Ley de Comunicación Social, simulación y gatopardismo legislativo

OAXACA, Oax., 4 de mayo de 2018.- La recién aprobada Ley de Comunicación Social es una simulación y gatopardismo legislativo al salvar únicamente el periodo dispuesto por la Corte sin considerar de fondo reglas claras para la asignación y distribución de publicidad oficial.

En una mesa plural durante el Noveno Encuentro de Periodistas de Oaxaca, en la que participó el catedrático Eduardo Bueno León, de la Universidad Iberoamericana; el legislador federal, Rafael Hernández; el doctor Adrián Ortiz; la directora de Quadratín Oaxaca, Lupita Thomas y moderó el maestro Isidoro Yescas, se dijo que hizo falta en la discusión la opinión y visión de los medios de comunicación.

Entre los vacíos que tiene la Ley General de Comunicación Social, aprobada el 26 de abril, es el porcentaje de asignación, que no establece un tope para la distribución de la misma.

Además que no se especifica que el padrón de la Secretaría de Gobernación, instancia que será la administradora, sea único y sustituya a otros en instancias como los ayuntamientos, el Congreso y demás entes susceptibles de contratar publicidad oficial.

Se habló de la sobre regulación que se dio en esta ley a través de establecer consideraciones que ya existen en otras legislaciones y reglamentos en detrimento de medios de comunicación.

Lupita Thomas, directora de Quadratín Oaxaca, recalcó que los medios de comunicación son una pequeña parte del tema, y que hay un vacío en las reglas claras y en lo que se pretendía con la Ley General de Comunicación Social.

“En toda la Ley no se habla por ejemplo de las oficinas de comunicación social, ni de la gran burocracia que ha estado haciendo pesada la administración pública, y no se habla de que el tema de los medios de comunicación es solamente una parte de todo el esquema”, dijo.

Lupita Thomas añadió que durante la aprobación de la iniciativa, no se escuchó a los medios de comunicación, ya que no se realizaron foros regionales ni se tomó en cuenta la opinión de los profesionales.

“De ahí se explica algo tan trivial como referirse a esta legislación como Ley Chayote, Es un intento más para denigrar la actividad que desarrollan los medios de comunicación en México”, expresó.

La periodista oaxaqueña indicó que esta Ley no resuelve ningún tema de fondo a la situación de los medios.

“Tampoco contribuye a una mejor sociedad, ni a mejores medios, al contrario, los debilita”, dijo.

Por su parte, Eduardo Bueno León, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, señaló que la Ley es una legislación “gatopardista”.

“Pretende solucionar algo y pretende cambiar la aparente anarquía y arbitrariedad en el uso de los recursos del Estado al contratar publicidad política y estatal a través de una Ley, pero esta Ley no va al fondo del problema y deja suelto el tema”, dijo.

Al respecto, el periodista Adrián Ortiz Romero señaló que la publicidad oficial debe garantizar la subsistencia de todos los tipos de medios que existan para difundir sus mensajes.

“Si la publicidad oficial sirve para darle movilidad a las expresiones que puedan existir y para difundir el mensaje gubernamental en todos los estratos, entonces debe servir para darle garantía de subsistencia a todos los tipos de medios que existen”, indicó.

Expresó que esta norma no se debe quedar en crear un padrón, y establecer principios y sanciones, sino en garantizar la libertad de expresión.

Por su parte, el secretario de la comisión de Gobernación de la 63 Legislatura federal, Rafael Hernández Soriano, señaló que la existencia de la ley es para descentralizar el control del presupuesto de quienes contratan la publicidad.

“Al no existir la ley, se perpetúa la práctica que se hace en la actualidad, que es el control central del presupuesto: dependiendo de la honradez y profesionalismo del funcionario en turno habrá un manejo adecuado o no, transparente, al respecto”, dijo.

Detalló que el funcionario en turno es el secretario de Gobernación a nivel federal, y que esta ley general aplica a todos los niveles de gobierno y organismos descentralizados.

Entre los participantes, el empresario radiofónico Manuel Siordia dijo que es imperante que haya transparencia en los procesos que competen a la relación entre gobierno y organismos, incluyendo los medios de comunicaciones.

“Aquí todo hacemos con condiciones, y como con la 22, rápidamente una mesa negociadora en cualquier problema, ese nos hace caer en lo mismo: estamos volviendo a crear otro monstruo que son gastos para el Estado. Que haga el trabajo la Auditoría, las Contralorías, para que se hagan cumplir los principios de transparencia y eficacia habiéndolos definido bien”, señaló.