Horacio Erik Avilés Martínez/Colaboración

Por un Rescate Integral de la Educación Estatal

Indudablemente, la problemática en el sistema educativo michoacano ha crecido ampliamente durante las últimas tres décadas. En su seno se han encunado muchos males, como consecuencia de la insensibilidad, de omisiones, abusos y políticas públicas erróneas, lo cual ha impactado negativamente a muchas generaciones jóvenes, quienes tuvieron la muy mala suerte de hacer valer sus derechos humanos a contracorriente; es decir, en una entidad federativa gobernada por funcionarios incapaces de asegurarles la vivencia plena de sus garantías individuales, al menos durante el periodo citado.

Como derivación de las condiciones imperantes, sus sueños y aspiraciones difícilmente se han logrado, su potencial máximo muy dudosamente se ha alcanzado y, por ende, sus respectivas trayectorias a través del sistema educativo estatal, en su enorme mayoría han sido truncadas. Durante las tres décadas mencionadas, los costos de la inefectividad de la educación michoacana se han dispersado ampliamente, permeando en todos los aspectos de la sociedad, reflejados en pobreza, ignorancia, desigualdad, discriminación, inmovilidad social, corrupción, migración y delincuencia, mientras los responsables permanecen cómodamente impunes.

Indignantemente, muchos de aquellos funcionarios, quienes debieron servir y no servirse, ahora gozan de exorbitantes fortunas, los cual les ha permitido resolver su existencia y la de sus herederos, llegando algunos al colmo de tener inversiones en el sector educativo, como una forma perversa de aprovecharse doblemente de la decrepitud de la escuela pública que ellos mismos generaron.

Más allá de intrínseca exigencia de justicia, de reparación del daño y de acabar con la impunidad de los posibles culpables, existen también desequilibrios estructurales que impiden un saneamiento homeostático del sistema educativo local; las falencias pesan tanto que se vislumbra prácticamente imposible que la solución sea exclusivamente endógena, es decir, que los michoacanos remediemos por nosotros mismos la situación. Se requiere intervención superior.  

Para comenzar, el pacto en materia de asignación presupuestal ha sido y es profundamente injusto: 8 de cada 10 pesos recaudados se quedan en el gobierno federal, mientras apenas 2 se reparten entre los gobiernos estatales y los municipales, lo cual genera asimetrías presupuestales, traducidas en profundas desigualdades en materia de desarrollo humano y territorial.

Aunado a lo anterior, la catástrofe educativa michoacana se aceleró especialmente a partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), la cual data de 1992 y no fue otra cosa que una maniobra adelgazadora del compromiso federal de responsabilizarse del cumplimiento irrestricto de todo lo mandatado en el artículo tercero constitucional, lo cual fue irreflexivamente descargado en los cada vez más enclenques presupuestos estatales. Entidades federativas con posibilidades reales de incrementar la recaudación lograron sortear relativamente la situación, pero aquellos que no pudieron afrontar la situación quedaron sumidos en el rezago educativo, en la ingobernabilidad y en manos de los grupos fácticos.

El déficit presupuestal, el endeudamiento, la doble negociación, la firma de minutas, la ilegalidad, la delincuencia organizada y muchos otros fenómenos más campearon en el sistema educativo estatal, en detrimento de la formación de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán.

Inaceptablemente, no siempre el gobierno federal ha sido parte de la solución a esta situación. Si bien, se depende enormemente de las participaciones federales para la subsistencia mínima de la educación estatal, también desde la federación se ha recibido simulación, mentira, promesas incumplidas, doble discurso, desdén y olvido, llegando a extremos de perversidad, ya que se ha usado a nuestra entidad como laboratorio político en ciertos momentos, o incluso se ha dado por perdido a Michoacán.  Por ello, que se nos diga que nos va a ir bien, pero muy bien y esto no suceda ya no nos sorprendería, pero exacerbaría la decepción que reside en la ciudadanía respecto al trato que se ha recibido desde la federación.

Hoy, está en marcha un Plan de Apoyo a Michoacán, impulsado por la actual administración federal, el cual tiene como antecedente directo y comparable el denominado “Plan Michoacán”, impulsado durante el peñanietismo, donde se manejaron cifras artificiosas, ya que decenas de miles de millones de pesos anunciadas como inversión en nuestra entidad simplemente fueron desagregadas de lo que ya estaba contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, intentando dar la impresión de que se trataba de dinero fresco destinado extraordinariamente para el rescate de nuestra entidad federativa. No ocurrió tal situación y entre los michoacanos cundió la sensación de haber sido engañados. Paralelamente, los problemas se acrecentaron, convirtiéndose en uso y costumbre la cultura de la simulación desde el poder.

