Extorsión en México creció 61.2% en 10 años: Ibero

OAXACA, Oax. 29 de abril de 2026.- Especialistas advierten que el cobro de piso, las extorsiones telefónicas y la falta de denuncia revelan un problema que exige respuestas más allá del sistema penal.

En 2025, el delito registró un aumento interanual de 4.5%, con una tasa nacional de ocho casos por cada 100 mil habitantes, informó la Ibero en un comunicado.

Entre 96 y 97% de los casos no se denuncian; más de 9 mil carpetas abiertas en 2025 representan alrededor del 3% de la extorsión realmente ocurrida.

Mientras el promedio diario de homicidios dolosos reporta una reducción en México, la extorsión avanza en sentido contrario. Este delito, que afecta a personas, negocios y comunidades enteras, se ha convertido en uno de los fenómenos criminales más persistentes y menos visibles del país, con una cifra negra que alcanza entre 96 y 97% de los casos no denunciados.

Así lo expone el cuadernillo “Extorsión en México”, presentado en la cuarta sesión de Aula en Acción del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México, donde especialistas del ámbito académico, empresarial y de seguridad pública analizaron uno de los delitos que más impactan la vida cotidiana y que, paradójicamente, sigue siendo uno de los más difíciles de medir y combatir.

La sesión reunió a investigadoras e investigadores, representantes de COPARMEX, especialistas en inteligencia criminal y autoridades de seguridad, con el objetivo de revisar el estado actual del conocimiento sobre la extorsión, los obstáculos institucionales para enfrentarla y las posibles estrategias de intervención.

De acuerdo con el documento, entre 2015 y 2025 las carpetas de investigación por extorsión en el fuero común pasaron de 5 mil 803 a 9 mil 357 a nivel nacional, lo que representa un incremento acumulado de 61.2%. En 2025, además, el delito registró un aumento interanual de 4.5%, con una tasa nacional de ocho casos por cada 100 mil habitantes.

Esto convierte a la extorsión en el único delito de alto impacto que mantiene una tendencia sostenida al alza, incluso en un contexto donde otros delitos muestran reducciones importantes. Sin embargo, las cifras oficiales apenas muestran una pequeña parte del problema.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVPS) y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), entre 96 y 97% de los casos no se denuncian, lo que significa que las más de 9 mil carpetas abiertas en 2025 representan apenas alrededor del 3% de la extorsión realmente ocurrida.

La extorsión, explica el cuadernillo, no es un delito homogéneo. Existen modalidades oportunistas, como llamadas telefónicas aisladas donde no hay relación previa entre víctima y agresor, y modalidades sistemáticas, como el llamado cobro de piso, donde se imponen pagos periódicos bajo amenaza de violencia.

Esta última forma resulta particularmente grave porque genera relaciones prolongadas de control y dependencia entre grupos criminales y víctimas, especialmente en territorios donde la violencia funciona como mecanismo de regulación económica.

“El cobro de piso no opera como una transacción puntual, sino como un intercambio sostenido donde distintos actores compiten por proveer protección”, señala el análisis del PSC IBERO.

Las extorsiones telefónicas siguen siendo las más frecuentes. De acuerdo con la ENVE 2024, 84.1% de los casos ocurrieron vía telefónica, mientras que 15.2% correspondieron a extorsión presencial o cobro de piso. Sin embargo, esta última modalidad mostró un crecimiento estadísticamente significativo y una mayor capacidad de lograr que las víctimas entreguen lo exigido.

En el caso de empresas, la extorsión fue el delito más frecuente en 2023, con una tasa de mil 562 eventos por cada 10 mil unidades económicas, equivalente a 25.5% del total de delitos contra establecimientos.

El costo promedio por evento fue de 8 mil 967 pesos, pero el impacto agregado alcanzó niveles mucho mayores, especialmente para micro y pequeñas empresas.

Uno de los hallazgos más preocupantes es el papel de las armas de fuego en la extorsión presencial.

El estudio citado en el cuadernillo señala que 40% de estas extorsiones involucran armas de fuego, lo que no solo incrementa la capacidad coercitiva del delito, sino también sus efectos psicológicos: miedo persistente, insomnio y síntomas de estrés postraumático en las víctimas.

Además, especialistas vinculan el crecimiento de la extorsión con el flujo de armas provenientes de Estados Unidos, estimado en más de 200 mil armas anuales durante ciertos periodos.

Otro problema central es la desconfianza institucional.

Muchas víctimas no denuncian porque hacerlo puede significar mayor riesgo. En casos de extorsión sistemática, la denuncia puede atraer represalias o incluso la intervención de nuevos actores criminales.

A esto se suma la falta de capacidad de los ministerios públicos para tipificar correctamente el delito, judicializar carpetas o garantizar protección efectiva.

Frente a este panorama, en 2025 el Gobierno Federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y se publicó la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, considerada el esfuerzo normativo más ambicioso en esta materia.

La nueva legislación establece la persecución de oficio del delito, crea un tipo penal de aplicación nacional, contempla agravantes específicas y obliga a los centros penitenciarios a reforzar controles para evitar que muchas de estas llamadas se sigan originando desde reclusorios.

También fortalece la denuncia anónima a través del 089 y la creación de unidades especializadas. No obstante, el documento advierte que las leyes por sí solas no resolverán el problema.

Persisten obstáculos como la falta de coordinación entre fiscalías, la debilidad tecnológica para rastrear redes criminales, la ausencia de infraestructura penitenciaria adecuada y el crecimiento de nuevas formas de extorsión digital vinculadas con ciberdelitos.

El PSC IBERO propone que el combate a la extorsión debe abordarse como una política pública integral y no únicamente como una respuesta penal.

Entre las propuestas destacan fortalecer la inteligencia financiera, mejorar la coordinación con empresas de telecomunicaciones, impulsar un observatorio independiente de seguimiento y colocar el tema del tráfico de armas en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.

El cuadernillo concluye que la extorsión no solo vacía bolsillos, también erosiona la confianza ciudadana, distorsiona mercados y normaliza la violencia cotidiana, por lo que combatirla exige mucho más que denuncias y requiere reconstruir la capacidad del Estado para proteger.