto se darán cuenta que se volverá normalidad porque, como están las cosas, la situación del país no puede mas que empeorar y se acercan las elecciones. Una vez que se cruza la línea roja, abriendo el camino de la represión política con opositores de alto nivel, la reincidencia se hace más sencilla.

Acusan a Ernesto Ruffo de ser el líder de “la red más grande de huachicol fiscal”, lo cual es demencial. Hablamos de un hombre sencillo e íntegro que salió limpio y con buena fama pública después de su gestión, que tuvo sobre sus hombros el enorme peso histórico de haber sido el primer gobernador de oposición en un país monocolor, efeméride de la transición a la democracia. Ruffo no tiene ni de cerca las capacidades económicas, mucho menos las políticas y logísticas que se requieren. Es de tal magnitud y complejidad la operación que solo puede concebirse desde el poder del Estado.

Es verdad que la empresa Ingemar, de la cual es socio minoritario el ex gobernador de Baja California, gestionaba permisos de importación de combustibles, pero no los compraba, no los transportaba, no los distribuía ni tampoco los comercializaba. Si otra empresa incumple los términos y cantidades del permiso gestionado es responsabilidad de ésta y de la aduana que debe verificar la carga. Así lo reconoció la FGR al inicio y, por lo mismo, Ruffo se ofreció y le tomaron la palabra para colaborar como testigo en la investigación sobre los ferrotanques encontrados en Coahuila.

Es sospechoso, por decirlo suave, que no hayan detenido a ninguno de los socios de la compañía que trasladó las gasolinas hasta Ramos Arizpe, pasando por las aduanas de Tamaulipas. Lo es aun más el hecho de que, después de que un juez de carrera rechazara girar órdenes de aprehensión contra 23 presuntos implicados, hayan buscado a una juez de acordeón obsequiosa que se las concedió de inmediato e incluyeran de última hora el nombre de Ernesto Ruffo, el cual no se encontraba en la lista original, y, para colmo, lo identificaran como el líder de la red. Grave decisión política tomada en un arrebato.

Conocemos el contexto. Por un lado la protección a Rocha Moya y la tragicomedia de la entrega a Estados Unidos del piloto que se llevó al Mayo Zambada y, por el otro, el escándalo por los audios de Marina del Pilar, en los que se mostraba dispuesta a darle información confidencial al FBI para recuperar su visa y no ser extraditada, tenían al régimen a la defensiva y con crecientes costos electorales. Necesitaban distraer la atención, pero también exonerar a los verdaderos responsables del huachicol fiscal que están ligados a Morena.

Después de difundir en conferencia de prensa acusaciones alucinantes contra Ernesto Ruffo, la FGR impuso, con ayuda de la mencionada jueza del acordeón, que la audiencia se realizara a puerta cerrada. Quieren decretar mediáticamente su culpabilidad sin aportar pruebas que la sustenten ni dar oportunidad a la defensa de desvirtuar las acusaciones de cara a la opinión pública.

De cualquier manera, la mentira se va a caer. ¿Quiénes controlan las aduanas? ¿Quiénes pueden trasladar millones de litros de diessel y gasolinas ilegales en las narices de la Guardia Nacional por todo el país? ¿Quiénes hacen que se vendan en las gasolineras establecidas con “papeles en regla”? El huachicol fiscal es un crimen de Estado realizado en contubernio con organizaciones criminales. Hay que buscar en las altas esferas del poder público, no en la oposición.