La desconfianza quedó grabada en los michoacanos, porque sabemos que, históricamente la federación no nos ha salvado, a pesar de ser el orden gubernamental del poder ejecutivo que concentra en su inmensa mayoría los recursos, a la vez que posee el poder de cambiar la realidad de millones de michoacanos. Las consecuencias están a la vista.

Sin embargo, a pesar de la enorme inercia histórica, a la fecha hay procesos que ahora sí se están remediando. A seis meses del arranque de la actual administración ha habido resultados, primeros pasos e hitos respecto a la inercia que se arrastraba, los cuales se han reconocido públicamente. Hay avances tangibles y también ha habido coadyuvancia digna de mencionarse por parte del orden federal.

Empero, debe reconocerse que el gobierno del estado no puede solo. Sí, se necesita arropamiento de parte de los michoacanos hacia las decisiones gubernamentales, pero indudablemente, también hace falta apoyo externo.

Hay muchos temas en los cuales el gobierno federal puede intervenir abonar a resolver la problemática estatal. Definitivamente se puede intensificar su ya externado compromiso de apoyo con la educación michoacana y actuarse en diferentes líneas de acción, como las siguientes, entre muchas más:

• Impulsar más decididamente la bancarización de la nómina educativa estatal. Si bien, los beneficios son evidentes tanto para quienes reciben la nómina electrónica como para el gobierno, reforzar al gobierno estatal puede coadyuvar a resolver un problema que se arrastra de al menos 15 años atrás.

• Incidir más decididamente en el proceso de federalización de la nómina magisterial, facilitando los procesos de revisión y también, interviniendo más directamente en ellos.

• Evitar la perniciosa práctica de la doble negociación por parte de los grupos movilizados, dando su lugar a los funcionarios estatales, para que estén presentes en esta clase de reuniones y se evite que sus homólogos federales sean sorprendidos, como frecuentemente sucede, por su desconocimiento de la normatividad estatal y de la problemática específica.

• Impulsar la cultura de la evaluación y diagnóstico acerca del estado de la educación en la entidad. Nuestra entidad no puede continuar siendo una caja negra al respecto. Se requiere conocer a fondo el impacto de la pandemia en el aprendizaje, las condiciones que guarda el sistema educativo, las necesidades de formación continua del magisterio y las situaciones socioemocionales de los trabajadores de la educación, de los estudiantes y de sus familias.

• Regularizar las plantillas de personal en la entidad. Por necesidades del servicio, muchos trabajadores de la educación tienen plazas diferentes a la función que verdaderamente ejercen, muchas veces recibiendo un salario menor al que en realidad devengan, además de que son recurridamente observados en las auditorías y frecuentemente extorsionados por las redes de corrupción por esa razón. Desde el escritorio esto se puede hacer fácilmente, ya sea en Ciudad de México o desde una plataforma digital.

• Apoyar económicamente el programa de jornada ampliada y la alimentación que se está impulsando por parte del gobierno de Michoacán, el cual aún no cuenta con un diseño completo de política pública ni con una presupuestación suficiente. Si bien, ya en preparativos los directivos reciben información sobre los Lineamientos del Modelo Provisional de Escuelas de Tiempo Completo, se trata de una continuación al esquema del 2020. Si hasta el momento no se saben los alcances de aquel entonces, ni de lo que sucedió con el extinto programa en tiempo de pandemia, qué hace suponer que esa operatividad será la ruta idónea para la etapa presencial de ahora. Más aún, aún no hay convocatoria pública para integrar nuevas escuelas, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos de infantes y jóvenes. En todo ello podría intervenir la federación para mejorar las condiciones de las niñas, niños y jóvenes en la entidad.

Esperemos se aprovechen estas vacaciones para avanzar en los sentidos mencionados. La agenda es amplia y merece seguimiento estrecho. Revertir la inercia de décadas implica hacer esfuerzos extraordinarios para tales efectos. Es muy importante plantear las necesidades reales y urgentes del sistema educativo estatal ante el gobierno central, para que exista una respuesta institucional a la altura de las necesidades existentes.

Más aún, debe hacerse consciencia profunda en la nación que Michoacán también es México. Es un asunto trascendental que nuestra entidad federativa alcance la media nacional en indicadores educativos, los cuales deben ser entendidos como la piedra de toque que permitirá resolver transversalmente aspectos de seguridad, de activación económica, de migración, culturales, políticos y sociales, entre otros. La mejora sistémica de Michoacán redundará en la del país entero, ello debe tenerse por seguro.

En caso de que no se priorice el apoyo a Michoacán, las consecuencias serán devastadoras. Los grandes males que padece nuestra entidad se comportarán como vórtices que acabarán michoacanizando a la nación entera. No debe haber discriminación territorial en las políticas gubernamentales, de las cuales el ámbito educativo es el más sensible de todos y el más importante de resolver.

Particularmente, las niñas, niños y jóvenes de Michoacán merecen un rescate educativo de parte de la federación; no debe haber más generaciones heridas.

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