Indignación por informar

La indignación de la presidenta Sheinbaum por la cobertura que hiciera El Universal del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado 29 de diciembre, fue auténtica.

Su molestia era evidente, según dijo, por la falta de pudor al difundir fotografías de las personas fallecidas sin haber consultado a sus familiares.

También aludió a Reforma. Lo ocurrido no solo es noticioso ni marginal.

Sus implicaciones son graves y múltiples para el gobierno: las deficientes obras emblemáticas del presidente López Obrador, la incompetencia de la Secretaría de Marina, la venalidad que alude a los hijos del expresidente y a personajes de su entorno, y la impunidad anticipada por la bien acreditada incapacidad del régimen para investigarse a sí mismo.

Los eventos trágicos son noticia e inevitable su cobertura, así como la difusión de opiniones, imágenes o datos incómodos, incluso amarillistas.

La publicación de imágenes de menores representa una falta, como también es que autoridades divulguen datos personales de periodistas; no es lo mismo un ciudadano que una autoridad.

La presidenta tiene derecho a inconformarse; debió referirse específicamente a los menores; inevitable que sus palabras, por los precedentes, puedan entenderse como amenaza.

Es la persona más poderosa del país, hoy como nunca.

A su alcance están todos los recursos legales, políticos y económicos, a partir de las reformas emprendidas que minan la certeza de derechos y la contención del abuso de poder.

Hay que tomarla en serio. Muchos mexicanos, con razón, entienden que la tragedia no es un mero accidente, sino la evidencia de que algo está muy mal en el país.

Así como con la ejecución del alcalde Carlos Manzo, en Uruapan, el descarrilamiento es metáfora con implicaciones serias para el régimen.

Víctima también la presidenta porque le corresponde pagar las consecuencias de lo mal realizado en el pasado, como gestionar la investigación para que no abone a las cuentas pendientes del gobierno que la antecedió.

Para ella no es algo nuevo: ahí está el colapso de la Línea 12 del Metro; la mala historia se repite. Menor no resulta la intolerancia del presidente López Obrador, quien no asume responsabilidad por las malas decisiones de su gobierno y sus pobres resultados.

Para él, la adversidad proviene siempre de la ultraderecha, del complot de los “traidores a la patria”.

Lamentablemente, esa actitud se ha vuelto tradición incluso en funcionarios menores: culpar al pasado o argumentar que todo se trata de una campaña de los enemigos de la transformación.

Un régimen que se asume infalible, aun con las evidencias en contra. Lo más grave es que reactualiza la sospecha del trágico tráfico de influencias de los hijos del expresidente.

En casi todos los países del mundo existen instancias técnicas autónomas para investigar este tipo de eventos.

No en México, donde la tarea recae en fiscalías que carecen de independencia y de los expertos necesarios para solventarla.

El régimen mejor recurre a un peritaje “incontrovertible” que atribuya el hecho al exceso de velocidad o a la impericia del conductor, y eludir así cualquier juicio sobre la calidad de la obra, su deficiente supervisión, mantenimiento o las condiciones de trenes e infraestructura.

Con el paso del tiempo, esa conclusión se impondría: entre más pronto, mejor, y todos satisfechos, incluidos los proveedores de balastro que, descarada y cínicamente, anticiparon la tragedia por la deficiente calidad del material y la influencia que tenían con los responsables de la obra ferroviaria.

La presidenta administra con cuidado la expresión pública de su indignación, y resulta más sencillo cargarla contra el mensajero que contra los responsables.

Grave el padecimiento de la presidenta y el país por el descuido y los excesos de los consentidos del régimen.

Una y otra vez: el monumental contrabando de combustibles —que también involucra a la Secretaría de Marina—; el desastre en Pemex y la CFE; el deterioro de la capacidad del gobierno para cumplir sus responsabilidades elementales; la frivolidad y los excesos de muchos de sus personajes, que comprometen la imagen de probidad que el régimen dice suscribir; los negocios en la obra pública y el suministro gubernamental, que con frecuencia apuntan a los mismos actores, y la negligencia o connivencia de autoridades con criminales, especialmente en las redes de extorsión.

Sin duda, la presidenta Sheinbaum tiene mucho de qué indignarse. Pero todo es predecible: la elección y el poder no los ganó una persona, sino un grupo político al amparo de López Obrador.