Luis Acevedo Pesquera | Jugar a la política con el derecho

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2020.- Es difícil creer que un fajador político, de amplia experiencia en el discurso efímero de la plaza pública, no imaginara cuál podría ser el resultado de una frívola consulta popular enviada a la Suprema Corte de la Nación para contar con el respaldo Constitucional a fin de someter a juicio a los expresidentes que lo precedieron, como si no existieran caminos y recursos más sencillos para someterlos a proceso.

Precisamente, por querer tomar a broma la importancia de la institucionalidad que representa la máxima instancia del Poder Judicial, el ministro ponente Luis María Aguilar Montes, llevó a cabo la revisión de la petición que hiciera el presidente López Obrador sobre el valor de su consulta popular y resolvió que el expediente es inconstitucional.

La decisión del ministro aun no es definitiva. Falta el voto de los otros once ministros, pero cualquiera que sea la decisión, el golpe político ya fue dado y seguramente será utilizado para encubrir cuestiones prioritarias como el deterioro de la estructura económica en donde buena parte de los indicadores estratégicos muestran condiciones que no garantizan recuperar las condiciones prevalecientes antes de la pandemia, no porque fueran ideales sino porque con lentitud mostraban expectativas de recuperación de la inversión, el consumo y el empleo en un entorno de control inflacionario.

Hoy, salvo la reanimación en algunos sectores de la industria y el campo, apoyados en el mercado estadounidense, el panorama es tan desalentador como los argumentos de política económica que integran el documento enviado por el presidente López Obrador a la Suprema Corte para obnubilar el ánimo popular.

La resolución del ministro ponente, que ha circulado con amplitud, es importante por varias razones: por su sencillez de lenguaje y método, lo que permite que cualquier lego podamos entender la importancia del Estado de Derecho y porque analiza puntualmente cada unos de los argumentos presidenciales.

Sin las estridencias del expediente original, exhibe el carácter político de los argumentos que se pretenden encubrir con ideas jurídicas y explica, incluso documentalmente para la fácil comprensión de cualquier lector, los argumentos legales que afectarían el sentido de la Carta Magna y que, en su momento, discutirán los ministros en el pleno.

Punto por punto analiza y expone el riesgo de que este tipo de arengas de gobierno que, como vemos pueden ser efectivos en la plaza pública, “desmantelen el cuerpo de garantías individuales que consagra la Constitución, la eventual violación de diversas normas y señala que “que los derechos de las personas que se encuentran en México no son negociables, ni son concesiones u obsequios que las autoridades dan a las personas; los derechos humanos son cartas de triunfo frente al gobierno y frente a las mayorías”…

Y en el numeral 51 de la resolución remata esta idea: “Es por lo que la Constitución General determina que existen temas que no pueden ser parte de una consulta popular, pues por su naturaleza como pilares fundamentales de la democracia mexicana, no son optativos, sino que deben respetarse por todas las personas” …

El documento llama la atención en que la Constitución no puede destruirse a sí misma y, precisamente por ese motivo, prohíbe expresamente que la consulta popular pueda realizarse para preguntar si se quiere cambiar el sistema de gobierno o los principios fundamentales del Estado constitucional, como pretende el presidente López Obrador.

La inconstitucionalidad radica en que la consulta para enjuiciar a los expresidentes, busca disminuir la voz de la ciudadanía y debilitar sus derechos.

El argumento más sólido es que si se diera una consulta popular como se pretende finalmente puede ser el aval para, en lo sucesivo, no investigar, perseguir y ni sancionar los delitos que, como establece el ministro de la Suprema Corte, generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México.

Cualquiera que sea el resultado, el presidente lo utilizará para un interés político, que no necesariamente será en favor de la democracia ni la justicia.

@lusacevedop