La lucha por la Constitución

OAXACA, Oax., 22 de octubre de 2017.- Una de las teorías más presentes en las ciencias sociales contemporáneas es el neo-institucionalismo.

Esta teoría parte de algunas premisas básicas: el marco institucional formal (las leyes y las organizaciones, por ejemplo), es relevante pero no suficiente para determinar y explicar las conductas.

Las conductas operan en varios niveles, sobre todo en el formal y el informal, y responden a motivos racionales o de maximización de recursos y oportunidades.

Las conductas, decisiones y acciones se realizan en el día a día, se motivan en prácticas de mando y estrategias de sobrevivencia, pero en el mediano y largo plazos se sedimentan y convierten en patrones institucionales que se tornan rígidos y difíciles de cambiar.

Estos pasan a formar parte de ideas, símbolos, reglas y dinámicas que generan beneficios, costos y perjuicios que perviven o son modificados según diversos factores de necesidad, circunstancia y conveniencia.

El constitucionalismo occidental y las constituciones son instituciones en cuya ágora se teoriza y actúa en favor de  libertades y derechos. Por ello, se propone limitar, dividir, equilibrar y controlar los poderes públicos que nos dimos para gobernarnos.

En la medida de mejores garantías para hacer efectivos los derechos, la Constitución cobra más eficacia, los gobiernos más legitimidad y ello sólo es posible en un entorno democrático pluralista. En la dictadura no hay derechos y, aunque reporte beneficios, sus costos resultan impagables.

El constitucionalismo ha pasado por una etapa liberal individualista durante el siglo 19, por ejemplo, de la Constitución de 1824 y el Acta de Reformas de 1847 a la República Restaurada en 1867-1876 y su radicalización en tres décadas del Porfiriato.

Otra de carácter social en la mayor parte del siglo 20, de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 a la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1992-1994.

Desde algunos decenios a la fecha se ha desdoblado otras versiones.

Una es la constitucional o neoconstitucional garantista (para asegurar los derechos) y/o principialista (para afirmar los valores y principios).

Una más es la neopopulista (el eje bolivariano de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua).

Los mexicanos, precisamente desde 1994, venimos luchando por consolidar un modelo de constitución garantista y principialista, no populista, fundada en principios y derechos, individuales y sociales.

La competencia intra e interpartidaria, la nominación de candidatos independientes y el voto libre para acceder al poder. La creación normativa y las políticas públicas desde los poderes legislativo y ejecutivo.

La operación de órganos autónomos e institucionales garantes de los derechos: Del INE al INAI, de la CNDH a IFETEL, de la UNAM al INEGI, del TEPJF a la SCJN, de la ASE al SN Anticorrupción. Y, no lo menos, estamos operando con medios tradicionales y redes sociales que intensifican la libertad de expresión y la deliberación.

Todo ello y más acrediten el nuevo patrón institucional que estamos forjando, no sin insuficiencias y contradicciones en un contexto cargado de riesgos.

La Fiscalía General autónoma es un paso y una pieza clave en esta lucha. México es el único país de AL que aún no transita a ella de manera plena en el ámbito federal. Es imperativo que eso ocurra para que la justicia está mejor garantizada en un contexto pluralista.

Por eso mismo, hay que reconocer y celebrar las decisiones políticas recientes para dar paso al primer fiscal general autónomo, incluida la valiente actitud del doctor Raúl Cervantes Andrade, al presentar su renuncia a la PGR y la del presidente Peña Nieto al abrir la opción de que el nuevo titular sea nombrado después de las elecciones.

Al mismo tiempo, hay que lamentar actos arbitrarios como la destitución del titular de la Fepade, el constitucionalista Santiago Nieto, y esperar que su separación del cargo no se consume, al menos no sin la justificación constitucional correspondiente.

La lucha por la Constitución democrática y social se libra a diario en diversos ámbitos de la vida pública.

En las semanas y meses por venir, se librará de manera central en la reconstrucción material transparente y suficiente de los dañados por los sismos. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la prudencia en el manejo de las variables macroeconómicas.

En la oportuna y aseada dinámica de los procesos de nominación de candidatos hacia adentro de los partidos y en la renovación de algunas de sus dirigencias, así como en la aplicación puntual de principios y garantías para la paridad de género, pro jóvenes e integrantes de pueblos originarios. En la integridad de las elecciones previendo los riesgos multicausales que las pueden vulnerar y colocarlas en serio peligro.

Ahora bien, después de las elecciones no solo habrá que nombrar fiscales definitivos.

Habrá que abrir un nuevo espacio para el debate, propuesta y acuerdo sobre competencias entre poderes normativos y garantes de los derechos, incluido un tribunal constitucional autónomo. Federalismo y municipalismo. Géneros y otras minorías y grupos vulnerables. La exigencia y mejor tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Más todavía

Establecer controles intra y supranacionales para los poderes fácticos: Antier la nobleza, la aristocracia, la iglesia, los militares y jefes políticos, compañías deslindadoras y latifundistas porfirianos. Ayer los caudillos revolucionarios y las petroleras internacionales. Hoy los oligopolios, financieros desregulados, poderes salvajes y carteles de diverso tipo.

Hoy y mañana habrá que reforzar la nueva soberanía nacional.

El México democrático, próspero y moderado en la opulencia y la indigencia, como lo quiso Jose Maria Morelos y según lo siguen exigiendo los antiguos sentimientos y las nuevas razones de la Nación. Un México integrado por entidades federativas sustentables.

El México de todos, por todos y para todos. Un país, no solo de leyes sino más bien de Constitución. Fuerte en derechos y deberes. Sustentado en valores y principios practicables. Sólido en garantías normativas y prioritarias para el débil.

Un México de gente digna, libre y de buenas costumbres. Dispuesta a revisar abierta y críticamente sus patrones institucionales y cambiar su cultura jurídica y política para ajustarla a las demandas del siglo de la Constitución.

La lucha no es por el dinero o por el poder. La lucha es por su subordinación a la Constitución como garantía de la democracia pluralista y solidaria que nos hará más libres y justos. No hay otra opción para el porvenir.