La importancia actual de las constituciones

Raúl Ávila | Oaxaqueñología

OAXACA, Oax., 13 de enero de 2019.- No solo en México el debate de temas públicos relevantes pasa por una definición constitucional que es política y jurídica.

Entre nosotros, la constitucionalización de la Guardia Nacional sigue motivando agudos análisis para evitar la militarización de su mando.

Mientras tanto, la maquinaria legislativa ya está encendida para consolidar y aprobar la mejor solución conforme con parámetros democráticos interamericanos.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está interpretando la Constitución de manera constante.

En los días que corren lo hace para determinar la proporción debida en el complejo tema de la ley de remuneraciones: nadie gana más que el Presidente salvo supuestos excepcionales y bajo el principio de que a  trabajo igual salario igual.

En Guatemala, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad están jugando papeles decisivos al controlar los actos del Presidente Jimmy Morales.

Desde septiembre pasado, este último porfía en su intento de cancelar de manera unilateral el convenio con la ONU que dio vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala (CICIG) y desplazar a su aguerrido titular, el colombiano Iván Velásquez ha señalado a Morales por presunto financiamiento ilícito de su campaña en 2015.

En Honduras, el Congreso Nacional está muy cerca de aprobar reformas constitucionales para crear un nuevo Consejo Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral y una Junta Ejecutiva para el Registro de Electores, además de la 2a vuelta y medidas para mejorar la representación y garantizar la equidad en la contienda, lo que deberá atemperar la crisis política y social que padece el país.

En El Salvador, los proyectos de reforma en un sentido similar al de Honduras aguardan su momento en la Asamblea Legislativa, que quizás en junio próximo, después de las elecciones presidenciales de febrero y la subsecuente renovación del gobierno.

Téngase en cuenta que, luego de varios meses de demora, la Asamblea Nacional nombró a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional que entre 2009 y 2017 reescribió el texto de la ley suprema en temas de fondo, en particular en materia electoral.

En Panamá, el Presidente Varela se pronunciara en marzo si propone una ley que regule una consulta ciudadana el 5 de mayo, día de las elecciones presidenciales, orientada a convocar a una asamblea constituyente que reestructuraría la Constitución.

En República Dominicana, el Presidente Danilo Morales baraja la sensible opción de instrumentar una nueva reforma constitucional que le facilite su segunda reelección por otros 4 años.

En Perú, el Presidente Vizcarra ha revolucionado el sistema político de factura “fujimorista” para fortalecer la institución que encabeza al cancelar la reelección de diputados, crear una cámara de senadores y otras medidas más en curso.

En Chile se planea una posible reestructuración de su tribunal constitucional, reactivado en la Constitución de 1980, con el propósito de inyectarle más solidez.

Cuba, incluso, está estrenando una nueva Constitución resultado de un interesante proceso de reflexión y consensos para adaptarla a nuevos fines, condiciones y contextos.

En la polémica Venezuela la lucha política se libra en torno a dos actores que reclaman legitimidad constitucional: el gobierno de Maduro y su incansable oposición.

Solemos afirmar que en nuestros países las constituciones guardan un valor más simbólico o ideológico que normativo y que no se cumplen.

Sin embargo, un breve repaso a la dinámica política de las reformas y aplicaciones constitucionales en la mitad de los países de la región en los días que corren conduce a concluir que esa generalización es falaz o al menos debe ser matizada.

Es verdad que en todos los casos se trata de innovaciones y aplicaciones constitucionales desde el poder y que en algunos se trata de estrategias de manipulación del texto para alcanzar fines instrumentales.

Pero nótese que en la mayoría de los casos las reformas y actos muestran la voluntad política de llevar al texto y la estructura institucional, en sus respectivos contextos, los elementos normativos que fortalezcan la capacidad del estado para corresponder a la exigencia social y la gobernabilidad democrática.