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OAXACA, Oax., 26 de enero de 2019.- El maestro en derecho y especialista en temas penales, Simitrio Ruiz Martínez, dijo que la ampliación del catálogo de delitos graves es una violación a los derechos humanos.
En entrevista, detalló que si se amplía la cantidad de delitos graves, es decir, que otorgan prisión preventiva oficiosa, se rompe con el principio de inocencia, que “significa que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
El abogado en temas penales señaló que hace unos meses se envió la iniciativa al Senado de la República para la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa, que contempla ampliar los delitos de robo de hidrocarburo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, robo a casa habitación, delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, el uso de programas sociales para fines electorales, corrupción y desaparición forzada que se incluirían en el artículo 19 constitucional.
Al respecto, Ruiz Martínez dijo que después de aprobarse en el Senado, se fue a la Cámara de Diputados federal, “le hicieron modificaciones y solamente contemplaron tres delitos como delitos graves: el robo de hidrocarburos, el uso de programas sociales con fines electorales y la desaparición forzada”.
El especialista aseguró que esta ampliación causó mucha inconformidad en organismos internacionales de Derechos Humanos, debido a que, para ellos, “no se debe abusar de la prisión preventiva oficiosa, ya que la prisión es la última medida que se debe poner a una persona acusada de un delito”.
Simitrio Ruiz explicó que la regla general es que todos los procesos se sigan en libertad.
“Nosotros como abogados pensamos que es incorrecto ampliar el catálogo de delitos graves, porque rompe con un principio muy importante del sistema acusatorio que es la presunción de inocencia, que es hasta que se compruebe lo contrario”.
Como ejempló, dijo que “si tú eres acusado de robo de hidrocarburo o corrupción, sin que exista una sentencia condenatoria, tú tienes que seguir tu proceso en prisión y eso rompe o choca con el principio de presunción de inocencia, que debe ser la pieza fundamental del proceso penal de corte acusatorio”.
“Además de romper los estándares internacionales, lo más correcto es reducir o eliminar la prisión preventiva oficiosa”, indicó el abogado.