
Cardona, Osorno, Ramos, Riveroll y Villanueva, jurado de Premios Quadratín
OAXACA, Oax. 13 de agosto de 2026.- El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, advirtió que el ofrecimiento de inversiones con rendimientos elevados puede ser utilizado como mecanismo de fraude.
Bajo esta modalidad fueron detenidas L.F.M.L. y J.E.M.L., investigadas por su posible participación en un esquema que captaba recursos bajo la promesa de obtener ganancias en poco tiempo.
El mecanismo consistía en recibir inversiones desde aproximadamente 100 mil pesos y, en algunos casos, de hasta 5 millones, mediante convenios o contratos.
A cambio, ofrecían rendimientos cercanos al 3.5 por ciento mensual, equivalentes a entre 40 y 50 por ciento anual.
De acuerdo con la investigación, durante los primeros meses sí se entregaban algunos de los rendimientos prometidos.
Con esos pagos se generaba confianza entre los inversionistas, quienes renovaban sus aportaciones o recomendaban el esquema a otras personas.
Después comenzaban los incumplimientos: dejaban de pagar los rendimientos y posteriormente tampoco devolvían el capital invertido.
En algunos casos, las personas afectadas también perdían contacto con quienes habían recibido el dinero.
La Fiscalía de Oaxaca calcula de manera preliminar que las afectaciones patrimoniales relacionadas con estos casos superarían los 100 millones de pesos.
Las indagatorias establecen que el esquema habría operado entre 2021 y 2026, con presencia reportada en Oaxaca, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Guanajuato.
Entre las empresas cuyos nombres aparecen relacionados con esta línea de investigación están Investmentlink, Capital FX Investment Center y Growth Capital Technology S.A.P.I. de C.V.
La Fiscalía mantiene intercambio de información con autoridades de otras entidades para identificar posibles víctimas y establecer si las distintas operaciones están relacionadas.
Rodríguez Alamilla llamó a quienes hayan entregado dinero mediante este tipo de inversiones y no hayan recuperado sus recursos a presentar una denuncia.
La autoridad busca determinar el número total de personas afectadas, dimensionar el daño patrimonial y establecer las responsabilidades correspondientes.