Luis Acevedo Pesquera | En contexto | Ahora ¿Quién podrá defendernos?

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo de 2021.- No es para considerarlo como una broma ni como otra ocurrencia.

Cuando el Poder Ejecutivo no solamente critica a las instituciones que han sido creadas por la ciudadanía para asegurar el funcionamiento de la administración pública, promover desarrollo nacional y hacer valer a la democracia, sino que abiertamente se manifiesta en contra de una de sus contrapartes en materia judicial y que emprenda una campaña para descalificarla, hay que preocuparse.

La irritación del presidente Andrés Manuel López Obrador por la decisión de varios juzgadores especializados que encontraron diversas ilegalidades, incluso de carácter constitucional, en la reforma que él ordenó para modificar a su antojo el marco jurídico de la industria eléctrica que prevalecía hasta hace unos días y que ordenaron suspender, lo aleja de la cordura y del equilibrio que debería distinguir a un mandatario.

Aunque esa ira también expuso despotismo sobre la administración del gobierno: “Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”.

No quedó ahí, acusó que “estos jueces surgieron cuando se llevó a cabo la reforma de Peña Nieto, con el fin de proteger a las empresas particulares y no el interés nacional”. Al invalidar sin pruebas y sin argumentos la imparcialidad de los juzgadores, echó por tierra tratados internacionales y lanzó una peligrosa señal de indefensión para la población mexicana cuyo destino podría quedar a expensas de la voluntad del poder público.

Entre las sociedades modernas y democráticas el Estado de derecho no es un tema del interés exclusivo de los abogados, de los jueces o de los miembros del Poder Judicial, sino que interesa a toda la sociedad, especialmente cuando el gobierno ha sido incapaz de resolver el tema de la inseguridad.

Hace una semanas, desde el púlpito de las mañaneras el Ejecutivo Federal usó como pretexto la inconformidad de un poderoso grupo de agroindustriales que buscan frenar su decreto con el que se elimina el uso del glifosato en los cultivos porque, dicen, restringe la rentabilidad del campo. Con ese pretexto anticipó que en el caso de la contrarreforma eléctrica que se preparaba vendrían amparos y, entonces, se lanzó en contra de los abogados a los que acusó de “traición a la patria” porque ejercerían la defensa de quienes son afectados en sus derechos constitucionales.

Ya antes, pero ahora también, el presidente ha buscado desacreditar a instituciones desarrolladas por la democracia para evitar decisiones autoritarias desde el gobierno. Hoy son los jueces, lo que significa que el nivel subió de tono y de jerarquía, para llegar hasta el Poder Judicial, una sus contrapesos previstos por la Constitución.

Vale recordar que el Estado de derecho se basa en cuatro principios universales: primero, la rendición de cuentas, donde el gobierno y los particulares somos responsables ante la ley; segundo, una estructura de leyes justas, claras, públicas, estables, que se aplican por igual y que protegen los derechos básicos; tercero, un gobierno abierto, en donde los procesos por los que se promulgan, se administran y se aplican las leyes, son accesibles, justas, equitativas y eficientes; y cuarto, la garantía de que las resoluciones a cualquier conflicto serán accesibles, oportunas, éticas, neutras, independientes e imparciales.

Pero las evidencias muestran exactamente lo contrario y que el objetivo principal pareciera advertir el encarcelamiento de quienes no comulgan con el gobierno, incluidos los expertos en la procuración de la justicia, y exonerar a su feligresía.

Rocío Nahle, la secretaria de Energía, que salió a la defensa de la ley eléctrica que se promulgó sin cambiar “ni una coma” ni aceptar las consideraciones de los productores privados, le dijo a Carmen Aristegui en entrevista radial: “¿Imagínate, qué estudios tiene (el juez que concedió el amparo), si es de Competencia Económica, cómo en qué se basó, qué estudios técnicos, cuánto cuesta cada kilovatio, cuántas horas, cuánta capacidad, todo el tema técnico? No tiene ni idea… Es la palabra, no tiene ni idea el señor”.

No es posible pensar en una Cuarta Transformación cuando no se entiende que el derecho forma parte de la cultura y que una de las características de un Estado de derecho es, por una parte, la eliminación de la arbitrariedad de cualquiera de las formas del poder, especialmente del poder público y, por la otra, que el ejercicio del derecho es lo que legitima al poder que le fue conferido -aquí sí- por el pueblo.

Si para la máxima autoridad los abogados son visualizados como “traidores a la patria” y los jueces, inclusive los especializados “no tienen ni idea” de lo que hacen, entonces ¿quién podrá defendernos?

@lusacevedop