Ley de Comunicación Social, simulación y gatopardismo legislativo

OAXACA, Oax., 4 de mayo de 2018.- La recién aprobada Ley de Comunicación Social es una simulación y gatopardismo legislativo al salvar únicamente el periodo dispuesto por la Corte sin considerar de fondo reglas claras para la asignación y distribución de publicidad oficial. En una mesa plural durante el Noveno Encuentro de Periodistas de Oaxaca, en la que participó el catedrático Eduardo Bueno León, de la Universidad Iberoamericana; el legislador federal, Rafael Hernández; el doctor Adrián Ortiz; la directora de Quadratín Oaxaca, Lupita Thomas y moderó el maestro Isidoro Yescas, se dijo que hizo falta en la discusión la opinión y visión de los medios de comunicación. Entre los vacíos que tiene la Ley General de Comunicación Social, aprobada el 26 de abril, es el porcentaje de asignación, que no establece un tope para la distribución de la misma. Además que no se especifica que el padrón de la Secretaría de Gobernación, instancia que será la administradora, sea único y sustituya a otros en instancias como los ayuntamientos, el Congreso y demás entes susceptibles de contratar publicidad oficial. Lupita Thomas, directora de Quadratín Oaxaca, recalcó que los medios de comunicación son una pequeña parte del tema, y que hay un vacío en las reglas claras y en lo que se pretendía con la Ley General de Comunicación Social. Por su parte, Eduardo Bueno León, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, señaló que la Ley es una legislación “gatopardista”.. Al respecto, el periodista Adrián Ortiz Romero señaló que la publicidad oficial debe garantizar la subsistencia de todos los tipos de medios que existan para difundir sus mensajes. Por su parte, el secretario de la comisión de Gobernación de la 63 Legislatura federal, Rafael Hernández Soriano, señaló que la existencia de la ley es para descentralizar el control del presupuesto de quienes contratan la publicidad. Entre los participantes, el empresario radiofónico Manuel Siordia dijo que es imperante que haya transparencia en los procesos que competen a la relación entre gobierno y organismos, incluyendo los medios de comunicaciones.