La eliminación del financiamiento a partidos sí representa un dilema

OAXACA, Oax., 4 de octubre de 2017.- El discurso fácil apunta a que, en el contexto de las sucesivas tragedias ocurridas en México por los sismos del pasado mes de septiembre, se debe discutir y consolidar la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales en nuestro país.

En realidad, dicha propuesta merece un análisis más profundo, que pase por algunos tópicos que hasta el momento no parecen estarse viendo con claridad. Vale la pena repasar algunos de ellos.

En efecto, luego de los sismos surgió de manera aparentemente espontánea un movimiento que fijó en la agenda pública la necesidad de que los partidos políticos ‘donaran’ sus recursos para la reconstrucción de las zonas devastadas. Aunque de inicio los partidos —la partidocracia— intentó defenderse, pronto se dieron cuenta que la rentabilidad electoral era superior a la defensa de sus prerrogativas.

Por eso, casi de inmediato iniciaron una especie de puja en la que han intentado ver quién da más de sus recursos económicos —las ofertas han ido de montos definidos, hasta presupuestos de ejercicios completos—, pero también han caído en la situación de competir por ver quién plantea la propuesta más descabellada. De manera aparentemente sorpresiva, aunque claramente intencionada, el PRI planteó la eliminación del total del financiamiento público a los partidos, y también desempolvó la propuesta planteada en 2014 de eliminar las diputaciones federales y senadurías asignadas por la vía de la representación proporcional. Aunque son inicialmente atractivas, habría que repensar dichas propuestas, y ponderar la relacionada con el financiamiento. ¿Por qué?

Porque, por principio de cuentas, la democracia no es, ni debe ser, una actividad sujeta a las reglas del mercado. Se equivocan —y engañan vilmente a la ciudadanía— quienes plantean que ahora sean los militantes y simpatizantes los que sostengan las actividades proselitistas que requieren recursos, porque los mismos partidos han sido los primeros que históricamente se han dedicado a desalentar y alejar a la sociedad civil de las actividades políticas, y a exterminar aquel concepto de ciudadanía que apunta a que una persona interesada en los asuntos públicos debe contribuir a ellos.

Al quedar la democracia sujeta a las reglas del mercado, quizá sí lleguen algunos recursos provenientes de las aportaciones de los ciudadanos y de las acciones de recaudación de fondos que realicen los partidos. Sin embargo, en un país como México nadie puede evadir el hecho de que resulta más probable que las arcas partidistas se llenen de recursos provenientes —desviados— de las arcas públicas, que de los militantes y simpatizantes; y, aún peor, que no solo no sean sus principales fuentes de financiamiento ni los fondos privados ni los recursos públicos —con el enorme cuestionamiento e ilegalidad que eso representa—, sino dinero proveniente del narcotráfico.

Éste, el narco y la delincuencia organizada, se han intentado meter como la humedad en todas las actividades políticas y, a pesar de los controles y prohibiciones actuales, ha intentado llegar hasta las más altas esferas del poder público. Y si consideramos que en los partidos y entre candidatos se asume que en la lucha por el poder, el fin justifica los medios, ¿entonces por qué no pensar en que la enorme seducción que representa la abundancia de recursos provenientes de fuentes ilícitas para financiar campañas, puede hacer presa de su poder a partidos y candidatos en estado de inanición por la falta de recursos públicos?

Evadir el combate a la corrupición

Otro de los temas sustantivos que evade esta falsa discusión sobre la eliminación del financiamiento público a los partidos, es el del combate a las diversas formas de corrupción que existe en el ejercicio político cotidiano. De hecho, esto parece ir en sentido contrario. ¿De qué hablamos?

De que si sujetamos el ejercicio de la política partidista, de las campañas, de las postulaciones y, en resumen, del acceso al poder público, a las reglas del mercado y a los intereses del mejor postor, entonces no solo no estaremos desalentando la corrupción sino que la estaremos estimulando con una eficacia formidable. La razón es simple: los partidos y sus candidatos, de entrada, dejarán de discutir —si es que hoy lo hacen— algunos de los temas sustantivos y torales para el país, y destinarán la mayor cantidad de su tiempo a la búsqueda de fondos.

Además, al quedar el acceso al poder sujeto a las reglas y los intereses económicos más puros, se abrirán aún más espacios para la corrupción reflejada en venta, cooptación y condicionamiento de candidaturas a quien tenga recursos, soslayando el reconocimiento social a los liderazgos natos y al trabajo comunitario, factores que debieran ser los determinantes para el otorgamiento de candidaturas, por encima de la capacidad económica.

Evidentemente, junto a todo esto hay otra realidad: el retiro del financiamiento público no será sinónimo —ni de lejos— de campañas más austeras. En México, lamentablemente, la clase política no sabe hacer otro tipo de campañas que no sean las regidas por el dinero.

Hoy, esos montos los obtienen en gran medida del financiamiento público y de fuentes ilícitas, pero fundamentalmente de la canalización indebida de recursos de las arcas públicas hacia las campañas.

En esa lógica, ¿dejarán de comprar conciencias, votos, asistencias y simpatías? Evidentemente no. La diferencia es que ahora lo harán con dinero de origen quizá desconocido. Y muy seguramente lo harán con mayor libertad al no estar sujetos a la comprobación que hoy les exigen las fuentes de financiamiento que provienen del presupuesto.

Por todo eso, sería muy importante que más allá de las propuestas fáciles y demagógicas, los partidos nos dijeran a los ciudadanos qué y cómo le harán para crear de verdad ciudadanía; cuáles serán las coordenadas a seguir para lograr que, con dinero público o con dinero privado, los ciudadanos de a pie creamos en ellos y nos sintamos representados.

Evidentemente no lo lograrán aliándose con los grandes capitales, o con la delincuencia organizada. Tampoco lo lograrán anidando los vicios ya conocidos de los partidos. Y mucho menos habrá avances mientras insistan en discusiones aparentemente antisistémicas que, en realidad, tienen muchos problemas para pasar al menos como propuestas populistas o demagógicas.

Rapiña

Hay que combatirla de frente en el Istmo: con las tarjetas prepagadas para la reconstrucción de las viviendas y comercios afectados, también llegaron los buitres que pretenden aprovechar la situación. ¿De veras hubo alguien con tanta ‘sensibilidad’ como para autorizar los tráileres repletos con cemento y leyendas de “aquí se reciben las tarjetas para la reconstrucción”, que se vieron desde la tarde del lunes en varias ciudades istmeñas?

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