La inesperada y desconocida cara de Millicom/Tigo

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de enero de 2019.- En las últimas semanas, diferentes medios de Europa y África han venido planteando el tema de la complicidad de ciertas compañías de telecomunicaciones con gobiernos autoritarios en la supresión de derechos ciudadanos, como acceso a la información, participación en actos electorales, o derecho a manifestar.

Uno de los instrumentos más efectivos para ello, lo constituye el corte total o parcial de servicios de Internet, impidiendo el acceso a las redes sociales, las cuales se han convertido en uno de los principales instrumentos de comunicación para la participación y coordinación de grupos de ciudadanos, especialmente aquellos de oposición.

Un reciente artículo de CNN menciona que la República Democrática del Congo, que tuvo elecciones el pasado 30 de diciembre, es el más reciente caso de cortar totalmente el acceso de sus ciudadanos a Internet y redes sociales.

Es importante señalar que esta práctica viene creciendo exponencialmente. Datos provistos por el grupo no gubernamental Access Now, indican que hubo 70 cortes en 2016 y 190 en 2017 a nivel mundial.

Prácticas controversiales en África

La prestigiosa revista Forbes, por su parte publicó el 21 de diciembre pasado, un artículo que se centra en describir estas y otras prácticas ilegales en Uganda, Egipto, Zimbawe y Tanzania, principalmente por parte de compañías estatales chinas de tecnología como Huawei, Transsion Holdings o Cloud Walk.

El especialista entrevistado por Forbes hace alusión a una importante “firma europea” de telecomunicaciones, activa en estas cuestionables prácticas, que ha logrado evitar que sus accionistas tomen conocimiento.

Esta innombrada corporación, con más de 50 millones de suscriptores, ha operado en al menos seis países africanos, donde se ha coludido con regímenes autoritarios.

Este comportamiento riñe totalmente con la  imagen pública que proyecta de ciudadano corporativo responsable, y que ha adoptado los más altos estándares éticos y de transparencia como el Pacto Global Anticorrupción, y los Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

El artículo de Forbes menciona que esta compañía, en el año 2016, le facilitó al régimen de N’Djamena en Chad, cerrar el acceso a Internet por ocho meses, durante el período previo a las elecciones.

Asimismo, permitió el envío de mensajes anónimos SMS a los suscriptores de la compañía, para disuadirlos de asistir a concentraciones políticas de la oposición.

En otras ocasiones, a esta compañía occidental “laudable” se la ha acusado de usar prácticas tributarias evasivas y de violar leyes laborales locales, además de emprender prácticas monopolizadoras.

A partir de indagaciones propias, hemos identificado que dicha compañía es la sueca Millicom, con registro asentado en Luxemburgo y oficinas ejecutivas en Miami. Millicom opera también en varios países de América Latina, con la marca Tigo.

Recientes reportes de medios de prensa africanos, exponen asimismo cuestionables prácticas de Millicom.

Algunos ejemplos: en Tanzania, el CEO de su subsidiaria Zantel, fue detenido y convicto en julio de 2018 por fraude y evasión de impuestos. En Ruanda y en la República Democrática del Congo, las subsidiarias estuvieron involucradas en la censura y cortes de servicios durante períodos pre-electorales.

En tanto, el periódico Vanguard de Nigeria, refiere que Millicom, bajo la conducción de su CEO, el colombiano Mauricio Ramos, ha incurrido en un patrón de abusos que demuestran su falta de observancia a las leyes locales y las instituciones gubernamentales, con el objetivo de controlar mercados en condiciones preferenciales, y en detrimento de competidores, trabajadores y consumidores.

Presencia y prácticas non sanctas en América Latina

Más cerca de nosotros, en Colombia, Millicom se fusionó con el componente de telecomunicaciones de la Empresa Pública de Medellín (EPM), tomó el control de la dirección y luego, a través de una asociación estratégica de Tigo con la china Huawei, se le otorgó a esta empresa un contrato de operación y mantenimiento de la red de Tigo-UNE.

En este proceso, 600 trabajadores pasaron de Tigo-UNE a Huawei, con la promesa pública del gerente de UNE-Tigo Colombia, que los trabajadores conservarían todas las garantías laborales y prestacionales, sin alterar los contratos y otros beneficios que tenían en Tigo-UNE.

Sin embargo, en noviembre de 2018, Huawei solicitó al Ministerio de Trabajo la autorización de Despido Colectivo.

La lideresa sindical Olga Lucía Arango, del Sindicato de Profesionales (SINPRO), informó que “entre 2013 y 2017, el número de trabajadores de UNE pasó de 2,700 a 1,700; y entre 2014 y 2017 salieron 1,401 que provenían de la EPM”. Los sindicalistas expresaron que “desde la llegada de Millicom a UNE, esa administración puso en marcha una evidente estrategia de desconocimiento y de interpretación amañada de los derechos de los trabajadores y de la normatividad laboral y sindical.”

Apoyos y denuncias en Honduras

Pero todo lo anterior no es nada, si se comparan con las acciones de Millicom en Honduras. Allí, Millicom, que opera con la marca Tigo, apoyó decididamente el golpe de Estado de 2009 contra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales.

Eso fue denunciado reiteradamente en medios internacionales por diversos sectores de la sociedad civil, especialmente por organizaciones de Derechos Humanos y sindicales.

Algunos medios de prensa internacionales expusieron en ese momento las alegaciones de complicidad de Tigo Honduras con el gobierno de facto surgido de esa asonada cívico-militar.

Las denuncias, hechas entre otros por los líderes sindicales Juan Barahona e Israel Salinas en 2009, indican que Tigo proveyó de equipo celular y carga gratuita a efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, además de permitir a las fuerzas gubernamentales el control de las llamadas y mensajes por celulares de los referentes de la resistencia al golpe.

Ese accionar fue acompañado, por orden directa del CEO de Tigo Honduras, Tavel Otero, de presiones hacia los empleados de la compañía, para obligarlos a participar en las llamadas marchas blancas, en apoyo al gobierno de facto.

Asimismo, Tigo ha sido denunciado en varias ocasiones de contratar los servicios de asesoría en seguridad de Billy Joya Améndola, ex miembro del tristemente célebre Batallón 3-16, acusado de graves violaciones a los derechos humanos en los años 80, cuando la guerra contra Nicaragua arreciaba y la represión en Honduras era brutal.

Cabe señalar que en 2018, la embajada de los EEUU en Honduras notificó a Joya la revocación de su visa, aunque no se especificaron los motivos.

¿Y ahora?

Este 9 de enero, Millicom entrará oficialmente a NASDAQ de New York. El CEO Mauricio Ramos y el Directorio seguramente deberán pensar en políticas y medidas que resuelvan muchos de los problemas denunciados, que afectan la reputación de Millicom en materia de derechos humanos, de género y laborales, así como la comisión de delitos contra algunos de los Estados donde opera.

De esta manera evitarán sorpresas, tales como posibles investigaciones por parte de instituciones en sus países de origen, de registro y sede física, como ocurrió en 2016 con la sueca Telia, multada por más de 1,400 millones de dólares por Estados Unidos y Holanda. No son pocos los conocedores que miran directamente al CEO Ramos como el responsable de estas prácticas, pero éste se ha escudado, hasta el momento, en el silencio y en el Directorio.