La justicia electoral boliviana: Una enseñanza más para América Latina

OAXACA, Oax., 10 de noviembre de 2019.- En los dos hemisferios y al norte y sur del planeta, salvo un puñado de países, los comicios con más de un partido político en competencia siguen siendo el mecanismo privilegiado para el acceso al poder, al mismo tiempo que  la justicia electoral se ha tornado indispensable y determinante.

Así fue ratificado en la tercera reunión de la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE), celebrada en días recientes en Los Cabos, Baja California Sur, y constatado según los hechos en Bolivia.

La RMJE es el único espacio de intercambio de ideas y proyectos a escala global sobre el papel de los sistemas de resolución de conflictos electorales en sociedades democráticas.

La semana pasada, diversos expertos y representantes de instituciones electorales informaron sobre los procesos electorales del año 2018-2019 en Europa, Asia, África y las Américas.

Lo mismo en Ucrania que en la India, Madagascar, Canadá o El Salvador y Guatemala, en países ricos o pobres y en contextos históricos y culturales diferentes, la democracia electoral perdura  y cumple su función tan relevante para decidir quien gobierna.

Pero, en todos los casos, en unos más que otros, resolver los conflictos que genera la competencia por acceder al poder gubernamental pasa por procesos judiciales y la actuación de jueces y tribunales de los que se espera imparcialidad e independencia.

De acuerdo con la experiencia comparativa entre democracias electorales, un buen sistema de organización de elecciones (por ejemplo, el INE en México) facilita el trabajo del organismo que resuelve los conflictos (por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Pero, a la vez, lo contrario es igualmente cierto.

Sin un buen organismo que organice las elecciones, sólo la institución que imparte justicia electoral puede sostener la gobernabilidad democrática al aplicar las normas que garantizan la libertad, equidad y autenticidad de los comicios.

Lógicamente, el contexto y los competidores tienden a presionar e influir en los jueces para lograr sus objetivos electorales, por lo que la lealtad y compromiso de la judicatura con la Constitución, la democracia y los derechos de los ciudadanos deviene en un tema de primer orden.

Así lo hemos visto en el lamentable caso boliviano que ha desembocado en la renuncia de su presidente indígena, Evo Morales.

Más allá de las múltiples circunstancias y factores externos e internos que sin duda incidieron en ese desenlace, en Bolivia la justicia electoral cometió dos errores garrafales.

El primero, en diciembre de 2018, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional de ese país concedió al presidente Evo Morales el derecho a postularse a una nueva reelección, bajo el endeble argumento de que de no hacerlo se le violaba el derecho fundamental a la participación política.

Lo peor, esa resolución fue percibida por amplios sectores sociales  como un fraude a la Constitución pues se aprobó en contra de la voluntad popular mayoritaria que mediante una consulta ciudadana dos años antes se había pronunciado por no reformar la norma suprema para facilitar la reelección.

La legitimidad del Presidente-candidato quedó vulnerada, lo mismo que la de los magistrados.

El segundo error, el 20 de octubre pasado, día de las elecciones, radicó en que el Tribunal Supremo Electoral Boliviano -el cual organiza las elecciones y resuelve sus conflictos- suspendió durante casi 24 horas el funcionamiento del programa de resultados preliminares.

Todas las evidencias indican que durante ese lapso el material electoral y el sistema técnico-informático fueron manipulados por operadores de la justicia electoral con el objeto de asegurar cifras suficientes para que Evo Morales no tuviera que presentarse a una segunda vuelta ante su principal opositor, Carlos Mesa.

En Bolivia, el régimen socialista de Evo Morales ensayó un sistema de nombramiento de magistrados electorales electos en las urnas luego de una convocatoria pública y una  campaña televisiva.

Esta amarga experiencia deja la enseñanza de que la independencia e imparcialidad no sólo dependen de la forma de designación, sino también de la ética en el desempeño de los jueces, no menos, claro está, que de la vocación democrática de los actores políticos.

Cuando los jueces pierden legitimidad social entonces el último dique a las olas de poderes encrespados se vence y el sistema democrático constitucional perece ahogado sin remedio arrastrando a sus operadores

La boliviana es una experiencia de la cual debemos tomar nota puntual en México y América Latina.